La organización no gubernamental (ONG) Foro Penal reveló el 30 de septiembre que al menos 927 personas en Venezuela fueron acusadas de incitación al odio desde la aprobación en 2017 de la ley que el gobierno encargado pidió reformar.
El vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, dijo a la agencia de noticias EFE que la mayoría de los casos en los que se imputó el delito de incitar al odio fue relacionado con otros como terrorismo y asociación.
De acuerdo con Foro Penal, seis de las personas acusadas de incitación al odio siguen detenidas y 638 tienen medidas restrictivas de su libertad.
La Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, impulsada por el entonces presidente Nicolás Maduro, contempla la prisión de 10 a 20 años a quien fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia y otro tipo de sanciones.
Desde su promulgación, ha sido señalada por organizaciones y por la oposición como parte del marco legal represivo aplicado contra periodistas, defensores de derechos humanos y personas críticas al oficialismo.
Petición de reforma a la Ley contra el Odio
El 29 de septiembre, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó a la Asamblea Nacional una reforma parcial de la Ley contra el Odio con el objetivo de avanzar en la despenalización de algunas conductas contempladas en la norma.
Rodríguez planteó la reforma como parte de las medidas para abrir “nuevos espacios de reencuentro entre los venezolanos y promover la tolerancia a la diversidad”.
La propuesta también busca, de acuerdo con el planteamiento de Rodríguez, corregir las desviaciones que se hayan producido en la aplicación de la legislación desde su entrada en vigencia.
“Lamentablemente fue mal aplicada, se hizo un uso abusivo de esa ley”, dijo Rodríguez durante un acto con caficultores en el estado Portuguesa.
Una reforma parcial significa que no se modifica la ley completa, sino determinados artículos o disposiciones de su contenido. El resto de la normativa permanece vigente sin cambios, salvo que el proyecto aprobado establezca otra cosa.
En este caso, la solicitud presentada por Rodríguez plantea modificar la Ley contra el Odio, pero todavía no precisa públicamente cuáles artículos serán reformados ni qué disposiciones permanecerán sin cambios.
Comisión de la AN
Posteriormente, la AN designó una comisión de 11 diputados que se encargará de redactar el proyecto para la reforma de la ley.
“Vamos a conformar una comisión especial que hemos denominado comisión especial de proyecto de ley de reforma de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia (…) a los efectos de que se aboquen de inmediato al trabajo de conformación y de redacción del proyecto de reforma de ley”, dijo el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.
Durante una sesión del Parlamento, Jorge Rodríguez detalló que la comisión estará presidida por el primer vicepresidente del Legislativo, Pedro Infante.
A Infante lo acompañarán los oficialistas Jorge Arreaza, América Pérez, Carolina García Carreño, Willy Medina, Tania Díaz, Jehyson Guzmán, Nicolás Maduro Guerra, y los opositores Amelia Belisario, Luis Romero y Rubén Lima.
El SNTP y CNP piden derogar la ley
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) consideró que la eliminación de las penas de prisión contempladas en la Ley contra el Odio representaría un avance, pero advirtió que una reforma parcial sería insuficiente si mantiene las sanciones que permiten bloquear portales, retirar contenidos o revocar concesiones a emisoras.
El SNTP señaló que la revisión de la norma recoge una exigencia que periodistas, organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos han planteado desde su aprobación. También indicó que la modificación forma parte de los planteamientos presentados durante el proceso de diálogo entre representantes del gobierno y la oposición.
No obstante, el sindicato reiteró que su posición es que la Ley contra el Odio debe ser derogada y sostuvo que, si se opta por una reforma parcial, esta debe modificar tanto las disposiciones penales como los mecanismos administrativos que pueden afectar el funcionamiento de medios de comunicación.
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) también se pronunció sobre la solicitud de reforma. A través de su cuenta en X, el gremio reiteró que la Ley contra el Odio debe ser derogada debido a lo que calificó como su carácter «punitivo y discrecional».
“Viola derechos constitucionales, entre ellos el derecho a la libertad de expresión”, señaló el CNP en referencia a la legislación.
