La Asamblea Nacional informó el 5 de octubre que quedó instalada la Comisión Especial para la reforma de la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.
“Tenemos una gran oportunidad con la reforma de esta ley constitucional contra el odio, y es que va a permitir reencontrarnos con todo el país, con la paz, la convivencia, la tolerancia, el reconocimiento, pero por sobre todas las cosas, la convivencia democrática”, indicó el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión Especial para la reforma, Pedro Infante.
A través de un mensaje en la cuenta de X de la Asamblea Nacional, señalaron que la primera propuesta fue la de cambiar el nombre de la Ley Constitucional contra el Odio, por Ley de Convivencia Pacífica y Tolerancia.
Asimismo, en una declaración a medios de comunicación, Infante acotó que la comisión quedó integrada por 11 diputados, incluyéndose. El resto de los miembros son: Jorge Arreaza, América Pérez, Carolina García Carreño, Willy Medina, Tania Díaz, Jehyson Guzmán, Nicolás Maduro Guerra, y los opositores Amelia Belisario, Luis Romero y Rubén Lima.
También detalló que se estableció una agenda de trabajo para elaborar el proyecto de reforma de esta ley, que luego se remitirá al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que lo valide. Una vez completado este paso, el proyecto se llevará a la Asamblea Nacional, donde se debatirá su aprobación.
Infante anticipó que se trabajará en la despenalización de la ley y también en algunas definiciones necesarias para asegurar lo que denominó como su “correcta aplicación”.
“¿Qué hemos definido? Una ruta que por supuesto traerá consigo el encuentro, el debate, la revisión con distintas instancias de la sociedad venezolana. Seguro nos encontraremos con víctimas y afectados del odio, la violencia, y también que fueron de alguna manera afectados por la implementación inadecuada de la ley”, apuntó.
Solicitud de derogación
Una reforma parcial significa que no se modifica la ley completa, sino determinados artículos o disposiciones de su contenido. El resto de la normativa permanece vigente sin cambios, salvo que el proyecto aprobado establezca otra cosa.
En este caso, la solicitud presentada por Rodríguez plantea modificar la Ley contra el Odio, pero todavía no precisa públicamente cuáles artículos serán reformados ni qué disposiciones permanecerán sin cambios.
Por esta razón, varias organizaciones no gubernamentales (ONG) y partidos políticos han exigido su derogación al considerar que viola la libertad de expresión y es un instrumento de persecución contra opositores.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) consideró que la eliminación de las penas de prisión contempladas en la Ley contra el Odio representaría un avance, pero advirtió que una reforma parcial sería insuficiente si mantiene las sanciones que permiten bloquear portales, retirar contenidos o revocar concesiones a emisoras.
Por su parte, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) también se pronunció sobre la solicitud de reforma y reiteró que la Ley contra el Odio debe ser derogada debido a lo que calificó como su carácter “punitivo y discrecional”.
“Viola derechos constitucionales, entre ellos el derecho a la libertad de expresión”, señaló el CNP en referencia a la legislación.
Detenciones en Venezuela bajo la Ley del Odio
Al menos 927 personas en Venezuela fueron acusadas de incitación al odio desde la aprobación de la ley, en 2017, de acuerdo con datos difundidos el 30 de septiembre por la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos.
El vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, dijo a la agencia de noticias EFE que la mayoría de los casos en los que se imputó el delito de incitar al odio fue relacionado con otros como terrorismo y asociación.
De acuerdo con Foro Penal, seis de las personas acusadas de incitación al odio siguen detenidas y 638 tienen medidas restrictivas de su libertad.
De este total, el coordinador general de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), Carlos Trapani, reveló que al menos 118 adolescentes fueron imputados entre 2024 y 2025 en Venezuela por delitos previstos en dicha ley.
La Ley Constitucional Contra el Odio contempla penas de prisión de 10 a 20 años a quien fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia y otro tipo de sanciones.
