El ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, Oliver Blanco, completó su primera gira internacional con paradas en EE UU y España, esta última para representar a la delegación venezolana en la XXX Cumbre Iberoamericana, escenario en el que concedió su primera entrevista formal al medio español El Mundo.
En sus declaraciones, el funcionario de 34 años de edad, formado en las filas de la oposición como dirigente juvenil de Acción Democrática y con antecedentes de exilio en México, defendió la activación de un proceso de transformación democrática iniciado en enero, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de militares estadounidenses.
Blanco detalló ante El Mundo que la agenda gubernamental abarcó la aplicación de una ley de amnistía promulgada ante la Asamblea Nacional, el programa Convivencia y Paz con sectores no partidistas y la instalación de una mesa de diálogo entre delegados de la Asamblea Nacional de 2015 y el Ejecutivo para la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE).
“Ya ese proceso ha iniciado. Eso nos va a llevar a tener un nuevo TSJ este mismo año. Posteriormente será revisado el CNE, las garantías de participación política para todos los actores y los mecanismos de democracia interna para los partidos políticos. Todo esto pensado para que Venezuela pase de un proceso de confrontación, derivado de una gran crisis política, hacia un proceso de convivencia donde todas las fuerzas estén representadas sin suponer una amenaza existencial para nadie”, señaló el canciller venezolano.
Agenda internacional del gobierno encargado
En lo relativo al rol de la Cancillería en el escenario multilateral, el ministro explicó al diario madrileño que su gestión se concentró en la reactivación de los canales de interlocución con Estados Unidos y la Unión Europea, instancias afectadas por la crisis política interna.
Con relación a la ausencia de Delcy Rodríguez en la cumbre de jefes de Estado, Blanco precisó que la mandataria declinó viajar a la capital española para atender compromisos de gestión en Caracas, al aclarar que no existieron impedimentos de seguridad ni trabas normativas, pese a que la mandataria integra la lista de personas sancionadas por el bloque comunitario europeo.
El canciller argumentó que la representación delegada en su persona buscó proyectar una posición institucional orientada a la eliminación de las restricciones financieras y de movilidad sobre las autoridades nacionales.
“Nosotros estamos trabajando para que no haya sanciones contra la presidenta encargada. Pensamos que en este nuevo norte que toma nuestro país, debe tener la garantía de poder trasladarse y poder interactuar con el resto del mundo de forma libre y sin restricciones”, apuntó Blanco.
La relación bilateral con Estados Unidos
Con respecto a las versiones que lo sitúan como un actor clave de interlocución con la administración de Washington, Blanco confirmó a El Mundo la realización de un encuentro de 40 minutos en EE UU con el secretario de Estado, Marco Rubio.
En dicha reunión se abordaron los avances en las reformas para las elecciones, esquemas de cooperación en materia energética, recuperación de recursos financieros estatales y la incorporación de firmas estadounidenses en la rehabilitación de la infraestructura del sistema eléctrico nacional y la red hospitalaria pública.
“Desde el principio me correspondió llevar la relación con EE UU y esa relación pasa por acuerdos petroleros y por cooperación en temas como el doble terremoto. Cooperación para la recuperación de recursos que son de Venezuela, cooperación para abordar temas que tienen que ver con la seguridad regional, con la seguridad energética regional. Insistimos en que Venezuela pueda interactuar con el mundo y pueda relacionarse y tener intercambio comercial sin restricciones, sin medidas coercitivas unilaterales. Creo que es de gran interés para el país tener una relación sólida, estable y respetuosa con EE UU”, resaltó.
Sobre el horizonte electoral y los señalamientos de la diplomacia estadounidense acerca de una eventual convocatoria presidencial para el año 2027, el titular de Exteriores declinó fijar fechas específicas, al argumentar ante El Mundo que dicha atribución corresponde al Poder Electoral que se constituya.
“No me corresponde a mí establecer una fecha. Lo que sí puedo decir es que el proceso de transformación democrática tiene un horizonte electoral donde todas las fuerzas podrán participar, donde el resultado debe ser respetado por todos los sectores, donde se va a constituir un CNE que sea confiable. Muchos dirigentes han regresado a Venezuela en los últimos meses”, indicó Blanco.
Libertad de expresión y presos políticos en Venezuela
Asimismo, Blanco aseguró que el desbloqueo de portales de noticias, la reforma a la Ley contra el Odio y el retorno de dirigentes del exterior evidencian un viraje hacia la estabilidad institucional.
“El ambiente que se está creando es realmente un proceso de transformación democrática. Hay personas que dudan de la velocidad, pero lo más importante aquí es ver la dirección y yo creo que la dirección tiene un norte claro hacia el fortalecimiento de la estabilidad, de la democracia, de la recuperación económica”, dijo el canciller.
No obstante, en materia de libertades informativas y de expresión, los registros de la organización no gubernamental Espacio Público detallan que el proyecto de reforma de la Ley contra el Odio conserva tipos penales ambiguos que preservan mecanismos de fiscalización sobre opiniones y contenidos periodísticos.
Por otra parte, Blanco aseveró ante El Mundo que la administración de la presidenta encargada no ha ejecutado nuevas detenciones de índole política y que el proceso de excarcelaciones se mantiene activo.
Sin embargo, los registros de la organización no gubernamental Foro Penal reportan un total de 322 presos políticos en Venezuela para el mes de octubre, compuesto por 308 hombres, 14 mujeres, 182 civiles y 140 militares.
De igual forma, la organización Human Rights Watch (HRW) concluyó en su informe sobre la aplicación de la ley de amnistía que la medida padecía de “graves deficiencias” e implementación opaca, mientras que la agrupación Alianza por la Libertad de los Presos Políticos exigió mediante protestas ante la embajada de Estados Unidos en Caracas la liberación incondicional de los detenidos.
El ministro argumentó ante el rotativo ibérico que la revisión de los expedientes judiciales en curso busca corregir las irregularidades procesales registradas en periodos anteriores.
“Ese proceso de revisión de casos sigue. El proceso de reforma de justicia está orientado a que no haya ningún tipo ni de abusos, ni de equivocaciones, ni de retardos procesales. Recientemente hemos pedido la asistencia técnica de la Unión Europea para la reforma de la justicia y seguimos revisando los casos. Los casos que quedan ahora son los más difíciles, pero no hay ni un dirigente de un partido que esté detenido”, puntualizó.
El retorno de la dirigencia opositora al escenario nacional
En cuanto a la situación de la dirigencia opositora en el exterior y el regreso de la líder política María Corina Machado, el canciller sostuvo en la entrevista con El Mundo que la dirigente no contaba con impedimentos para ingresar al territorio nacional y que su regreso se produjo en un marco de plena libertad cívica.
No obstante, las declaraciones previas de la propia Machado desde Panamá detallaron que el Ejecutivo intentó bloquear su retorno al país a través de la negativa de permisos de navegación e itinerarios aéreos en islas caribeñas como Curazao, Bonaire y Aruba, al sumar al menos siete intentos de regreso infructuosos por aire, tierra y mar durante los tres meses previos a su llegada a Venezuela.
Frente a la narrativa oficial, el representante diplomático enfatizó que la incorporación de los líderes que regresan al país exige una transformación en sus estrategias de acción y en sus discursos políticos para integrarse a la nueva dinámica institucional.
“La verdad, ella no tenía un impedimento para regresar. Y la forma en que lo hizo representa también un paso de reencuentro con sus seguidores, que pudo hacer en total libertad, con garantías. Ya ha vuelto a la casa de su partido, donde ha tenido reuniones con su dirigencia. Y forma parte de un proceso en el que han regresado muchos dirigentes políticos a partir de enero”, manifestó Blanco.
Relaciones bilaterales y derechos civiles en Venezuela
Blanco destacó que la relación bilateral con España se puede definir como constructiva y enfocada en la atención de la comunidad venezolana en el exterior y la atracción de inversiones del sector empresarial español.
El canciller valoró las gestiones de cooperación técnica durante la emergencia y confirmó que los contactos entre la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se han encauzado a través de los embajadores Timoteo Zambrano y Álvaro Albacete.
“Es una relación diplomática muy constructiva que responde a los intereses comunes. Venezuela tiene una diáspora importante en España y tenemos presencia consular para atenderlos, tenemos un embajador muy activo que está buscando empresas españolas que quieran venir a Venezuela a invertir, a recuperar sus negocios, tener el intercambio comercial de siempre”, acotó.
En el ámbito de las reivindicaciones sociales y la agenda de la comunidad LGBTIQ+, el ministro expresó a título personal ante El Mundo su postura favorable hacia la legalización de la unión civil entre personas del mismo sexo.
Esta posición contrasta con el marco normativo vigente en el país, donde el matrimonio igualitario no cuenta con reconocimiento legal tras años de parálisis legislativa y oposición de sectores conservadores incorporados a la dinámica política nacional.
“Defiendo la unión civil, la defiendo como un derecho. Pienso que las democracias se miden como la manera en que tratan a todos los sectores. Creo en la inclusión, en la no discriminación y he dado el ejemplo. Hay personas que lo proyectan como un privilegio; para mí sirve como referencia para la juventud venezolana y a la comunidad LGTB”, agregó el canciller.
Más allá del debate sobre las libertades cívicas y la inclusión de minorías, la Cancillería continuará con el seguimiento de los compromisos bilaterales asumidos durante esta gira internacional, en simultáneo con el desarrollo del cronograma de reformas institucionales y la revisión de casos en el ámbito judicial que se adelanta en el país como parte del proceso de transición tutelado por la administración de Donald Trump.