• El exrelator especial de CIDH conversó en exclusiva para El Diario sobre la situación actual de los derechos humanos en Venezuela. Detalló que es una situación que tiende a empeorar a medida que la administración de Nicolás Maduro, a la que califica de dictadura, se mantenga en el poder. Foto principal Sipiapa – Archivo 

La situación de los derechos humanos (DD HH) en Venezuela es grave y la tendencia es a que empeore mientras el régimen de Nicolás Maduro continúe cometiendo “arbitrariedades” para seguir gobernando de facto, al menos así lo sintetiza el experimentado abogado Ignacio Álvarez. 

“En realidad lo único que le importa a la dictadura es mantenerse en el poder a cualquier costo, tanto personal como colectivo”, expresó, durante una entrevista para El Diario, el también exrelator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.

Al referirse a la conformación del Estado venezolano, Álvarez consideró que –a excepción de la Asamblea Nacional (AN) encabezada por el presidente (e), Juan Guaidó– actualmente “no existe ninguna” separación de poderes públicos desde que el régimen copó todos los espacios institucionales. 

Recordó, sin embargo, que uno de los primeros ataques directos contra la libertad de expresión se dio con el cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV) el 27 de mayo de 2007, cuando el gobierno del fallecido Hugo Chávez decidió no renovarle la concesión al canal privado. 

Abogado Ignacio Álvarez

Añadió que desde esa fecha comenzó una “línea de ataque” contra todos los medios de comunicación del país y contra todas las voces independientes. “La gente tiene derecho a estar informada y un gobierno de facto no tiene por qué estarle diciendo qué medios puede ver y qué medios no”, detalló. 

¿Qué dice la ley? Los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República establecen que la libertad de expresión es un derecho de los venezolanos.

Para el exrelator especial de la CIDH, en el país no se visualiza ninguna mejoría del derecho a la libertad de expresión ni otros derechos que abarcan el ámbito económico y político mientras Maduro continúe “usurpando” el poder. 

El 4 de junio funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) detuvieron a Héctor Rivero y Rodolfo Carrano; y al día siguiente se entregó en la sede del Sebin en El Helicoide Carlos Villamizar. Los tres ciudadanos eran altos directivos de Directv en Venezuela.

El 10 de junio el Ministerio Público (MP) afín al régimen les imputó los delitos de “estafa, boicot, desestabilización de la economía y asociación para delinquir” luego de que el 19 de mayo AT&T (la empresa matriz) anunciara el cese de operaciones de Directv en Venezuela. 

Álvarez consideró el arresto de los tres exdirectivos de la cableoperadora como “absurdo, totalmente arbitrario y dictatorial” teniendo en cuenta que la decisión de la salida de la cableoperadora la tomó la compañía estadounidense sin que los directivos en Venezuela tuvieran conocimiento.

“Buscar responsabilizar a unos directivos locales porque simplemente la empresa dejó de funcionar en el país lo que revela es la ira del régimen ante una situación que él mismo creó”, dijo el exrelator especial de la CIDH.

AT&T anunció el cese de operaciones en el país ante la imposibilidad de cumplir con las leyes de Estados Unidos y con las leyes de Venezuela.

“En Venezuela va preso quien el régimen quiere que vaya preso y está libre quien el régimen quiere que esté libre”, dijo Álvarez. 

Ignacio Javier Álvarez Martínez

Es ciudadano venezolano y estadounidense. Fue relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH de marzo de 2006 a 2008. En ese mismo organismo trabajó como abogado especializado en DD HH de 1998 a 2006.

Se graduó como licenciado en Derecho por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y tiene una especialización en Derecho Procesal por la Universidad Central de Venezuela (UCV). Cuenta con un máster en Derecho Internacional por la American University de Washington DC.

Ha escrito varios artículos sobre derechos humanos que han sido publicados en español, inglés y portugués, idiomas que domina.

Antes de formar parte de la CIDH, trabajó de 1986 a 1996 en el bufete de abogados internacionales de Baker & McKenzie en Caracas y en el bufete de abogados de Álvarez, Rivas & Associates, en Caracas.

En la actualidad, funge como miembro fundador del bufete de abogados de Álvarez Martínez Law Firm LLC en Washington, D.C. y forma parte del Comité Directivo de la Sección de Derecho Internacional del Colegio de Abogados del Distrito de Columbia.

El 23 abril de 2020 la misión de Venezuela ante la OEA presentó su candidatura al Comité Jurídico Interamericano de la OEA para el período 2021-2024. La elección por los Estados miembros del organismo se realizará en la próxima Asamblea General entre septiembre y octubre de este año. 

Imposición de directivas a los partidos políticos

La Sala Constitucional del TSJ oficialista intervino al partido político Acción Democrática (AD) el 15 de junio y a Primero Justicia (PJ) al día siguiente y les impuso mesas directivas ad-hoc que podrán participar en los próximos eventos electorales que convoque el recién establecido CNE, también nombrado por el Poder Judicial a expensas de lo establecido por la Constitución y bajo el argumento de la “omisión legislativa” de la AN. 

La Ley Orgánica del Poder Electoral establece que los integrantes del CNE deben ser designados por la Asamblea Nacional con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes.

Para el abogado Álvarez, se trata de otra de las “maniobras de la dictadura” para buscar “destruir” la legitimidad de la AN que dirige Guaidó, sin embargo, detalló que “no lo van a lograr”. 

La dictadura está arrinconada, tiene miedo, está desesperada, entonces por eso está haciendo esas acciones absurdas. Eso refleja que no les queda mucho tiempo en el poder”, aseguró el exrelator especial de la CIDH.

Por lo tanto, afirmó que si se realizan elecciones parlamentarias bajo el CNE designado por el TSJ oficialista, no tendrán ninguna validez, al igual que los cuestionados comicios presidenciales de mayo de 2018 en los que Maduro resultó reelecto.

“La comunidad internacional probablemente no va a reconocer esas elecciones. De manera que va a haber otra directiva del Parlamento fraudulenta. Ya Estados Unidos dijo que no la va a reconocer y yo estoy convencido de que un montón de países no va a reconocer a una Asamblea Nacional elegida en esos términos”, dijo.

Álvarez comenta que la pretensión del régimen de permanecer en el poder se traduce en más sufrimiento para la población venezolana a la que también, detalló, se le está violentando el derecho a elegir a sus candidatos en unos comicios libres y transparentes. 

Venezuela se mantiene en la CIDH

Álvarez recordó que Venezuela sigue formando parte de la CIDH, a través del gobierno interino, y por lo tanto continúa estando sujeta a la jurisdicción de ese organismo de la OEA, así como ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). 

“Le tocará al gobierno legítimo cumplir con la decisión que dicten la comisión y la corte cuando finalmente la dictadura salga del poder de facto”, afirmó.

Más de 60 países reconocen a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela, como el único, y eso se mantiene sólido, inamovible.

Una paradoja

El 13 de junio Alex Naín Saab Morán, empresario colombiano señalado de ser el principal testaferro de Nicolás Maduro, fue capturado en Cabo Verde, África, por la Interpol. La justicia de EE UU lo acusa de delitos como conspiración, lavado de activos y enriquecimiento ilícito en nueve países.

Para Álvarez, también experto en Derecho Internacional, es “paradójico” que la cancillería oficialista se “rasgue las vestiduras” solicitando que se respete el debido proceso y los derechos humanos de Saab, cuando en Venezuela el régimen “tortura y ejecuta extrajudicialmente a los manifestantes” y a disidentes políticos “como el caso del concejal de Primero Justicia Fernando Albán”. 

Consultado sobre por qué considera que la cancillería de Maduro asegura que Saab es diplomático y ciudadano venezolano, Álvarez expresó que el régimen “está tratando de manipular el sistema de justicia de Cabo Verde. Yo francamente no creo que haya tenido la nacionalidad desde antes, me parece que es un invento”. 

De igual forma, considera “absurdo” que si Saab es un diplomático venezolano, también sea contratista. “Ese es un aliado fundamental que tiene el régimen para sus tratos con Turquía, Rusia e Irán. De manera que es una pieza fundamental y por eso están haciendo todo lo que sea necesario para evitar que sea extraditado para Estados Unidos y, dentro de eso, inventar cualquier cosa les tiene sin cuidado”, acotó. 

Considera que si los tribunales de Cabo Verde deciden conforme a derecho y basados en las convenciones que el referido país africano tiene con la ONU, Saab será extraditado a Estados Unidos en vista de que los cargos que pesan sobre él “son muy serios y no son inventados”.

El régimen venezolano “simplemente está tratando de inventar cualquier patraña, cualquier mentira porque sabe lo terrible que es para el gobierno (venezolano) que ese señor sea extraditado para Estados Unidos y empiece a hablar”. 

La CIDH tiene claro que Maduro es un dictador, que se trata de un gobierno de facto, ilegítimo, que está ahí en contra de la voluntad del pueblo venezolano y la Comisión Interamericana está muy preocupada por la situación de los derechos humanos de las personas en Venezuela, que son las que sufren todas las vicisitudes, todas las consecuencias del desastre de la dictadura y de la total negación del derecho humano a elegir a sus gobernantes en una elección libre. En definitiva, la gente en Venezuela vive mucho peor que hace 20 años y se van deteriorando sus derechos humanos más fundamentales”. Ignacio Álvarez, exrelator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.

Una de tantas arbitrariedades

Álvarez es también el abogado defensor de Roberto Marrero ante la ONU. Detalló que su defendido fue detenido el 21 de marzo de 2019 por efectivos del Sebin por el simple hecho de ser el jefe del gabinete de Juan Guaidó.  

Recordó que Manuel Cristopher Figuera –exdirector del Sebin, quien huyó a Colombia en mayo de 2019 y luego se trasladó a EE UU– admitió haber recibido instrucciones de Nicolás Maduro para que colocara preso a Marrero sembrando cualquier prueba, “que no importaban las razones”.

Detalló que el caso del jefe del Gabinete de Guaidó fue analizado por cinco expertos independientes de las Naciones Unidas, quienes concluyeron por decisión unánime que se trata de una detención arbitraria y que Venezuela debe liberarlo.

“Pero obviamente para la dictadura lo único que importa es la voluntad del dictador. Roberto Marrero va a quedar en libertad el día en el que o el dictador salga del poder o que decida cumplir, por distintas razones, el dictamen de las Naciones Unidas”, sostuvo. 

Foto cortesía

Panorama desalentador 

Álvarez considera que la situación de los derechos humanos en Venezuela irá empeorando como consecuencia de las acciones del régimen “que llevó a la quiebra al país al punto de que ni siquiera puede producir gasolina suficiente”.

“La única manera de que se puedan mejorar los derechos sería que la dictadura se apartara del poder y los venezolanos pudieran elegir a sus representantes en unas elecciones generales libres”, dijo.

Sin embargo, el abogado considera que la crítica situación que atraviesa el país, desde el ámbito económico, político y social, es algo que no podrá sostenerse por mucho tiempo. 

Este artículo de El Diario fue editado por: Irelis Durand | Génesis Herrera.

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