• Este miércoles 10 de marzo la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU presentó la actualización del informe realizado en 2020 sobre los derechos humanos en Venezuela

Las fuerzas policiales del régimen de Nicolás Maduro continúan sus acciones represivas y violatorias de los derechos humanos. Así lo indica la actualización del informe presentado por la Misión Independiente de Determinación de los Hechos. Marta Valiñas, presidenta de la Misión, se presentó este miércoles 10 de marzo de 2021 en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para dar registro de los nuevos sucesos ocurridos en el país ante la negativa de la Administración de Maduro.  

“Hoy presentamos la información que hemos recopilado desde la publicación de nuestro informe, al tiempo que subrayamos que se trata de un trabajo en curso. Recientemente nos hemos puesto en contacto con el gobierno de Venezuela para iniciar un diálogo y poder realizar investigaciones en el terreno, tal como hemos intentado de manera continua durante el último año, sin hasta la fecha obtener una respuesta”, comentó Valiñas. 

200 asesinatos en los últimos meses 

Uno de los puntos más claros del informe publicado en septiembre de 2020 era la sistematización de las “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluyendo violencia sexual y de género, cometidos por agentes estatales venezolanos desde 2014”. 

En este caso, Marta Valiñas informó que la Misión tiene el registro de más de 200 asesinatos cometidos por las fuerzas policiales del Estado en los últimos meses. Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) son el organismo represor más reconocido, pero el equipo de la ONU investigará la participación de otras fuerzas policiales en estos asesinatos. 

“Entre el 7 y el 9 de enero, las FAES llevaron a cabo la que podría ser una de las operaciones policiales más letales hasta la fecha, en el barrio de La Vega, en Caracas. Según fuentes policiales, se desplegaron 650 agentes en la operación”, comentó Valiñas. Después del asesinato, estos organismos mantienen su presencia en las zonas populares para amedrentar a los familiares. Así evitan las investigaciones sobre el caso. 

Hemos recibido informes de que las y los funcionarios públicos siguen incurriendo en prácticas que obstaculizan la rendición de cuentas por ejecuciones ilegales y que pueden re victimizar a los familiares que buscan justicia para sus seres queridos. Estos incluyen no entregar los certificados de defunción, cobrar por las autopsias y entregar los cuerpos con el ataúd cerrado, con la instrucción de que no se abra”, dice la actualización de Valiñas.

Continúa la persecución política 

La persecución política es una de las estrategias que se mantienen del poder represivo del Estado dirigido por Nicolás Maduro. Valiñas establece que las elecciones parlamentarias realizadas el 6 de diciembre de 2020, “evaluadas, tanto a nivel nacional como internacional, como injustas y carentes de libertad”, generaron una “concentración de poder” que sostiene la represión de la oposición política. 

Foto: EFE

“En sus primeros días de asumir el poder, la nueva legislatura conformó una ‘Comisión Especial para Investigar las Acciones Perpetradas contra la República por la Directiva y miembros de la Asamblea Nacional en el período 2016-2021’, con el mandato de investigar a los anteriores miembros de la legislatura liderada por la oposición”, menciona Valiñas. 

Esa Comisión se encargó de realizar detenciones extrajudiciales a distintas personas relacionadas con la oposición. El 25 de febrero, el exparlamentario Gilberto Sojo fue detenido por las FAES por “acusaciones pendientes de terrorismo vinculados a su participación en protestas políticas en 2014”. Además, el exdiputado Juan Requesens sigue enfrentando un juicio penal acusado de un delito como homicidio frustrado contra Maduro. “Nos preocupa que el juicio del Sr. Requesens se celebre a puerta cerrada sin justificación aparente, lo que va en contra de los principios de transparencia y de un debido proceso”, agrega.

Las detenciones arbitrarias se mantienen, también, ante la población civil, activista o considerada como enemiga por el Estado. “Continúan procedimientos penales en más de dos tercios de los 110 casos de detenciones arbitrarias contra disidentes políticos y militares que investigamos para el informe de septiembre de 2020”. 

Sin avances en los procesos judiciales 

El retraso en los procesos judiciales ha provocado consecuencias irreparables en algunos privados de libertad por razones políticas. Uno de los casos mencionados por Marta Valiñas en su presentación es el de Salvador Franco. Un indígena pemón que falleció en el mes de enero de 2021 por falta de atención médica. Incluso, después de que un tribunal había ordenado su tratamiento. 

“Seguimos profundamente preocupados por las personas detenidas en los centros de inteligencia militar y civil. El capitán Luis de la Sotta y el coronel jubilado Oswaldo García Palomo, por ejemplo, siguen en un estado de salud frágil y en condiciones de detención terribles, y presuntamente siguen siendo sometidos a tortura u otros tratos crueles. Continuaremos investigando las denuncias de tortura y tratos y penas crueles, incluidas las nuevas denuncias que hemos recibido sobre actos de violencia sexual y de género contra las personas detenidas”, declara Valiñas.

Por otra parte, el régimen de Maduro mantiene la represión militar ante las protestas de la población por la situación política o la falta de servicios básicos. “Las organizaciones de la sociedad civil registraron más de 100 casos de detenciones en las protestas desde septiembre; daremos seguimiento de estos casos”. 

Periodistas perseguidos 

Desde la publicación del informe principal en septiembre de 2020 la Misión de la ONU ha recopilado 36 (8 mujeres y 28 hombres) de presuntas detenciones arbitrarias. “Algunas de ellas parecen haber tenido una motivación política. Algunas de estas personas han sido acusadas bajo la Ley contra el Odio, acusadas por delitos de odio por criticar al gobierno y a personas relacionadas con él”, agrega. 

El trabajo periodístico se ha visto perseguido, de gran manera, en los últimos meses. Nueve de estas detenciones arbitrarias fueron realizadas a periodistas. Además, han sido acosados, suspendidos, sus oficinas allanadas y sus equipos confiscados. “Silenciar a quienes informan sobre la realidad política y social impide la transparencia necesaria para garantizar la rendición de cuentas”.

Foto: cortesía

El caso de Roland Carreño representa una de las investigaciones más pertinentes de la Misión. Su detención fue arbitraria y todavía, aunque ya pasó el límite legal, no existe una fecha para su audiencia preliminar. El periodista venezolano se encuentra detenido en un calabozo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Maripérez, Caracas. Lo acusan de conspiración, financiamiento al terrorismo, asociación y tráfico de armas de guerra. 

Asimismo, el informe señala la detención arbitraria del estudiante de medicina Leonardo Hinojosa, de nacionalidad colombiana y ecuatoriana. Fue detenido en octubre de 2020 en el estado Zulia cuando regresaba de Colombia para culminar su residencia académica. El joven estudiante tiene 4 meses encarcelado en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta, Caracas. Tiempo que ha pasado sin conocer los cargos que se le imputan. 

Ataques contra las ONG

Las organizaciones no gubernamentales presentes en el país han sido, de igual manera, perseguidas y amedrentadas en los últimos meses. “Las autoridades han detenido a trabajadores de ONG por delitos previstos bajo la Ley contra Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo; relacionados con la recepción de fondos extranjeros por parte de las ONG y la distribución de tarjetas de prepago”, señala Valiñas. 

En noviembre de 2020 se emitió una orden de aprehensión contra el coordinador de la organización Alimenta la Solidaridad, Roberto Patiño. Una ONG que tiene una cadena de comedores comunitarios en varias zonas de Venezuela. 

Además, en enero, oficiales militares y de inteligencia del Estado detuvieron arbitrariamente a seis hombres de la ONG de salud pública Azul Positivo. Aunque la Misión de Determinación de los Hechos reconoce su liberación el 10 de febrero, seguimos preocupados por el trato que recibieron durante su detención y por los cargos que se les imputaron”, puntualiza la Misión.

La represión contra las organizaciones de ayuda social se ha incrementado en los últimos meses. La retórica gubernamental, según Valiñas, es un factor de hostigamiento ante el oficio realizado por las mismas. 

Foto: Azul Positivo
También destacamos nuestra preocupación por el hecho de que, desde el comienzo de la pandemia de covid-19, más de 20 personas, entre ellas trabajadores y trabajadoras de salud, han sido detenidas por compartir información o criticar la respuesta del gobierno a la pandemia. Investigaremos si se trata de detenciones arbitrarias”, agrega.

Después de investigar la sistematización de las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales y las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado, Valiñas reconoce que el siguiente foco de las actualizaciones estará dirigido al funcionamiento interno de estas estructuras de poder. “La Misión de Determinación de los Hechos también examinará las tácticas utilizadas por los perpetradores estatales para eludir responsabilidades o protegerse de la rendición de cuentas, incluida la coordinación con actores no estatales para cometer violaciones y crímenes, como con colectivos y otros grupos armados civiles y guerrilleros”, dice. 

Antes de finalizar su presentación, Valiñas habló sobre la intervención de Nicolás Maduro en el Consejo de Seguridad de la ONU. En ella él expuso una “visión para Venezuela con los derechos humanos como pilar central”. Sin embargo, según ella, la Administración de Maduro continuó tergiversando la gravedad de la situación y negando toda transgresión. 

Para la Misión es necesario dar respuesta y justicia a todos aquellos que sufrieron y han sufrido la represión del Estado. “Las víctimas tienen derecho a la verdad y a la justicia, al igual que lo tiene el pueblo de Venezuela en su conjunto”, finaliza. 

Respuesta de los países del Consejo de Seguridad de la ONU

La presentación de las actualizaciones por Marta Vileñas fue concisa, clara y amparada con un registro metodológico consecuente. Sin embargo, el representante de Venezuela, elegido por Nicolás Maduro, en el Consejo de la Seguridad de la ONU no estuvo de acuerdo con los resultados del informe actualizado. 

Luego de su participación la Unión Europea comentó en una declaración por video que la situación en Venezuela continúa siendo de preocupación excesiva. “La impunidad actual es inaceptable, así como la persecución de quienes denuncian las violaciones. La Unión Europea repite su llamado para que se pongan en libertad todos los presos políticos y está dispuesta a defender los derechos humanos y si hace falta imponer más medidas restrictivas”, comentó la organización. 

Perú fue el país vocero de un grupo de países (Colombia, Brasil, Costa Rica, Guatemala, Canadá, Guyana, Honduras, Panamá y Paraguay) sobre la situación venezolana y la violación de derechos humanos. “Condenamos las violaciones flagrantes de derechos humanos en Venezuela, constatados en sus informes; reafirmamos la importancia de que la Misión reciba los recursos necesarios para seguir investigando crímenes de lesa humanidad, incluyendo casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas. Lamentamos que las autoridades no hayan mostrado apertura alguna para cooperar con la Misión”, agregó. 

El resto de los países participantes como Alemania, Austria, Portugal, Francia, entre otros, lamentaron la falta de compromiso del gobierno de Nicolás Maduro para colaborar con la Misión. Además, comentaron su preocupación por la violación de los derechos humanos en un país que, paradojicamente, hace parte del Consejo de Seguridad de la ONU. 

Estados Unidos, por su parte, tomó como ejemplo la muerte de Salvador Franco para establecer la sistematización de los delitos de lesa humanidad ante los opositores o activistas contrarios al gobierno de Nicolás Maduro. Colombia, país fronterizo con Venezuela, comentó que la actualización de hoy es otra muestra de la dramática situación que vive el país y, además, los servicios básicos y las vacunas son utilizadas como mecanismos de control social.

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