• En noviembre de 2020, el coordinador de Pueblos Indígenas de Foro Penal denunció que un tribunal del Área Metropolitana de Caracas ordenó que el grupo de indígenas recibieran atención médica en un hospital. Hasta el momento, la solicitud no se ha ejecutado

La organización no gubernamental Foro Penal informó este domingo 3 de enero de la muerte del indígena de la etnia pemón, Salvador Franco, quien se encontraba privado de libertad en el Internado Judicial Rodeo II, en Guatire, estado Miranda, y a quien se le negó atención médica oportuna, a pesar de su grave estado de salud desde noviembre de 2020.

Olnar Ortiz, coordinador de pueblos indígenas de Foro Penal, organización que representa legalmente a los 13 pemones detenidos, denunció que Franco no se podía alimentar por sí mismo debido a su grave estado de salud por complicaciones gastrointestinales y otras afecciones que aún no han podido ser determinadas, como consecuencia de las condiciones de insalubridad en este recinto carcelario.

En septiembre pasado, Ortiz afirmó que los indígenas estaban aislados y no recibían la debida alimentación.

El 28 de noviembre, familiares de los 13 indígenas de la etnia pemón que permanecen privados de libertad en El Rodeo II, emitieron un comunicado público en el que exigen al régimen de Nicolás Maduro la liberación de los 13 hombres.

Los familiares indicaron que el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC) ordenó que Franco fuese trasladado a un centro asistencial para una evaluación médica; sin embargo, la orden judicial no fue ejecutada. 

Tememos por su vida. Pedimos que tengan un gesto de humanidad y se cumpla la orden judicial para que nuestro hermano Salvador Fernando Franco Pérez, de 44 años de edad, reciba atención médica y se ordene su liberación”, reza el comunicado.

De qué se les acusa

Los 13 pemones fueron detenidos a finales de 2019 tras ser señalados de participar en el asalto a dos instalaciones militares en el estado Bolívar. Posteriormente los acusaron de “terrorismo”, sustracción de armas de fuego o municiones en resguardo y enviados a juicio.nnEl grupo de indígena lo integran: Óscar Pérez, Leomar Delgado, Alfredo Fernández, Frank Fernández, Fiacencio Meya, Amilcan Pérez, Frederick Fernández, Lisandro González, Carlos García, Pantaleón Pérez, Willy Martínez, Ronny Sánchez y Salvador Franco.

Sin garantías judiciales

La organización internacional Amnistía Internacional se pronunció en junio de 2020 con respecto a este caso. Señaló que la persona designada por el Estado para la traducción durante las audiencias de presentación “podría estar afectando seriamente el desarrollo de un proceso legal con las mínimas garantías judiciales”.

También informaron que son juzgados por un tribunal con competencia de antiterrorismo, lo cual viola “disposiciones constitucionales y estándares de derechos humanos que indican la obligación de los Estados de respetar los sistemas de justicia indígenas cuando los delitos se hubiesen cometido en una comunidad indígena, como es el caso”.

Ante esto, llamaron a las autoridades judiciales a regresar a los indígenas pemones a su comunidad en el sur de Bolívar y mejorar sus condiciones de reclusión.

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