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- A pesar del peritaje realizado por la Sala Electoral del TSJ, expertos coinciden en que los resultados presentados por el rector Elvis Amoroso carecen de confianza, pues el ente electoral suspendió en los días siguientes a los comicios tres auditorías claves, que incluso podían confirmar o descartar la versión oficial de un presunto ciberataque
Ha pasado un mes de las elecciones presidenciales del 28 de julio, pero se mantienen las dudas sobre el proceso, especialmente en la comunidad internacional. Hasta el momento, el único soporte que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha dado de sus resultados son los dos boletines en los que proclamó a Nicolás Maduro como ganador con 51,95 % de los votos, frente a 43,18 % obtenido por Edmundo González.
La oposición difiere de estas cifras y asegura que el verdadero ganador fue González. Para demostrarlo, en los días siguientes a la elección recogió las copias de las actas de escrutinio obtenidas por los testigos electorales de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), armando una gran base de datos publicada en la página web Resultados con Venezuela. Esos datos, que favorecen a González con 67,08 % sobre 30,46 % de Maduro, han sido avalados por diferentes expertos electorales y gobiernos como los de Argentina y Estados Unidos.
Por su parte, el CNE se ha mantenido bajo una opacidad absoluta desde el 28 de julio. Su página web, en la que debían publicarse los resultados, ha permanecido caída producto de un presunto ciberataque, mientras sus autoridades han limitado al máximo sus declaraciones públicas. En este tiempo, no se han publicado los resultados desglosados por centros y mesas de votación como se suele hacer en cada elección ni tampoco las actas que avalarían los números ofrecidos por el presidente del CNE, Elvis Amoroso.
En cambio, el gobierno optó por la salida judicial. Poco después de su proclamación, Nicolás Maduro introdujo un recurso contencioso electoral ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Luego de semanas de interrogatorios de los candidatos y representantes de los partidos políticos y de un aparente peritaje de las actas consignadas por el CNE, el 22 de agosto el TSJ convalidó los resultados favorables para Maduro.
No obstante, lejos de zanjar finalmente el asunto, todo el proceso ha despertado cada vez más dudas por parte de organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas o la Unión Europea, que siguen cuestionando la credibilidad de las instituciones venezolanas, mientras la oposición y varios gobiernos latinoamericanos mantienen su postura sobre un aparente fraude electoral.
Sin resultados
En su sentencia N° 031, la Sala Electoral exhortó al CNE a publicar los “resultados definitivos” de las presidenciales en Gaceta Electoral, de acuerdo a los previsto en el artículo 155 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre). Este artículo precisamente indica que el Poder Electoral está obligado a publicar los resultados de sus comicios en un periodo de 30 días posteriores a la proclamación del candidato ganador.
Cabe destacar que en la sentencia no se ordena al organismo electoral a divulgar las actas o tan siquiera los resultados desagregados por mesa. De hecho, al publicarse en Gaceta Oficial, se muestra únicamente el boletín general de la totalización, el cual solo contiene el resultado final y que no puede ser auditado.
El CNE publicó el 26 de agosto un comunicado informando que acataría la decisión del TSJ. Horas después, la página del organismo que había estado caída desde la noche de la elección como consecuencia del presunto hackeo volvió a estar operativa.
Al menos parcialmente, pues usuarios como el ingeniero de software Jesús Lara reportaron en X (antes Twitter) que varios enlaces de la página aún no servían, además de que su contenido estaba aparentemente bloqueado por CANTV para personas que intentaron ingresar desde el extranjero.
El portal duró poco tiempo operativo. La misma noche del 26 de agosto volvió a desaparecer por otro presunto ataque cibernético. De acuerdo con Venezolana de Televisión (VTV), se trató de un ataque de denegación de servicio (DDoS) contra los centros de divulgación, provenientes de “ direcciones IP ubicadas en el exterior”. Con esto se suspendió nuevamente la publicación de los resultados, cuyo lapso establecido por la Lopre debería vencerse el 29 de agosto.
Muy tarde
Aunque el CNE aún tiene tiempo para publicar la Gaceta Electoral —sin importar que su página web continúe caída—, expertos en materia electoral coinciden en que ya es muy tarde para hacer este paso, incluso con las actas de escrutinio. Por ejemplo, el periodista Eugenio Martínez quien en reiteradas ocasiones ha denunciado que el CNE omitió auditorías claves en los días posteriores a las elecciones, lo cual hace que sea complicado verificar si los resultados fueron alterados o no.
Agregó que esta omisión comprometió toda la cadena de custodia del material electoral, el cual había quedado a resguardo del Plan República. Indicó que para verificar ahora los resultados, es necesario emprender una auditoría forense de la Sala de Totalización, sobre todo de la bitácora de transmisión, donde quedó el registro en digital de las actas recibidas de las mesas.
Suspendidas
El reglamento general de la Lopre destaca dos mecanismos fundamentales para garantizar la transparencia de sus procesos electorales. El primero es la verificación ciudadana, paso que el 28 de julio resultó clave para que la comunidad organizada supervisara el escrutinio de las mesas de muestra. Esto permitió no solo luchar para que los testigos opositores lograran obtener su copia de las actas, sino que dejó un registro audiovisual de los resultados que, en la mayoría de los casos documentados en redes sociales, coincide con los resultados publicados en la página del Comando con Venezuela.
El otro mecanismo son las auditorías de sistema automatizado. Este consiste en la certificación de cada uno de los procesos del sistema electoral y la verificación tanto del software, como del hardware usado para ello. En su artículo 445, la ley establece que en cada una de sus fases se debe garantizar la observación de los técnicos y representantes de todas las organizaciones políticas que participan en los comicios.
Antes de las elecciones, el CNE cumplió con las diferentes auditorías previstas en su cronograma. incluyendo la primera fase de la auditoría de telecomunicaciones y de datos electorales ADES (registro biométrico y máquinas captahuellas). Sin embargo, después del 28 de julio el ente no solo entró en un estado de total hermetismo, sino que también suspendió sin justificación alguna las auditorías pendientes para los días siguientes.
De acuerdo con el cronograma electoral del CNE, la segunda fase de la auditoría de telecomunicaciones debió hacerse el 29 de julio por parte de los técnicos de la CANTV. Por su parte, la segunda fase de la verificación ciudadana debió ocurrir en los galpones del CNE de Filas de Mariche el 2 de agosto. Finalmente, entre el 5 y 8 de agosto correspondía la fase II de la auditoría de datos electorales ADES, en la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV).
Las auditorías
Uno de los procesos más importantes que debió hacerse en las horas posteriores a la elección fue la fase II de la auditoría de telecomunicaciones. En su cuenta de X, el politólogo y experto electoral Jesús Castellanos Vásquez explicó que este paso precisamente sirve para verificar si ocurre algún tipo de anomalía en la transmisión de resultados.
De acuerdo con el libro Auditorías del Sistema Automatizado de Votación (2015), publicado por el CNE, este procedimiento se lleva a cabo en el Centro de Operaciones de Red (COR) de la CANTV, ubicado en Los Palos Grandes, Caracas. Allí se revisa que las máquinas de votación transmitan los datos del escrutinio de forma segura y efectiva directamente al Centro Nacional de Totalización.
En su fase II, se hace una captura de las configuraciones del servidor de acceso remoto (RAS) y los routers del CNE en presencia de técnicos de la CANTV y los representantes de los partidos políticos. Estas se entregan junto a dos códigos hash asociados (algoritmos alfanúmericos que funcionan como una firma digital). Posteriormente, se cotejan estas configuraciones con las certificadas en la auditoría anterior.
¿Blindado?
En un comunicado publicado el 26 de agosto, el rector Juan Carlos Delpino confirmó que la noche de las elecciones se produjo una interrupción en la transmisión de las actas cuando estas iban por el 58 % del escrutinio. Esto debido a un aparente hackeo del cual no fue notificado sino hasta las 9:00 pm, “habiendo silencio y una injustificada demora” por parte del CNE.
El organismo no informó públicamente lo que ocurría hasta casi la medianoche, cuando emitió el primer boletín con un 80 % de las actas escrutadas, sin aclarar cómo se recibieron en pleno ataque. Delpino aclaró que no subió a la Sala de Totalización para ver personalmente lo que pasó.
En los días previos a la elección, el CNE había afirmado precisamente durante su primera auditoría de telecomunicaciones que su sistema estaba blindado contra hackeos, pues sus servidores operaban en una red privada de CANTV desconectada de Internet. Por su parte, Eugenio Martínez agregó que de haberse hecho la fase II de esta auditoría, el gobierno habría probado de forma contundente a la comunidad internacional si hubo realmente un ciberataque.
Esto pues parte del protocolo consiste en monitorear de forma constante la red de transporte de datos para corroborar que no haya accesos no autorizados de dispositivos externos. “Cualquier acontecimiento no previsto, autorizado o planificado en los protocolos será notificado al organismo comicial y registrado en acta de forma inmediata”, reseña el libro del CNE.
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