- De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ y Unión Afirmativa, la violencia en Venezuela hacia la comunidad sexo genero diversa es ejercida principalmente por funcionarios militares o policiales, por la familia, la comunidad o grupos conservadores en espacios privados o públicos | Foto: José Daniel Ramos (@danielj2511)
El Estado venezolano continúa sin reconocer los derechos de la comunidad LGBTIQ+, una situación que impide documentar y atender los casos de discriminación y crímenes de odio contra esta población. Tampoco existen cifras oficiales en los organismos públicos en este ámbito, sin embargo, organizaciones de la sociedad civil se han dedicado a registrar el patrón de violencia hacia las personas sexo género diversas.
En su informe del 11 de octubre, la organización no gubernamental (ONG) Unión Afirmativa también reveló que entre mayo y junio de 2021 hubo hasta 163 casos de discriminación en los 17 estados donde se hizo la encuesta, incluyendo la infringida por funcionarios policiales o militares, familiares, compañeros de trabajo o la comunidad. Esto involucra la violencia económica, física, psicológica, sexual y simbólica, como mensajes discriminatorios.
Comunidad LGBTIQ+ sin protección del Estado en Venezuela
“Nos preocupa los discursos discriminatorios por parte de los voceros de organismos públicos”, dijo Glorielys Pérez, vocera del OVV LGBTIQ+. La ONG documentó un patrón de acoso, discriminación y extorsión en contra de, principalmente, hombres homosexuales (25 %) y las mujeres trans (25 %).
Aproximadamente 3 millones de personas se identifican como parte de la comunidad LGBTIQ+, según estima la coordinadora general de Unión Afirmativa, Quitera Franco. Para la ONG, los diagnósticos presentados en estos informes “tienen un gran valor” que permiten ofrecer datos sobre el patrón de violencia que existe hacia esta población y brinda la oportunidad de actuar y exigir mayor acción del Estado.
La principal violencia la ejerce el Estado venezolano
Una de las principales violencias registradas por el OVV LGBTIQ+ fueron, en el 29,73 % de los casos registrados, los casos ejercidos por parte de los políticos y funcionarios del Estado, e incluyen la promoción de leyes discriminatorias, discursos de odio, comentarios LGBTIQ-fóbicos y ataques directos a activistas LGBTIQ+.
Unión afirmativa detalló que los casos de discriminación por parte de funcionarios ocurren de efectivos policiales a mujeres lesbianas (48,8 %) y mujeres bisexuales (28,6 %); y de funcionarios militares a hombres gays (10,5 %) y bisexuales (10 %). En este último caso, el 13,2 % de los encuestados señaló haber sido acosado o violentado por los cuerpos de seguridad.
Limitaciones para la comunidad LGBTIQ+ en espacios públicos
En el 16,22 % de los casos reportados por el OVV LGBTIQ+, funcionarios policiales o de seguridad han discriminado a personas de la comunidad LGBTIQ+ en espacios públicos o de recreación, con acciones que incluyen: intimidación, acoso, extorsión y prohibición de permanecer en los espacios mediante amenazas de detención.
Violencia intrafamiliar, de la comunidad y el entorno laboral
Según el OVV LGBTIQ+, el 5,40 % de los casos registrados corresponde a la violencia intrafamiliar que incluye intimidación, agresiones verbales y físicas y prohibición de entrar al hogar por motivos de orientación sexual o de género. Además de la familia, la discriminación también ocurre en la comunidad y el entorno laboral.
Discriminación de grupos conservadores
13,51 % de los casos de violencia LGBTIQ+ fueron cometidos por grupos conservadores y de carácter religioso con el objetivo de obstaculizar iniciativas legales que protejan a las personas de esta población. Según el OVV LGBTIQ+, estos casos se presentan en, por ejemplo, ordenanzas a favor de la vida y la familia tradicional y la declaración de municipios provida y profamilia.
La inacción del Estado ante los crímenes de odio
La organización Unión Afirmativa pudo documentar 21 asesinatos y más de 100 crímenes de odio en los que se violó el derecho al estudio, al trabajo, al disfrute social, al descanso y a la movilidad. Parte de las víctimas fueron personas LGBTIQ+ y son cifras que contrastan con los 109 asesinatos documentados en esta población entre 2009 y 2017 por Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI).
Actualmente Venezuela es, junto a Paraguay, uno de los países más atrasados en la región en materia de legislación LGBTIQ+. De momento, las exigencias continúan por parte de esta población, quien busca el reconocimiento pleno de sus derechos, como el reconocimiento a la identidad de personas trans y el matrimonio igualitario.
