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- Ante las más de 20 personas asesinadas del colectivo sexodiverso y los más de 40 casos de homofobia y transfobia registrados en 2021, las organizaciones por los derechos humanos continuarán alzando su voz. Los activistas concordaron en la necesidad de unir voluntades, independientemente de la tendencia política, para lograr los objetivos | Foto: José Daniel Ramos (@danielj2511).
2021 fue un año de reactivación y mayor activismo para los movimientos sociales. En medio de un panorama de restricciones del régimen de Nicolás Maduro, los grupos feministas, los defensores ambientales y las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, intersexuales y queer alzaron su voz. En 2022, continuará la labor colectiva de exigir el cumplimiento pleno de los derechos en distintas áreas, impulsados por la intención de reducir la discriminación, la violencia y promover la inclusión y las leyes para la comunidad LGBTIQ+ en Venezuela.
Cinco activistas por los derechos humanos consultados por el equipo de El Diario concordaron que durante el año 2021 existió mayor visibilidad al tema de la situación LGBTIQ+ en el país. La participación de la población joven del colectivo, la organización, los nuevos grupos y alianzas, motivada por denunciar los casos de discriminación y violencia, y educar al respecto, lo hicieron posible.
No obstante, para ellos, la visibilidad sin avances tangibles no es suficiente. Para Yendri Velázquez, activista del Movimientos Somos, no se ha avanzado en garantías de derechos humanos para los grupos vulnerables. Considera que se ha prolongado la situación de desprotección e incluso se ha profundizado producto de la emergencia humanitaria compleja, la falta de políticas públicas inclusivas y la pandemia por covid-19.
Los dos últimos casos de violencia y discriminación hacia personas LGBTIQ+ en Venezuela
2022 inició con el asesinato en el estado Lara de Maguin Méndez y Fredmar Meléndez, dos mujeres lesbianas, quienes fueron encontradas apuñaladas y calcinadas el lunes 3 de enero. Según informan Velásquez, el año pasado fueron asesinadas más de 20 personas del colectivo LGBTIQ+, en la mayoría de los casos, presuntamente por crímenes de odio. Además, se reportaron al menos 40 casos de discriminación hacia personas por su orientación sexual o identidad de género en distintas regiones del país al cierre de 2021.
Entre diciembre de 2021 y enero de 2022 se reportaron dos casos notorios de discriminación hacia la comunidad LGBTIQ+. En ambos casos, el trato es discriminatorio por homofobia, transfobia y fue denunciado por distintas ONG dedicadas a la defensa de los derechos de las personas LGBTIQ+ en Venezuela a través de las redes sociales.
El primero ocurrió el 10 de diciembre de 2021, cuando no se le permitió entrar a un hotel en Caracas al actor Juan Alejandro Solórzano, quien interpreta a Chiky Lorens, debido a que su apariencia física no correspondía con su cédula de identidad. El segundo tuvo lugar el 3 de enero de 2022, un restaurante en la ciudad capital despidió a Luiggi, un chico trans, alegando que no podían tener personas como él trabajando allí. Las autoridades solo respondieron en el caso de Lorens, quien acudió a denunciar el hecho ante la Fiscalía.
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2021, un año de mayor activismo y visibilidad en medio de dificultades
La activista de Caleidoscopio Humano Prissila Solórzano sitúa la reactivación del colectivo sexodiverso desde el año 2019, influenciado por la población LGBTIQ+ joven. Desde entonces, señala Yendri Velásquez, el grupo se ha organizado, ha realizado más protestas en contra de los casos de discriminación, han surgido nuevos proyectos y se le ha dado visibilidad en distintas plataformas comunicacionales. Incluso, existe representación de este grupo en los partidos políticos venezolanos, comenta Giovanni Piermattei, de Venezuela Igualitaria.
Yendri reconoce un leve avance respecto a la atención de los casos de violencia y discriminación por parte del Estado, pero no por esto existe un reparo a la dignidad ni justicia a las familias, como expresa Ricardo Hung, de Alianza Lambda. Hung señala que también se ha avanzado en derechos culturales, respecto a la representación de la comunidad LGBTIQ+ en el espacio público venezolano.
Durante el año 2021 la Defensoría del Pueblo del régimen de Nicolás Maduro creó una defensoría especial nacional en materia LGBTIQ+. Pero para el dirigente del Movimiento Somos no es suficiente, pues “desde Caracas no se puede solucionar todo”.
También, el Tribunal Supremo de Justicia afecto al régimen admitió otra demanda que había sido impuesta desde el 2016. Esta incluye la revisión del artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar, que tipifica como un crimen las relaciones entre dos personas del mismo sexo dentro de las Fuerzas Armadas.
“No se ha dado respuesta sobre los casos de los asesinatos a las personas LGBTIQ+ en Venezuela. No sabemos qué ha pasado con los asesinos de Rolando Colmenares en Yaracuy, no sabemos qué ha pasado con los asesinos de Michelle, no sabemos qué pasó con quienes descuartizaron a Andrea en Baruta, no sabemos qué ha pasado con los casos que hemos denunciado. La Fiscalía no ha dado respuesta”, subraya Velásquez.
Ricardo Hung expresa que Venezuela es el último país en avance legislativo en Latinoamérica. El país es, junto a Paraguay, uno de los que están más atrasados en materia de derechos LGBTIQ+. El activista de Alianza Lambda exige que también deben existir políticas públicas de amplio espectro y que perduren en el tiempo, independientemente de quien gobierne.
A la fecha, aunque han existido avances para la comunidad LGBTIQ+, Piermattei cree que legislativamente continúan las mismas leyes, que solo tipifican como un crimen la discriminación por orientación sexual o de género.
La unión e inclusión sin partidización es la ruta a seguir
Los activistas concuerdan también en que las disputas políticas por el poder en Venezuela entorpecen los avances. Dentro de la ilegítima Asamblea Nacional dominada por el oficialismo, los sectores religiosos han influenciado en el retraso de la legislatura inclusiva dentro del Palacio General Legislativo, comenta la activista y diputada Diverly Rodríguez. Lo mismo pasa en el Parlamento que promueve el gobierno interino liderado por Juan Guaidó, en el cual se discute, principalmente temas inherentes a otras áreas.
El activista Yendri Velásquez relata que el proceso político venezolano es complicado de origen. Agrega que, en un contexto autoritario y antidemocrático, a diario el régimen se esfuerza por generar políticas de división y crear narrativas que dividan. El activismo LGBTIQ+ no es ajeno a esto. Sin embargo, completa Velázquez, dentro del colectivo se entiende que la necesidad de hacer puentes es necesaria, con una agenda única a seguir: el cumplimiento pleno de todos los derechos.
Prissila Solórzano considera que el colectivo trans es el más vulnerado, discriminado y rechazado, esto se debe a la falta de reconocimiento, la falta de identidad, formación y educación de la sociedad. “Una de las cosas que tratamos de impulsar los defensores y activistas por los DD HH es la formación y la educación. A través de ello podemos cambiar la manera en que nos vemos. Vivimos en un país reinado por el machismo y la religión, lo que coloca una barrera para el correcto desenvolvimiento de nuestras personalidades. Dicen que Venezuela es un país liberal y abierto a todos los temas, pero para mí es mentira”, sentencia Solórzano.
En este sentido, Piermattei cree que los movimientos se partidicen es un error, pues, aunque la lucha es política, lo que se busca es el bienestar de la sociedad y no de un grupo político. También afirma que la búsqueda de protagonismos entre organizaciones, el querer abarcar todo y competir desvirtúa la lucha sexodiversa.
Los activistas por los derechos humanos llaman al colectivo a promover la unión y continuar exigiendo el cumplimiento de los derechos. “No existen garantías de los derechos humanos para todos los venezolanos y venezolanas si no hay inclusión de las personas LGBTIQ+, no existe lucha por la democracia si no hay inclusión de mujeres y personas con discapacidad. En contextos autoritarios, nadie puede solo”, dice Velásquez.
Quedan pendientes otra serie de demandas y exigencias impuestas ante la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público que datan, al menos desde el año 2014, explica Piermattei, cuando se llevó al Parlamento un proyecto de ley sobre el matrimonio civil igualitario. En noviembre de 2021 se exigió al Ministerio Público crear una fiscalía especial, similar a la oficina creada por la defensoría, sin respuesta alguna.
El derecho a la identidad, a formar familia, al acceso a la educación, a la no discriminación, la inclusión en distintos estratos de las personas LGBTIQ+ siguen siendo exigencias pendientes ante el Estado venezolano. Y ante la sociedad, también hay exigencias, entre otras, relativas a la educación sobre sexualidad y género y el promover un ambiente de respeto en medio de las diferencias. Mientras la situación no cambie, la comunidad LGBTIQ+ seguirá exigiendo lo que por derecho les corresponde: vivir en paz, con dignidad y seguridad.
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