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- Con el apoyo de Acnur y la OIM, el Departamento de Estado habilitó un portal con información sobre las vías de migración aprobadas por el gobierno estadounidense, con el fin de evitar las incursiones irregulares en su frontera. Todo se gestionará por los centros regionales de procesamientos dispuestos en México, Guatemala y Colombia
El Departamento de Estado estrenó un nuevo programa para brindar información a refugiados sobre formas legales y seguras de ingresar a Estados Unidos. El portal, denominado Movilidad Segura, busca instruir a los interesados sobre los pasos para optar por una entrada humanitaria y otras rutas regulares de migración.
En un comunicado, el ente explicó que este programa busca incentivar el uso de los centros regionales de procesamiento (RPC, por sus siglas en inglés). Estos centros estarán desplegados en México, Colombia y Guatemala para atender de manera ordenada el flujo de migrantes centroamericanos y suramericanos. Una vez allí, podrán canalizar sus solicitudes y recibir asesoría para gestionar su entrada a Estados Unidos legalmente. También habrá oficinas en España y Canadá para recibir casos derivados.
Por el momento, la página web de Movilidad Segura cuenta con información sobre las vías lícitas para migrar y los procesos que se pueden gestionar en los RPC. No obstante, se espera que próximamente se habilite una opción para solicitar citas en estos centros. La iniciativa fue desarrollada por el gobierno estadounidense con apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), así como otras organizaciones asociadas.
¿Cómo participar en el programa?
De acuerdo con el propio portal de Movilidad Segura, existen tres procedimientos mediante los cuales un migrante puede aspirar a recibir permiso de estadía en Estados Unidos. Cada una dependerá de la situación individual y necesidades del solicitante.
El primero es el ingreso a través del Programa de Admisión de Refugiados (USRAP). El proceso de reasentamiento está dirigido a personas que, por diferentes motivos, no pueden volver a su país de origen porque su vida o integridad corren peligro. Se otorga bajo razones humanitarias luego de diferentes estudios que prueban que el solicitante cumple con los requisitos que establece la ley estadounidense y los parámetros de Acnur.
Otro procedimiento es mediante el parole humanitario. Este se otorga por razones humanitarias a migrantes de ciertas nacionalidades en situación de emergencia. En el caso de los venezolanos, la Administración de Joe Biden aprobó en enero de 2023 el parole humanitario, que aplica también para cubanos, haitianos y nicaragüenses. Sin embargo, este sistema fija un tope de 30.000 admisiones al mes, entre los cuatro países.
Los dos procedimientos restantes son el parole para reunificación familiar y las visas de trabajos estacionales o temporales. Próximamente, cuando se habilite el servicio de solicitud de citas, el portal incluirá también información detallada sobre cómo realizar cada uno de estos procedimientos.
Punto de control
La idea de la Administración de Biden con los RPC es evitar la aglomeración de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos, así como su ingreso por pasos ilegales. Ahora, sin necesidad de viajar miles de kilómetros, los aspirantes podrán acudir a estos centros para saber si son elegibles para alguno de estos mecanismos. Luego serán referidos con las autoridades para iniciar las gestiones.
El Departamento de Estado tiene previsto abrir alrededor de 100 centros regionales de tramitación en puntos clave de la región. De hecho, la Casa Blanca se encuentra en conversaciones para expandir los RPC a otros países con altos flujos migratorios. Si bien todavía no se ha inaugurado el primero (se anunció su creación a finales de abril), se espera desplegar a más de 140 funcionarios federales, así como 800 de Acnur y la OIM.
Las personas elegibles también tendrán la oportunidad de ser consideradas para la admisión regular a otros países, como España y Canadá.
Medidas contundentes
El 11 de mayo finalizó el Título 42, medida creada por el expresidente Donald Trump que permitía la expulsión inmediata de migrantes sin cumplir con los protocolos habituales, alegando razones sanitarias por la pandemia de covid-19. Desde su derogación se regresó al Título 8, que había estado vigente antes, y contempla las normas que rigen la forma en Estados Unidos ha detenido y deportado a sus inmigrantes ilegales durante décadas.
Poco antes de volver al Título 8, la Casa Blanca se preparó para la potencial ola de migrantes que intentaría llegar al país. Por ejemplo, se creó la aplicación CBP One, para hacer solicitudes en línea de citas para trámites migratorios. También se ampliaron los programas de reunificación familiar para ciudadanos de Cuba, Haití, El Salvador, Guatemala y Honduras. El Programa Movilidad Segura sería otro eslabón más para intentar gestionar de una forma más humana los flujos migratorios.
Castigos severos
Pero, precisamente para desincentivar la migración irregular, la Administración de Biden anunció que impondrá medidas mucho más severas para quienes no cumplan con estas normas. Por ejemplo, el Título 8 ahora establece que aquellos migrantes que sean capturados ingresando de forma ilegal a territorio estadounidense serán vetados del sistema de parole humanitario y otros mecanismos similares por cinco años.
También se reforzó la frontera con México con más patrullas y militares. De acuerdo con el portal Los Ángeles Times, se estima que 24.000 agentes federales fueron desplegados en puntos estratégicos de la frontera, mientras otros 300 esperan ser incorporados. Igualmente, el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras construyó más espacios en sus oficinas para que los migrantes puedan llamar a sus abogados o hacer entrevistas de asilo.
El Departamento de Estado agregó que lanzó un plan conjunto con las autoridades de Colombia y Panamá para combatir el tráfico de personas a través de la selva de Darién. Durante 60 días lanzarán próximamente un operativo para desarticular bandas de coyotes (traficantes de personas) y otros grupos delictivos que operan en la región.
