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- Las organizaciones civiles entregaron un documento a las autoridades españolas con varios petitorios para que intervenga en la liberación de la defensora de los derechos humanos
Varias organizaciones no gubernamentales (ONG), activistas, defensores y sociedad civil protestaron el 20 de febrero a las afueras de la Embajada de España en Caracas para exigir la liberación de la abogada y activista por los derechos humanos Rocío San Miguel y de su expareja, el militar retirado Alejandro González.
En el lugar estuvieron presentes miembros del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), quienes junto a otros activistas entregaron una carta a las autoridades de la Embajada de España para solicitar que intervengan en el caso de San Miguel, detenida el 9 de febrero.
“Únete a la lucha por la libertad y la justicia. Este martes se alzará la voz por aquellos que no pueden hacerlo y hoy se encuentran en las mazmorras del régimen de Maduro”, se lee en la convocatoria de las organizaciones para la protesta que comenzó a las 11:00 am del 20 de febrero
“Libertad para Rocío”
— PROVEA (@_Provea) February 20, 2024
Decenas de defensores, activistas, organizaciones y sociedad civil protestamos frente a la Embajada de España en Caracas.
Exigiendo la liberación de Rocío San Miguel, defensora y ciudadana española detenida injustamente en Venezuela.#20Feb pic.twitter.com/e3NhTaqIPn
El documento con los petitorios, entregado por los activistas, fue recibido por María Victoria García Ojeda, consultora de derechos humanos de la Embajada de España en Caracas.
“Nos lo recibió y reiteró el compromiso que tiene la Embajada con todas las labores consulares para la protección de la integridad y vida de Rocío y su familia y de cualquier persona que esté pasando por esta situación, sobre todo si es un ciudadano español”, dijo Lexis Rendon de la organización Laboratorio de Paz a los medios de comunicación.
Presencia de dirigentes políticos
En la manifestación también estuvo presente la presidenta del partido Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, quien confirmó los traslados de varios presos políticos a la cárcel de La Yaguara.
“Ayer teníamos confirmado a Marín Chaparro,y tengo información que tengo que verificarlo con los abogados es el traslado de Hernández Da Costa (…) aparentemente de haberse realizado este traslado fue sin sus medicinas, él tiene una grave situación de salud”, dijo Solórzano.
Al lugar también acudió el político Omar Barboza, coordinador general de la Plataforma Unitaria, quien enfatizó que el 19 de febrero el organismo que preside entregó un documento sobre todas las violaciones de los derechos humanos en el país.
Insistió en que se respete el debido proceso en el caso de Rocío San Miguel, al igual que la presunción de inocencia como estipula la Constitución de la República.
Organismos internacionales preocupados por el caso
El 14 de febrero, tras conocerse la detención de la activista venezolana con nacionalidad española, la Unión Europea (UE) expresó su preocupación por el hecho y exigió la liberación inmediata de San Miguel.
“Profundamente preocupada por la reciente detención de Rocío San Miguel. Pedimos su liberación inmediata y reafirmamos nuestro compromiso con la protección de los defensores de los derechos humanos”, publicó la portavoz de la UE, Nabila Massrali, en su cuenta de X (antes Twitter).
La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional han manifestado su preocupación por la detención de San Miguel, a quien la Fiscalía vincula con una presunta trama conspirativa para asesinar supuestamente al presidente de la República.
El gobierno de Estado Unidos también expresó su preocupación por el caso y urgió al gobierno de Nicolás Maduro a cumplir con los acuerdos para mejorar la democracia del país.
El caso
El 10 de febrero, Provea denunció la detención y desaparición de Rocío San Miguel en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía cuando pretendía tomar un vuelo para salir del país con su hija.
El 12 de febrero, Tarek William Saab, fiscal general de la República, confirmó la detención y aseguró que tanto la activista como su expareja fueron presentados ante tribunales por estar presuntamente vinculados con hechos conspirativos.
Los tribunales confirmaron la privativa de libertad contra la abogada y fue recluida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, en Caracas.
Temor en la siembra de evidencia
El abogado Joel García denunció el 14 de febrero que la vivienda de Rocío San Miguel había sido allanada. El defensor expresó que temían que las autoridades pudieran “estar sembrando evidencias”.
Tras la visita de su hija, el 18 de febrero, el abogado aseguró que San Miguel expresó que no hay evidencia que la comprometa en los delitos que les imputan.
“Insiste que no le han permitido el derecho a nombrar la defensa técnica de su confianza”, precisó García.
El 19 de febrero, Saab entregó detalles sobre los supuestos elementos que vinculan a San Miguel con la presunta operación terrorista, entre ellos, que la activista aparecía entre los contactos de uno de los militares que fueron detenidos por estar implicado en el mismo caso.
