Este domingo 8 de febrero, diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) reportaron una serie de excarcelaciones de presos políticos que permanecían detenidos en diversos centros de reclusión del país.
De acuerdo con el balance ofrecido por la organización Foro Penal, hasta las 3:00 pm se verificaron al menos 30 excarcelaciones, mientras se mantiene el monitoreo de otras posibles liberaciones.
Las medidas judiciales permitieron la salida de prisión de figuras vinculadas a partidos de la coalición opositora y sectores sindicales.
Lista de los presos políticos que fueron excarcelados el domingo 8 de febrero
– Perkins Rocha: abogado y representante del Comando Con Venezuela, quien permaneció un año y cinco meses detenido tras ser interceptado por funcionarios de seguridad el 27 de agosto de 2024.
A Rocha, quien contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a las irregularidades denunciadas durante las primeras semanas de su custodia, se le imputaron cargos de traición a la patria, conspiración y terrorismo.
La esposa del también asesor jurídico de la Plataforma Unitaria Democrática, María Constanza Cipriani, confirmó que Rocha recibió medidas cautelares “muy estrictas”, por lo que abogarán por su libertad plena.
En septiembre de 2024, el fiscal general Tarek William Saab vinculó al abogado, junto a los exdiputados Freddy Superlano y Biagio Pilieri con la divulgación del 83,5 % de las actas electorales de las presidenciales del 28 de julio, que el oficialismo tilda de falsas.
– Luis Somaza: dirigente de Voluntad Popular y exconcejal del municipio Baruta, quien se encontraba recluido luego desde el 12 de febrero de 2025 en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), conocida com El Helicoide.
Somaza fue aprehendido bajo acusaciones de conspiración y obstrucción de la justicia, en un contexto de operativos contra la dirección de su partido.
– Luis Tarbay: coordinador del equipo de organización en el exterior de Vente Mundo, quien se encontraba detenido desde diciembre de 2024 bajo cargos de financiamiento al terrorismo y asociación.
– Albany Colmenares y Nikoll Arteaga: ambas abogadas y secretarias políticas del partido Vente Venezuela en el estado Carabobo.
Colmenares y Arteaga permanecieron bajo custodia desde julio de 2025 tras ser vinculadas a delitos de obstrucción de la vía pública y asociación para delinquir durante operativos regionales.
Otras excarcelaciones del 8 de febrero
– Robert Franco: profesor, sindicalista y secretario general del Colegio de Profesores de Venezuela, seccional Carúpano, uno de los ciudadanos con mayor permanencia en el sistema penitenciario dentro de este grupo tras haber sido detenido el 26 de diciembre de 2020 en relación con la denominada «Operación Boicot», acumulando más de cinco años de privación de libertad hasta la emisión de su boleta de excarcelación.
– Jesús Armas: exconcejal de Caracas y director de la organización civil Ciudadanía sin Límites, procesado por instigación al odio tras su detención el 10 de diciembre de 2024.
– Aldo Rosso y Naomi Arnaudez: activistas de los partidos Voluntad Popular y Vente Venezuela, respectivamente.
Ambos fueron detenidos entre noviembre y diciembre de 2024. Rosso enfrentaba cargos por resistencia a la autoridad, mientras que Arnaudez fue procesada bajo leyes de delitos informáticos por la presunta difusión de información falsa.
Además de estas excarcelaciones, la cuenta de Twitter Realidad Helicoide confirmó que los ciudadanos María Oropeza, Dignora Hernández, Catalina Ramos, Ángel Luna y Liomary Espina también recibieron la medida con la que recuperaron su libertad.
Oropeza, directora del comando de campaña Con Venezuela en el estado Portuguesa, había sido detenida el 6 de agosto de 2024 en la ciudad de Guanare.
Su arresto fue transmitido en vivo a través de sus redes sociales, donde se documentó el ingreso de funcionarios de seguridad a su residencia sin orden judicial. Luego, la trasladaron a El Helicoide.
Los cargos imputados en su expediente se relacionan con instigación al odio y asociación para delinquir, derivados de su labor de movilización y denuncia durante el ciclo electoral de 2024.
A través de las redes sociales, se pudo observar el momento en el que se reunió con su madre tras su excarcelación.
“Cuánto deseaba darte este abrazo en libertad”, dijo Oropeza a su madre en el video que fue difundido en la cuenta de Twitter del Comando Con Vzla.
Hernández, secretaria política nacional de Vente Venezuela y exdiputada a la Asamblea Nacional, permaneció detenida desde el 20 de marzo de 2024.
Durante su reclusión, sus familiares y abogados denunciaron de forma recurrente el deterioro de su estado de salud, solicitando medidas humanitarias debido a patologías preexistentes. Su expediente judicial la vincula con presuntas tramas de conspiración y planes desestabilizadores.

Asimismo, Ramos, consultora y especialista en gestión de datos vinculada a los equipos técnicos de la Plataforma Unitaria Democrática, fue detenida en septiembre de 2024 tras el allanamiento de oficinas relacionadas con la auditoría de actas electorales.
Se le señaló de presunta participación en delitos informáticos y obstrucción de la justicia. Su caso fue monitoreado por organizaciones de derechos humanos debido a la opacidad en el acceso a su defensa privada durante los primeros meses de detención.
Previamente, también se conoció la excarcelación del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, tras más de ocho meses de prisión y luego de más de un año y medio de separación familiar.
Balance estadístico de las ONG
El proceso de excarcelaciones iniciado en enero de 2026 presenta variaciones en los registros, de acuerdo con la fuente.
En ese sentido, la Plataforma Unitaria Democrática reportó antes de las actuales excarcelaciones un total de 391 casos confirmados desde el 8 de enero de 2026.
Por su parte, el Foro Penal contabilizó 383 casos verificados antes de la jornada de este domingo. La organización estima que 687 ciudadanos permanecen privados de libertad por motivos políticos.
Mientras que el Ejecutivo sostiene que, desde diciembre de 2025, la cifra de personas liberadas con medidas cautelares asciende a 895, aunque no se han publicado los listados que identifiquen a cada beneficiario.
Estas liberaciones ocurren en el contexto de la propuesta de un proyecto de Ley de Amnistía en la Asamblea Nacional, anunciado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional.