• Rafael Calles, gobernador de Portuguesa, anunció que quienes infrinjan “el uso obligatorio” de las mascarillas deberán pagar 180 unidades tributarias (UT), equivalentes a 10 dólares. Foto principal: EFE

Cada vez son más los estados de Venezuela en los que imponen sanciones económicas a los ciudadanos que no usen tapabocas. El último en sumarse fue el estado Portuguesa. En medio de la segunda ola del covid-19 en el país, el gobernador de la entidad, Rafael Calles, anunció una multa de 180 unidades tributarias (UT), equivalentes a 10 dólares, a quienes infrinjan “el uso obligatorio” de las mascarillas. La medida se aplicará a partir del lunes 29 de marzo.

Esta última se trata de la multa más grande que se ha impuesto hasta ahora. Se trata de un costo equivalente a casi 11 salarios mínimos. Sin embargo, Calles aseguró este 7 de abril que «ese decreto es un acto de amor con nuestro pueblo», según AVN. Añadió que «no quisiera cobrar ni un bolívar».

De acuerdo con el gobernador chavista, 50% de los ingresos que recauden producto de las multas lo destinarán al sector salud de la entidad. El otro 50% irá para la seguridad, según detalló. No especificó cómo esperan hacer cumplir la medida, cuáles serán las zonas vigiladas ni quiénes serán los encargados de poner las multas.  

Hasta ahora, estas medidas sancionatorias han sido impulsadas desde gobernaciones o alcaldías afines al régimen de Nicolás Maduro.

Sucre: alcaldía y estado

Antes del estado Portuguesa, la última localidad que impuso este tipo de multas fue la Alcaldía de Sucre, en el estado Miranda. A través del decreto 03-20-2021, el alcalde José Vicente Rangel Ávalos fijó una sanción por 700 UT a quienes no utilicen tapabocas al circular por las calles del municipio mirandino.

La medida, que entró en vigencia desde el 23 de marzo, aplica para las cinco parroquias del municipio (Leoncio Martínez, Petare, Caucagüita, La Dolorita y Fila de Mariches). De acuerdo con una nota de prensa de la Alcaldía, las sanciones se aplicarán para evitar que se produzcan más contagios de covid-19.

“Tenemos que cuidar nuestras vidas, no puede ser que siempre tenga que intervenir las autoridades para imponer sanciones”, declaró Rangel Ávalos. Aseveró además que se vio obligado a tomar “acciones drásticas” debido a que muchos ciudadanos se resisten a cumplir las normas de bioseguridad en el municipio. La parroquia Petare, en el municipio Sucre, es una de las zonas del estado Miranda con más casos de covid-19. Esto según los reportes del régimen de Maduro.

La medida también contempla multas de hasta 1.700 UT para los transportistas que permitan abordar a pasajeros sin tapabocas en sus unidades. El monto es equivalente a Bs. 2.550.000, o 1,37 dólares a la tasa oficial.

Pero no todos optan por sancionar económicamente. La alcaldesa del municipio Bermúdez del estado Sucre, Nircia Villegas, anunció el 23 de marzo que las personas que sean detenidas sin tapabocas en las calles de Carúpano serán sancionadas con el cumplimiento de servicio comunitario.

Sin embargo, a pocos días de haberse aprobado, ninguna de las autoridades (ni del municipio mirandino ni del estado) han ofrecido detalles de cómo ha sido la aplicación de la medida, ni cuáles serán las formas de hacerla cumplir.

Vargas, el primero en poner multas

En mayo de 2020, la Gobernación del estado Vargas emitió una Gaceta oficial, así como la Ley de Convivencia y Bioseguridad. A través de ella se aplicarían multas de Bs. 2.000.000 a los conductores de unidades de transporte que excedan el máximo de cuatro pasajeros de pie; o que tuviera tripulantes sin tapabocas. No obstante, ante la relajación de la medida y el aumento de casos en la entidad, las autoridades optaron por reforzar la medida.

“Hemos visto con preocupación cantidades de personas en nuestro estado que aún se mantienen incrédulos ante la realidad de esta pandemia. Por tal motivo, el acto administrativo comporta la individualización como infractor y la aplicación de normas de convivencia y bioseguridad que van desde charlas de concientización hasta pago de multas”, dijo Pedro Rodríguez, procurador del estado. Sin embargo, no detalló si aumentaron los montos de esos pagos ni en qué casos se aplicarían las charlas.

De acuerdo con la Agencia Venezolana de Noticias (AVN), Rodríguez emplazó a los varguenses y visitantes del estado a cumplir con el uso del tapabocas y de otros protocolos de bioseguridad.  

Otros casos con poca aplicación

Aunque todos estos decretos imponen sanciones, en la práctica muchas de ellas no han sido ejecutadas o han sido olvidadas. En los primeros días de la cuarentena, en el año 2020, fueron varias las autoridades que anunciaron todo tipo de multas a particulares.

El 28 de marzo de 2020, Carmén Meléndez, entonces gobernadora del estado Lara, anunció que estaban “planificando (sic) acciones judiciales para fortalecer y radicalizar la cuarentena social”. Entre las sanciones que se consideran, referidas por Últimas Noticias, está el trabajo comunitario y la privación de libertad. El secretario de Seguridad, Martín Maldonado, aclaró que las acciones eran para las personas que desobedecieron en varias oportunidades, pero no precisó el número de veces.

Ese mismo año, Manuel Ferreira, alcalde de Lechería (Anzoátegui), impuso sanciones superiores a las 100 mil Unidades Tributarias Municipales (UTM) a quienes no cumplan con las medidas establecidas para evitar la propagación de la pandemia. Esto equivale a Bs. 7.500.000, o aproximadamente cuatro dólares.

De esta manera, las autoridades buscan reforzar las medidas de seguridad de forma obligatoria. No obstante, en un contexto de crisis económica severa, alguna de estas medidas podrían golpear a la población. 

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