• La alta comisionada de la ONU indicó que su oficina documentó menos muertes en el país que en años anteriores

La alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el nuevo informe sobre la situación de los derechos humanos (DD HH) en Venezuela. Durante su intervención, reiteró su preocupación por el hostigamiento contra medios de comunicación y personas defensoras de derechos.

Desde mayo de 2021 hasta abril de 2022, el equipo de Bachelet documentó 166 restricciones indebidas del espacio democratico y cívico, incluida la estigmatización, la criminalización y las amenazas contra las voces disidentes.

“La desacreditación de estos por medios de comunicación institucionales continúa”, subrayó.

Bachelet detalló que documentaron 34 casos de hostigamiento, censura y confiscación de equipos de medio de comunicación, así como casos de bloqueo de portales web de medios.

Sigue preocupando el uso de la legislación antiterrorista y la delincuencia organizada contra el trabajo de los defensores de derechos humanos y trabajadores de los medios de comunicación. Estas prácticas deben cesar”, afirmó. 

Además, indicó que aunque documentaron menos muertes en el contexto de las operaciones de seguridad que en años anteriores, “una muerte siempre es demasiado”.

En el contexto de las protestas pacíficas, la mayoría vinculadas a los derechos económicos y sociales, la representante de la ONU sostuvo que su oficina no documentó muertes y registró, en comparación con años anteriores, menos detenciones arbitrarias. 

Preocupación por las condiciones de detención

Entre mayo de 2021 y abril de 2022, el equipo de Bachelet visitó 21 centros de detención y realizó 259 entrevistas confidenciales a personas detenidas, incluidas 46 mujeres. “Quiero reconocer los esfuerzos por mejorar las condiciones de detención, incluso mediante la reducción del hacinamiento”, enfatizó.

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Comentó que continuaron abordando con las autoridades casos individuales sobre preocupaciones relativas a personas detenidas, incluyendo alegaciones de malos tratos y otras violaciones de derechos humanos. 

Bachelet puntualizó que ese trabajo ha contribuido a la liberación de 68 personas detenidas, incluyendo a 14 mujeres. Aproximadamente la mitad de estas personas fueron puestas en libertad condicional.

“Mantengo mis preocupaciones por las condiciones de detención en los centros de reclusión previamente administrados por los servicios de inteligencia: El Helicoide y Boleíta. Estos centros no son adecuados para tener personas privadas de libertad dado a los riesgos de malos tratos y detención incomunicada”, enfatizó.

Además, lamentó que ya no le permiten a su equipo en Caracas la entrada a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Boleíta o al Helicoide ni a otros centros de detención militar.

En este sentido, reiteró su pedido de que toda persona detenida arbitrariamente sea puesta en libertad plena de forma inmediata. 

Recordó que se le debe garantizar a todas las personas detenidas el derecho a una defensa de su elección y aquellos que necesiten atención médica, que la reciban de forma oportuna y adecuada.

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Foto: EFE

“Es importante fortalecer la independencia judicial”

La alta comisionada precisó que el fiscal general del régimen ha estado compartiendo información con la oficina sobre algunos casos bajo investigación. “En el espíritu de la actual cooperación confío que pronto se nos concederá acceso a las audiencias judiciales y continuaremos el diálogo sobre más casos”, aseveró.

Sobre el acuerdo con el régimen de Venezuela que anunció el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, para establecer una oficina en Caracas, la representante de la ONU señaló que su oficina está dispuesta a apoyar los esfuerzos nacionales para promover toda rendición de cuenta por violaciones de derechos humanos.

En cuanto a la reforma del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), afín al régimen de Nicolás Maduro, Bachelet destacó que notó las preocupaciones respecto a la reelección de algunos magistrados que contradecía las limitaciones constitucionales sobre un periodo único de 12 años.

“Es muy importante fortalecer la independencia judicial y la separación de poderes en Venezuela”, añadió.

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En línea con sus recomendaciones anteriores, exhortó a las autoridades a aumentar el nombramiento de una proporción más amplia de jueces titulares mediante un proceso público y transparente.

Bachelet respalda el diálogo 

La alta comisiona saludó la reciente creación de espacios de diálogo con la sociedad civil, incluidas las reuniones de alto nivel entre las autoridades y el foro cívico. “Estos espacios son fundamentales para lograr acuerdos genuinos y efectivos y deben protegerse”, agregó.  

Además, reiteró su apoyo al diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. Alentó su pronta reanudación de manera inclusiva, dando prioridad a la participación de la mujeres y enfocado en los derechos humanos.

“Dado que este es el último diálogo interactivo que presento sobre Venezuela, permítanme reconocer la cooperación que hemos construido en los últimos tres años, gracias a la confianza de las víctimas, la sociedad civil y las autoridades. A través de una mayor cooperación y compromiso estoy convencida de que se podrá contribuir a mejorar la situación de los DD HH en Venezuela”, concluyó.

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