En Perú la seguridad no solo es cosa de la Policía.
El Ejército realiza labores de seguridad ciudadana en las zonas declaradas en emergencia y existen cuerpos de seguridad no policiales, como las rondas campesinas, que abundan en el Perú rural, y los Comités de Autodefensa (CAD).
Surgidos en los años 80 del siglo pasado como mecanismo de defensa de las comunidades más aisladas del país contra las incursiones criminales de los movimientos armados de ultraizquierda Sendero Luminoso y MRTA, los CAD siguen operativos en la llamada zona de emergencia del Vraem (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro).
Tras la derrota de los insurgentes pasaron a un papel secundario, pero la reciente aprobación de una ley los refuerza al incorporarlos al sistema de seguridad ciudadana y darles facilidades para adquirir armas, lo que genera polémica.
Varios expertos han alertado de que la ley abre la puerta a la proliferación de armas en el país y a una potencial paramilitarización.
El gobierno de Pedro Castillo se opuso a la ley y el ministro de Defensa, Walter Gavidia, expresó su inquietud, compartida, según dijo, por el alto mando militar: «Los Comités de Autodefensa son probablemente en el futuro grupos paramilitares con consecuencias muy peligrosas».
Algunas rondas campesinas también se han mostrado en contra, y la Defensoría del Pueblo, en una comunicación remitida al Congreso, calificó de «inaceptable» la norma, porque supone «concederles atribuciones que son propias de la Policía y de las Fuerzas Armadas».
Para Ricardo Valdés, experto en seguridad y ex viceministro de Interior de Perú, «se está creando una policía paralela y eso es peligrosísimo en un país en el que operan numerosos grupos criminales».
Pese a las críticas, la ley fue aprobada con escasa oposición en el Congreso.
El proyecto de ley que fue aprobado cita en su exposición de motivos que la retirada del apoyo estatal y la desmovilización de los CAD dejó a las comunidades más alejadas de cualquier presencia policial o militar en la «indefensión ante los remanentes terroristas y el narcotráfico».
Algunas organizaciones que trabajan en zonas aisladas del país con indígenas que se enfrentan a la amenaza del narcotráfico y a la tala y la minería ilegales, han señalado que la ley favorecerá su autoprotección frente a lo que consideran inacción de las fuerzas de seguridad del Estado.
El asunto es particularmente espinoso en un país en el que las encuestas muestran un aumento de la preocupación por la delincuencia y el gobierno no parece capaz de encontrar una senda clara para combatirla.
Castillo nombró recientemente a su sexto ministro de Interior en los menos de 11 meses que lleva como presidente.
Keiko Fujimori, rival de Castillo en las últimas elecciones, ha acusado al gobierno de tener vínculos con Sendero Luminoso, una de las posibles razones del apoyo fujimorista a la polémica ley de los Comités.
Juan Carlos Ruiz, abogado de la organización civil IDL, le dijo a BBC Mundo que «el fujimorismo suele alimentar el miedo y apelar a la mano dura porque sabe que el recuerdo del terrorismo es un tema muy delicado en Perú».
BBC Mundo solicitó comentarios a las bancadas de Fuerza Popular (fujimorismo) y Avanza País, dos fuerzas parlamentarias que promovieron la ley en el Congreso, pero ambas declinaron responder. Quizás por la ola de críticas que ha suscitado, ni siquiera los congresistas que votaron a favor han explicado públicamente las razones de su apoyo.
Cómo nacieron los Comités de Autodefensa
La nueva ley define a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural (CAD) como «organizaciones de la población surgidas espontánea y libremente para desarrollar actividades de autodefensa de su comunidad contra la infiltración y ataques terroristas, la violencia generada por el tráfico ilícito de drogas y los delitos vinculados a la inseguridad ciudadana».
Su función es de «apoyo a la Policía Nacional del Perú y a las Fuerzas Armadas en las tareas de pacificación y seguridad».
Su origen se remonta a la década de 1980, cuando Perú vivía los «años del terrorismo» y comunidades indígenas en lugares aislados de la región de Ayacucho, donde no había presencia estatal, eran objeto de matanzas, violaciones y otros atropellos perpetrados por los militantes senderistas y emerretistas (del MRTA).
Las comunidades fueron organizando sus propios grupos de defensa, y el Ejército comenzó a proveerles de armamento con el que enfrentarse a los ataques.
En 1991 el plan se expandió a otras regiones y finalmente el entonces presidente Alberto Fujimori promovió su institucionalización con un decreto que establecía la entidad de los distintos grupos surgidos y regulaba su funcionamiento, que quedaba bajo la supervisión del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
La autodefensa más destacada fue la de los indígenas asháninka, que tomaron las armas para resistir los intentos de Sendero Luminoso de reducirlos a la esclavitud.
En 1992, la Policía peruana capturó a Abimael Guzmán y el resto de la cúpula de Sendero Luminoso, y la organización comenzó un rápido declive tras el que solo quedaron grupos minoritarios en algunas zonas del Vraem dedicados a prestar protección armada a las redes del narcotráfico que operan allí.
La persistencia de estos grupos ha hecho que la zona siga en estado de emergencia, pero con la decadencia senderista la mayoría de los comités fueron desactivados y el Ejército comenzó a recuperar las armas que les había suministrado.
Según Irupé Cañari, asesora legal de varias comunidades asháninkas en el Vraem, «con la desaparición de Sendero el rol de los comités ha ido evolucionando, pero siguen haciendo frente a amenazas como los grupos de narcotraficantes que se adentran en su territorio».
Américo Viscado, agricultor que está al frente de los 25 comités que operan en la zona del río Ene, en el Vraem, le dijo a BBC Mundo que «en la actualidad cada comité tiene unos siete miembros de entre 18 y 40 años; somos gente de la comunidad que trabaja para la comunidad sin ningún apoyo del Estado».
Cañari explica que «al desaparecer la amenaza principal de Sendero, muchos comités sintieron el abandono del Comando Conjunto» y cree que la nueva ley contribuirá a corregir el problema.
Qué dice la ley y por qué causa alarma
La ley remite en la letra y en el espíritu a los años de la lucha contra la insurgencia armada en Perú.
La excongresista de Fuerza Popular Valeria Valer, quien primero presentó el proyecto de ley, es hija del coronel Juan Valer, miembro de las fuerzas especiales peruanas muerto en 1997 durante la operación para liberar a los rehenes que el MRTA retuvo durante más de cuatro meses en la embajada de Japón en Lima.
Y el diputado Alejandro Muñante, de la formación conservadora Renovación Popular, dijo en su defensa de la ley en el Congreso que «es una forma de reivindicar a los excomités que lucharon por el país».
Pero el abogado Juan Carlos Ruiz, de la organización civil IDL, sospecha que pueden ser otros los motivos: «Este Congreso ha dado muestras de haberse convertido en un mero gestor de los intereses privados».
Aunque la ley remite a un reglamento que aún no se ha elaborado, varios puntos han provocado preocupación.
En primer lugar, se abre la puerta a que no sea el Estado el único proveedor de armas de los Comités, que ahora podrán también comprarlas o recibirlas como donación.
El exviceministro Valdés subraya que «cuando se intentó recuperar las armas que se habían entregado a los comités que habían combatido contra Sendero solo se entregaron entre un 30 y un 40%», y que ahora la situación puede empeorar.
Ruiz indica que «darles armas a civiles sin previa preparación es muy peligroso» y alerta de que grupos criminales puede encontrar atractivo armar a los comités a cambio de su lealtad.
Ruiz recuerda que en Perú ya se han producido enfrentamientos mortales entre grupos dedicados a la minería y teme que su país acabe siendo víctima de un paramilitarismo similar al que durante décadas ha golpeado a Colombia.
Uno de los más recientes y sangrientos fue el que dejó en junio 14 muertos en la provincia de Caravelí, en el sur del país.
La ley posibilita, además, que se establezcan Comités de Autodefensa también fuera de la zona de emergencia del Vraem.
Valdés ve esto especialmente preocupante porque «cualquier alcalde distrital va a poder tener una fuerza armada a su servicio», lo que agravaría el riesgo de enfrentamientos por recursos como el agua o los minerales, especialmente en una época en la que se han recrudecido los conflictos sociales en el país.
Además, la supervisión de los Comités fuera de la zona de emergencia del Vraem pasa ahora del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a las comisarías de la Policía Nacional del Perú, pero Valdés señala que «no habrá vigilancia suficiente porque en Perú hay unas 1.400 comisarías y casi 95.000 centros poblados».
Efectivamente, en la zona del Ene, que forma parte del Vraem, hay comunidades separadas por más de cuatro horas de navegación fluvial del puesto policial o militar más cercano.
Pero para Viscado, comandante de los comités que operan en la zona del río Ene, ese es precisamente un argumento a favor de la ley y de la necesidad de reforzar los comités, al menos en esta región de Perú.
«En la comunidad de Upa capturamos recientemente a unas personas con 500 kilos de cocaína, pero nadie vino a hacerse cargo de ellos cuando solicitamos apoyo a la Policía y al Ejército, por lo que al final tuvimos que soltarlos».
Según cuenta, esto causa gran inquietud en su comunidad asháninka, donde muchas familias temen que los jóvenes acaben engrosando las filas de los grupos armados dedicados al narcotráfico. Denuncia que policías y militares declinan responder a sus llamadas por el aislamiento del entorno en el que viven y el temor a caer en emboscadas.
«Nuestras armas son de los 1980 o 1990 y nos enfrentamos a grupos con armamento más moderno. Nosotros no tenemos botas, equipos de comunicación, ni vehículos», se queja Viscado.
«Los sembríos de coca avanzan en nuestro territorio y solo podemos defendernos con nuestras fechas artesanales. porque el otro armamento está en mal estado».
Él, que dice que sufrió amenazas del narco después de que sus comités firmarán un convenio con Devida, la agencia antidrogas peruana, piensa que la ley será «magnífica» porque ahora van a sentirse «mucho más respaldados».
Según Juan Carlos Ruiz, sin embargo, está lejos de ser una solución: «El Estado se lava las manos y deja que cada cual se encargue de su seguridad».
