Email
- La organización indicó que desde el año 2021 se han emitido varias gacetas a las que no se puede acceder por su página web ni consultarse en físico. La mayoría corresponde a gacetas extraordinarias, de las cuales se desconoce por completo el contenido de 13
La asociación civil Acceso a la Justicia denunció el 6 de diciembre de 2022 que existen al menos 18 gacetas oficiales que no han sido debidamente publicadas por el Estado venezolano desde 2021. Acotó que esto constituye una irregularidad y afianza la opacidad informativa por parte de los entes gubernamentales.
En su investigación Gacetas Oficiales perdidas, la organización hizo un recuento de las publicaciones, encontrando varias de las que no hay ningún rastro físico o virtual. Efectivamente, el equipo de El Diario pudo corroborar que las gacetas mencionadas no aparecen en la página web del Servicio Autónomo de Imprenta Nacional y Gacetas Oficiales (Saingo). En su sistema se salta de un número al siguiente sin mayores explicaciones. Tampoco se pueden encontrar en el portal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Pero no es la primera vez que ocurre. Entre 2018 y 2019, Acceso a la Justicia detectó otras 15 gacetas oficiales imposibles de consultar. Curiosamente, en febrero de 2022 entró en vigencia la nueva Ley de Publicaciones Oficiales, de la cual, con estas omisiones, se incumple su artículo 3. Este establece, entre otros principios, que las publicaciones oficiales deben regirse por la “transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública”.
¿Cuáles son las gacetas faltantes?
De las 18 gacetas oficiales faltantes, 10 fueron publicadas en el año 2021 y 8 en 2022. Igualmente, Acceso a la Justicia remarcó que 14 corresponden a gacetas oficiales extraordinarias. Es decir, decretos que, en teoría, tenían prioridad de publicación para su aplicación inmediata. En muchos casos, resalta que su existencia se supo debido a que su contenido es mencionado en gacetas posteriores.
Destacan dos leyes que fueron publicadas en gacetas extraordinarias que jamás se publicaron. La primera es la N° 6.670, con fecha del 20 de diciembre de 2021, y que contiene la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2022. La segunda es la N°6.671, de misma fecha, en la que aparecía la Ley Especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Económico Financiero 2022.
Estas leyes se conocieron el 29 de diciembre de 2021, debido a una remisión que aparece en el sumario de la Gaceta Oficial ordinaria N°42.280. Ambas debieron ser debatidas y aprobadas por la Asamblea Nacional afín al oficialismo; sin embargo, al revisar su página web, solo aparece haber una entrada sobre la Ley Especial de Endeudamiento. Allí se da constancia de que se sancionó el 14 de diciembre, pero no hay información de la comisión que la elaboró ni de la gaceta en que se publicó. Al intentar consultar su contenido, no arroja ningún resultado.
Otro caso particular que la organización encontró fue el de la Gaceta Oficial extraordinaria N°6.631, del 7 de junio de 2021. De esta se supo porque, debido a un error material, fue reimpresa en la gaceta ordinaria N° 42.165, del 9 de julio. En este texto estaba el decreto presidencial N°4.519, en el cual se ordenó a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) trasladar a los presos de sus sedes, en su mayoría presos políticos, a cárceles comunes bajo administración del Ministerio de Asuntos Penitenciarios.
Las gacetas fantasmas
Fuera de esos tres casos importantes, las otras gacetas de las que se tiene noción de su contenido fueron la N°6.632 extraordinaria, del 6 de agosto de 2021. En ella se hacía una exoneración de importación y valor agregado a una serie de mercancías y sectores económicos. También la gaceta ordinaria N°42.205, del 3 de septiembre de 2021, de la cual solo se publicó el sumario, más no el resto del texto. Este error aparece también en su versión en el portal del TSJ y otras fuentes de consulta en línea.
Pero una de las cosas más llamativas para la organización son las gacetas fantasmas. Reportó que existen 13 de los cuales no se tiene ningún tipo de rastro. No aparecen en ningún sistema y desconoce por completo su contenido o fecha de publicación. Como si el archivo simplemente hubiera saltado varios números sin justificación. Alertó además que estos textos se intensificaron tras la entrada en vigencia de la Ley de Publicaciones Oficiales.
Estos serían:
– GO extraordinaria N°6.621. Se estima que pudo emitirse entre el 20 de abril y 1° de mayo de 2021.
– GO extraordinaria N°6.662. Se estima que pudo emitirse entre 4 y 11 de noviembre de 2021.
– GO ordinaria N°42.249. Se estima que pudo emitirse el 5 de noviembre de 2021
– GO ordinaria N°42.253. Se estima que pudo emitirse el 11 de noviembre de 2021.
– GO extraordinaria N°6.681. Se estima que pudo emitirse entre el 30 de diciembre de 2021 y el 14 de enero de 2022.
– GO extraordinaria N°6.682. Se estima que pudo emitirse entre el 30 de diciembre de 2021 y el 14 de enero de 2022.
– GO extraordinaria N°6.694. Se estima que pudo emitirse entre el 1° y el 27 de mayo de 2022.
– GO extraordinaria N°6.695. Se estima que pudo emitirse entre el 1° y el 27 de mayo de 2022.
– GO extraordinaria N°6.706. Se estima que pudo emitirse entre el 8 de junio y el 1° de julio de 2022.
– GO extraordinaria N°6.707. Se estima que pudo emitirse entre el 8 de junio y el 1° de julio de 2022.
– GO extraordinaria N°6.708. Se estima que pudo emitirse entre el 8 de junio y el 1° de julio de 2022.
– GO extraordinaria N°6.715. Se estima que pudo emitirse entre el 26 de julio y el 24 de agosto de 2022.
¿Qué pasa con su contenido?
Acceso a la Justicia enfatizó en que ninguna de estas leyes, conocidas o no, tiene validez legal hasta que sean debidamente publicadas por sus mecanismos regulares. Para esto se amparó en el artículo 215 de la Constitución, que establece que una ley solo entrará en vigor una vez que salga en Gaceta Oficial.
La Ley de Publicaciones Oficiales también deja en claro esto en sus artículos 8 y 10. En su artículo 9, aclara además que la Gaceta Oficial debe acogerse en un sistema mixto que comprenda tanto su publicación en físico, como en una versión digital y automatizada. Al ser un documento de carácter público, ambos formatos deberán tener exactamente el mismo contenido. Por ese motivo, es difícil que no exista un respaldo digital del material publicado.
“La contravención de esta disposición generará responsabilidad civil, administrativa y penal, según corresponda”, agrega la ley. Actualmente la publicación y normativa de la Gaceta Oficial y del Saingo son jurisdicción de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República.
La asociación indicó que no solo las leyes dependen de su registro en la Gaceta Oficial. “Las sentencias del TSJ que establecen criterios vinculantes, así como las decisiones que adopte la Sala Plena o la directiva del organismo, también deben aparecer en esta publicación. Lo mismo que los actos del Consejo Moral Republicano o del Consejo Nacional Electoral (CNE). Sin el cumplimiento de este formalismo se puede asumir que el acto o decisión no tiene valor legal”, aseguró.
Opacidad oficial
Para Acceso a la Justicia, desde hace años el Estado venezolano se ha caracterizado por su falta de transparencia al momento de dar información que debería ser de dominio público. De hecho, mencionó que en el Índice de Estado de derecho del World Justice Project 2022, Venezuela ocupó el puesto 137 de 140 en la categoría de gobierno abierto. Tuvo la peor calificación del continente, y solo superó a Irán, Camboya y Egipto.
La evidencia de esto se ve en que, desde 2017, el régimen de Nicolás Maduro no rinde cuentas sobre el presupuesto nacional, el cual ni siquiera contaba con la aprobación de la Asamblea Nacional. Por otro lado, el Banco Central de Venezuela (BCV) se reservó la divulgación de los indicadores económicos del país, tales como el índice de inflación o el producto interno bruto (PIB). Aun en la actualidad, pese a que retomó su obligación constitucional de publicar esta información, todavía se reserva datos o los libera con retrasos.
En el Poder Judicial existe una situación similar. La organización encontró que de 18 fallos emitidos por el TSJ entre 2020 y 2021, apenas nueve fueron publicados en su página web, uno de ellos de manera tardía. Todos estaban relacionados a la ratificación de los decretos de emergencia económica y de alerta sanitaria por la pandemia de covid-19, emitidos por Nicolás Maduro y cuya sanción era competencia de la AN. Agregó que el órgano judicial tampoco publicó nunca las sentencias sobre las medidas cautelares que, desde enero de 2019, presuntamente han emitido contra el presidente interino, Juan Guaidó.
“La institucionalización de la no publicación de todos los números de la Gaceta Oficial es un paso más en el cierre de las fuentes de información pública. No se puede ignorar que, pese a la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público, su contenido es letra muerta. Tanto los funcionarios administrativos como la justicia se niegan a aplicarla y así facilitarle a los ciudadanos acceder a datos en poder del Estado”, razonó.
