• El informe de seguimiento de la emergencia humanitaria compleja arrojó que las deficiencias en los servicios básicos, así como la pérdida del poder adquisitivo hacen que 20,1 millones de venezolanos requieran asistencia y protección humanitaria

La emergencia humanitaria compleja, aunque es un término que pareciera evocar a 2019 y los años más agudos de la crisis venezolana, sigue siendo una realidad para millones de personas en el país. Un problema que, durante el año 2023, recobró fuerzas pese a las esperanzas de recuperación económica pronosticadas por varios expertos.

Precisamente desde 2019 la plataforma independiente Hum Venezuela ha estudiado la evolución de este fenómeno. Bajo esta premisa, el 8 de enero publicó su 4° Informe de seguimiento a la emergencia humanitaria compleja en Venezuela. Esta evaluación, realizada con el apoyo de diferentes organizaciones aliadas, mide su impacto en la población basado en las normas de derecho internacional.

El proceso de documentación para el informe partió de un sistema de monitoreo y recopilación de datos proveniente de más de 1.000 fuentes nacionales e internacionales. También de una encuesta realizada entre julio y agosto de 2023 en 11 mil hogares en 20 estados del país.

En su estudio, Hum Venezuela encontró que alrededor de 20,1 millones de venezolanos requieren asistencia y protección en algunas de las aristas de la emergencia humanitaria. De este número, se estimó que 14,2 millones de personas experimentaron necesidades más críticas, mientras 4,2 millones llegaron a un estado severo de vulnerabilidad.

Después de una leve recuperación económica posterior al confinamiento en 2021 y 2022, entre los años 2022 y 2023 aumentó 1,1 millones el número de personas con necesidades críticas y en 1,6 millones el número de personas con necesidades severas”, alertó.

Condiciones de vida

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Fotografía de archivo. Foto: EFE/Miguel Gutiérrez

El informe de la plataforma desglosó la situación humanitaria de Venezuela en cinco sectores o puntos de interés. Uno de ellos fue la calidad de vida, en el cual se midieron problemas como la pobreza general, extrema y multidimensional; el acceso a servicios básicos; movilidad, comunicación e información; violencia y abusos de poder; y migración forzada.

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De acuerdo con el estudio, de una población estimada de 28,8 millones de personas en el país, el 94,4 % no cuenta con ingresos suficientes para adquirir los bienes y servicios de la canasta básica, lo cual los sitúa dentro del umbral de la pobreza. De igual forma, el 69,6 % de la población experimenta condiciones de pobreza multidimensional. 

“La pobreza multidimensional está caracterizada por severas privaciones concurrentes, en las cuales la reducción de los ingresos y su bajo poder adquisitivo, además de las fallas severas de acceso continuo a servicios básicos tuvieron contribuciones significativas. Hasta agosto de 2023, los hogares reportaron una mediana de ingresos equivalente a 102,5 dólares mensuales. Estos ingresos representaban apenas $3,4 al día y menos de un $1 por persona al mes, con los cuales los hogares debieron afrontar gastos esenciales a costos superiores en más de un 80 %”, señala el texto.

Agregó que debido a estas deficiencias, durante 2023 al menos 9,3 millones de personas, el 32,1 % de la población, recurrió a trabajos informales o precarios para poder subsistir. Igualmente, alrededor de 5 millones terminaron en trabajos riesgosos para su integridad o su vida, incluyendo actividades ilícitas como la explotación de recursos naturales, o incluso la trata de personas.

Servicios básicos

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Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez

En términos generales, el informe señala que al menos el 68,2 % de la población sufrió deficiencias o interrupciones en los servicios básicos de su hogar. El más recurrente fue la electricidad, pues el porcentaje de población afectada pasó de 25,9 % en 2022 a 61,9 % en 2023. La organización aseguró que la caída en la capacidad eléctrica del país se estima en un 80 %, con más de 230 mil apagones registrados durante el año en todo el país.

Otro servicio que sufrió un deterioro considerable fue el transporte público. Estimó que el 70 % de las unidades de transporte lleva varios años inoperativas, en gran parte por las fallas en el abastecimiento de combustible. Por esto, 28,1 % de los encuestados reportó no tener ningún tipo de transporte en sus comunidades, mientras que el 49,4 % empeoró su situación de pobreza e inaccesibilidad a bienes y servicios esenciales debido a la falta de movilidad.

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En cuanto al gas doméstico, 87,8 % de la población depende del suministro de bombonas al no contar con gas directo en sus hogares. Durante 2023 la disponibilidad de bombonas mejoró, ya que el déficit se redujo de 71,6 % a 69,4 %. No obstante, para un 13,5 % de la población este servicio es inexistente, por lo que recurre a otras fuentes como leña, gasoil o carbón para cocinar.

Agua y saneamiento

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Personas recogen agua de un hidrante de incendios en Caracas. Foto: EFE/Miguel Gutiérrez

La crisis hídrica es un problema que para Hum Venezuela amerita su propio apartado fuera del de los servicios públicos. Indicó que durante 2023 esta situación se agravó, con una caída del 60 % en la cantidad de agua distribuida, y del 90 % en el funcionamiento de la infraestructura, equipamiento y sistemas de control de calidad del agua. En parte derivado de la misma deficiencia en el servicio eléctrico, esto no solo ha afectado el abastecimiento, sino también los niveles de contaminación del agua que llega a los hogares.

El estudio señaló que actualmente cerca de 19,9 millones de venezolanos, (69,1 %) de la población, poseen restricciones severas de acceso al agua. De esta cifra, el 12,4 % reportó que por los racionamientos recibe agua una vez a la semana, mientras un 16,9 % pasó dos meses o más sin servicio. De igual modo, existe un 23,6 % de la población que ni siquiera está conectada a la red de acueductos, principalmente en zonas con pocas infraestructuras urbanas.

Debido a la escasez de agua, un 86 % de la población recurrió a fuentes alternativas, un aumento respecto al 75,9 % de 2022. Este incremento también se reflejó en la compra de botellones (de 41 % a 48,9 %) o el uso de camiones cisternas (de 14,7 % a 16,9 %). También la construcción de pozos subterráneos (de 10,7 % a 18,2 %), bien sea comunitarios o en residencias privadas. 

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Además subieron los reportes de personas que se abastecen de fuentes como ríos y manantiales. “Con el incremento extraordinario de la frecuencia de lluvias en el país durante casi todo el año, creció además, de 0,9 % a 20,9 %, el uso de la captación de aguas pluviales”, agregó.

Alimentación

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Foto: Víctor Salazar @adrianproducer_

Los investigadores de Hum Venezuela señalaron que si bien la disponibilidad de alimentos mejoró respecto a años anteriores, la inseguridad alimentaria sigue siendo un problema delicado en el país. Esto pues aunque los anaqueles ya no lucen vacíos, la situación económica es ahora la que impide a muchas familias cubrir sus necesidades nutricionales.

En 2023, un 91,6 % de los hogares consultados debió recurrir a diferentes estrategias de sobrevivencia como aumentar su carga laboral o reducir otros gastos para poder rendir el presupuesto destinado a comida. El informe añade que 87,6 % de los hogares desmejoró la calidad y variedad de sus alimentos, y 83,6 % no logró adquirir la totalidad de los productos de la cesta básica por su alto costo. 

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Los índices de inseguridad alimentaria, aunque mantuvieron cifras similares a los de 2022, presentaron niveles de privación y hambre que la organización consideró “inaceptables”. Estimó que de las 13 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria, al menos 10,3 millones están en inseguridad moderada, es decir, que pasaron hambre durante ciertos períodos. Por su parte, 2,7 millones de personas han pasado hambre de forma permanente, cayendo en inseguridad alimentaria severa. Esto representa un 9,5 % de la población del país.

Como consecuencia de estas dificultades, se registró que 1,4 millones de niños y niñas menores de cinco años de edad presentan algún tipo de déficit nutricional o riesgo de tenerlo. “Dentro de este total, en 2023 se estimaba un 9,5 % de niños y niñas con desnutrición aguda y 35,4 % con desnutrición crónica, por retardo de crecimiento en talla para la edad”, aporta.

Salud y educación

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Foto: EFE/Rayner Peña

Una de las caras más visibles de la crisis humanitaria compleja de Venezuela siempre ha sido la situación de sus hospitales. En 2022 la crisis del sector salud cumplió una década, y para el año 2023 los centros de salud todavía se mantenían con apenas un 20 % de su capacidad. El informe señala que esto ha sido un problema para 4,2 millones de personas con problemas de salud graves y que no cuentan con atención médica de ningún tipo.

En 2023, se agravó la pérdida de servicios de atención médica para un 69,9 % de la población, en un 54,8 % sin recursos económicos para afrontar los gastos mínimos de una enfermedad y en un contexto donde prácticamente desapareció la protección financiera a través de los múltiples sistemas de seguridad social y los seguros privados”, dice el estudio.
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Foto: EFE

Por su parte, la situación del sistema educativo, que también afronta problemas estructurales de larga data, tampoco es alentadora. “El sistema educativo, incluyendo la educación básica, enfrenta una acentuada desinstitucionalización, junto con múltiples carencias de planes de estudio, una infraestructura deteriorada sin servicios adecuados, la falta de dotación y de asistencia social a estudiantes y docentes”, explica Hum Venezuela.

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Esto se traduce en que para 2023, más de 3,4 millones de niños, niñas y adolescentes de hasta 17 años de edad asistan a clases de forma irregular. Además de registrarse 871.678 jóvenes no escolarizados y 581.118 que abandonaron los estudios por diferentes razones, como la pobreza, inseguridad o falta de transporte. A esto se sumó el deterioro en el servicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE), el cual dejó de funcionar en varias instituciones, afectando a cerca de 3,7 millones de estudiantes.

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