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- Con esta decisión del supremo afín al régimen, la tolda naranja pierde su actual directiva, así como también ocurrió con los partidos Primero Justicia y Acción Democrática
Este 7 de julio la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del régimen de Nicolás Maduro decretó medida cautelar de “tutela constitucional” para suspender a la actual directiva del partido político Voluntad Popular (VP) integrada por Leopoldo López, Emilio Graterón y Roland Carreño.
Según la sentencia N° 077-2020, se designó una junta directiva ad-hoc para la tolda naranja que estará presidida por José Gregorio Noriega Figueroa.
La directiva de VP, impuesta por el TSJ oficialista, estará conformada además por Guillermo Antonio Luces Osorio, como secretario general; y Lucila Ángela Pacheco Bravo como secretaria de organización.
De acuerdo con el texto, estos ciudadanos podrán cumplir las funciones directivas y de representación de Voluntad Popular, así como la designación de autoridades regionales, municipales y locales.
Además, la junta ad-hoc, según el fallo:
Podrá utilizar la tarjeta electoral, el logo, símbolos, emblemas, colores y cualquier otro concepto propio de Voluntad Popular, además, se suspenden de manera provisional los actos de expulsión o exclusión partidista, suspensión, entre otros, efectuados por los directivos de la dirección nacional política de dicha organización con fines políticos contra sus militantes y, específicamente, las que recaen sobre los ciudadanos accionantes”.La decisión se produjo luego de que la Sala Constitucional admitiera una acción de “amparo constitucional” de Noriega Figueroa y Pacheco Bravo.
Respuesta de Leopoldo López
Después de conocer la medida del TSJ oficialista, el líder de Voluntad Popular expresó que ningún activista del partido “descansará hasta ver libre a Venezuela”.
A continuación, la nota de prensa de Leopoldo López:nnLuego de conocerse de manera oficial la decisión del tribunal supremo de la dictadura de tratar de imponerle al partido político Voluntad Popular una nueva junta directiva, Leopoldo López, líder y responsable nacional de la organización, reaccionó a través de su cuenta Twitter resaltando que la acción de “narcotraficantes solicitados por la justicia internacional” y de “los culpables de tantas muertes y del sufrimiento de inocentes”, no hacen más que reafirmar que los activistas de Voluntad Popular están del lado correcto de la historia.nnLa junta directiva que pretende imponer el tribunal supremo de la dictadura tiene la clara intención de usurpar los símbolos del partido para participar en el proceso electoral anunciado por el Consejo Nacional Electoral para el próximo mes de diciembre, ante eso, Leopoldo López afirmó que “nuestra postura es que no se puede luchar por elecciones libres, participando en fraudes y farsas electorales organizadas por quienes buscan callar la voluntad popular” y que por ello, “Voluntad Popular no convalidará la farsa electoral que la dictadura planea hacer para generar más frustración y descredito en el voto”.nnAseguró López que la lucha de su partido “sigue de manera firme, a pesar de los peligros y hasta las últimas consecuencias. Desde El Nula hasta Tucupita, desde Caracas hasta Puerto Ayacucho, desde la cárcel o el exilio, ningún activista de Voluntad Popular descansará hasta ver libre a Venezuela.”nnFinalmente, López concluyó diciendo que “La Dictadura buscó por todos los medios tratar de doblegarnos para que cayéramos en su chantaje y que convalidáramos el fraude electoral. Pero no pudieron ni podrán, así nos declaren terroristas o traten de robar nuestras siglas.”nSobre José Gregorio Noriega Figueroa
Es diputado a la Asamblea Nacional por el estado Sucre. El 19 de diciembre de 2019 fue expulsado de las filas de Voluntad Popular por su presunta vinculación con la denominada “Operación Alacrán”.
La presunta trama de corrupción implicó la supuesta compra de la voluntad de varios diputados opositores para intentar –sin éxito– restar los votos necesarios para la reelección de Guaidó como presidente de la AN el pasado 5 de enero. Entre los parlamentarios implicados destacan Conrado Pérez, Luis Brito y Luis Parra.
El 24 de enero de 2020 Noriega Figueroa impugnó ante el TSJ oficialista su expulsión de Voluntad Popular al señalar que la medida constituía una violación de sus garantías constitucionales, específicamente la que atañe a la presunción de inocencia y el derecho a la legítima defensa.
El político militó por más de seis años en la tolda naranja, pero anteriormente perteneció a las filas de Un Nuevo Tiempo (UNT).
Guillermo Luces, el denominado “abogado de los pobres”
El recién designado secretario general de la directiva ad-hoc de Voluntad Popular fue expulsado de ese partido el 1 de diciembre de 2019 por su presunta implicación en la “Operación Alacrán”.
Se desempeña como diputado a la Asamblea Nacional por el estado Aragua, de donde es oriundo.
En el año 2000 formó parte de Primero Justicia y después se postuló sin éxito a las parlamentarias de 2010 por los partidos político Opina, Unidos y Movimiento Laborista.
Para 2015 –cuando la oposición logró la mayoría en el Parlamento– Luces logró un puesto en el legislativo mediante el partido VP como suplente de Ismael García.
Se desempeñó como integrante de la Comisión de Contraloría de la AN y diputado del Parlasur.
Luces es director general de las Oficinas Jurídicas Populares del estado Aragua, espacios donde ofrece asesoría legal de forma gratuita y motivo por el cual se coloca en redes sociales el epíteto de “abogado de los pobres”.
Lucila Ángela Pacheco Bravo, una antigua integrante del PSUV
La recién nombrada secretaria de organización ad-hoc de Voluntad Popular se desempeña como educadora. Es natural del municipio Colón del estado Zulia e ingresó a la Asamblea Nacional como cuarta suplente del Partido Socialista Unido de Venezuela.
Cuando el denominado “Bloque de la Patria” abandonó sus curules en el Poder Legislativo al considera que se encontraba en desacato, Pacheco Bravo también se retiró; sin embargo, el 10 de julio de 2018 solicitó su reincorporación y se declaró como independiente.
La diputada había solicitado incorporarse a la Asamblea Nacional desde el 13 de julio de 2017.
Otros partidos del G4 que han perdido sus directivas
El 16 de junio Primero Justicia (PJ) se unió a la lista de partidos opositores al régimen de Nicolás Maduro intervenidos judicialmente, luego de que el TSJ afín al chavismo suspendió a la actual dirigencia nacional del partido, presidida por Julio Borges, y designó una mesa directiva ad-hoc encabezada por José Brito.
24 horas antes una sentencia similar despojó de su directiva al partido político Acción Democrática (AD) presidida por Henry Ramos Allup, y designó una mesa directiva ad-hoc encabezada por José Bernabé Gutiérrez.
A través de la sentencia 0071-2020, el supremo oficialista aseguró que la medida es “para llevar adelante el proceso de reestructuración necesario” de la tolda blanca con un nuevo presidente, un secretario general nacional y un secretario nacional de la organización “que cunplan las funciones directivas y de la organización política”.
CNE del régimen busca elecciones a toda costa
El 30 de junio el Consejo Nacional Electoral designado por el TSJ –contrario a lo establecido en la Constitución de la República– incrementó el número de curules en la Asamblea Nacional de 167 diputados a 277.
Un día después anunció el cronograma electoral y fijó para el 6 de diciembre de 2020 las elecciones parlamentarias.
De igual forma, indicó que la actualización del Registro Electoral se realizará del lunes 13 de julio al domingo 25 de julio; la campaña electoral se realizará del 21 de noviembre al 5 de diciembre.
