Como parte de su rutina como paciente de VIH, Miguel* fue a hacerse unos exámenes y a recoger sus antiretrovirales al hospital la semana pasada. Pero, tras años de tratamiento, esta vez no lo atendieron.
«Me dijeron que estaba incurriendo en falsa identidad, que tenía que hablar con la Registraduría (…) fui para allá y me dijeron que sí, que mi cédula estaba anulada porque mi apostilla era falsa», declara.
Como él, unos 43.000 migrantes venezolanos que obtuvieron la nacionalidad colombiana en los últimos años se enteraron este mes, sin previo aviso, que la Registraduría, el ente gubernamental encargado de las identificaciones en Colombia, les anuló la cédula.
BBC Mundo conoció casos de personas que fueron a sacar plata del banco, les negaron la transacción y llevan semanas sin dinero; que les inmovilizaron el carro y para poder sacarlo sin cédula les cobraron una millonada; que fueron detenidos por 36 horas; que no los dejaron volver a entrar al país; que no han podido registrar a sus hijos ni llevarlos al médico tras cuatro meses de nacidos.
El director nacional de Registro Civil, Rodrigo Pérez, explica: «Hicimos una verificación que nos tomó 6 meses, que contó con 450 analistas, de casi 300.000 registros de extranjeros y encontramos novedades en 43.000 de ellos, sobre todo en lo que se refiere a la apostilla«.
La apostilla es un certificado otorgado por el Estado de un país para que un documento sea válido en otro. Conseguirlos en Venezuela es, al menos, una hazaña.
«Años trabajando y ahora esto»
De los seis millones de venezolanos que salieron del país por la crisis en los últimos años, un tercio vinieron a Colombia, entre otras razones porque muchos son hijos de colombianos que migraron a Venezuela por la violencia en los 80 y 90.
Pero hacerse colombianos no resultó precisamente fácil: en ambos países, los trámites para sacar y legalizar documentos requieren tiempo, esfuerzo y dinero.
Y para estos 43.000 venezolanos nacionalizados parece que la odisea no terminó cuando les entregaron su cédula: ahora, según Rodrigo Pérez, no tienen otra opción que volver a registrarse como si acabaran de migrar. Con la diferencia de que, ahora, la relación consular entre los dos países es casi nula.
«Me siento impotente y no tengo qué hacer», dice un migrante que, como muchos, pagó a un gestor en Venezuela para conseguir la apostilla.
«No estoy saliendo de mi casa por miedo de que me arresten», indica otro que se registró, al igual que muchos migrantes, sin apostilla gracias a un decreto presidencial de 2016 que flexibilizaba ese requisito.
Todos tienen una historia frustrante y en su opinión injusta: ninguno dice haber falsificado documentos, pero tienen una razón por la cual no sacaron la apostilla de manera formal.
«Es que así funcionan las cosas en Venezuela, y un poco también en Colombia», dice María Carolina Sánchez, cuyo hijo está entre los afectados. «Todo tema legislativo en estos países es sinónimo de mucho trámite, mucha espera y mucho dinero que casi nadie tiene».
«Duramos años trabajando para sacar esta nacionalidad y ahora esto, de verdad, nos dejó devastados», añade.
«Sin país por un burócrata»
Gabriela Arenas, directora del Taller De Aprendizaje Para Las Artes Y El Pensamiento, una fundación que apoya poblaciones vulnerables, dice que el Estado colombiano está incumpliendo el derecho constitucional a la identidad.
«Inicialmente me pareció un proceso lógico, verificar documentos es normal, pero otra cosa es cancelarle la cédula a miles de personas sin notificarles ni a ellos ni a los consulados ni a migración ni a la registraduría«, señala la activista de doble nacionalidad.
Según ella, las diferentes entidades del Estado que ejecutan la política de la Registraduría «están desarticuladas, resultando en un drama muy fuerte para mucha gente».
«Más que un problema administrativo o político, este es un tema humano que las autoridades están desconociendo», señala.
Millones de venezolanos emigrantes se han ido quedando sin los papeles de su país durante los últimos años debido a las complicaciones para renovar pasaportes y cédulas.
«Si ya el duelo migratorio es durísimo de superar, ahora los migrantes llegan a este país, al que vienen a trabajar y a ponerse la camiseta de la selección (de fútbol), y unos meses después ven que por segunda vez se quedaron sin país por culpa de un burócrata«, concluye Arenas.
«No hay otra opción»
La Registraduría, sin embargo, se acoge a lo administrativo: «Los documentos que fueron anulados no tienen otra opción que volver a ser inscritos. Si se registró con un documento con apostilla falso, debe volverse a inscribir con un documento con apostilla legítimo», señala Pérez.
En vísperas de unas elecciones legislativas y presidenciales en Colombia este año, la Registraduría ha sido objeto de varias denuncias sobre cambios en los sistemas de conteo, problemas en el registro de cédulas para votar e incentivos dentro del ente para favorecer el proselitismo político.
El registrador nacional, Alexander Vega, ha dicho que «el manto de duda del fraude electoral no es cierto. El que no sienta garantías o crea que le harán fraude, pues no debería presentarse. Las garantías están dadas».
El gobierno de Iván Duque, además, defiende su política migratoria con la regularización de casi 500.000 venezolanos a través de un estatuto temporal de 10 años que les permite trabajar y acceder a servicios, entre otras cosas. Aunque no les sirve para votar.
Muchos de los colombo-venezolanos afectados por la depuración de cédulas han intentado presentar recursos de reposición, pero para algunos los 10 días que da la ley para hacerlo pasaron incluso antes de que se enterasen de la anulación.
Otros también están intentando volverse a inscribir, pero se encuentran con que, según Arenas, «los mandan a un abogado amigo del registrador (regional) o les piden una apostilla que es imposible sacar en Venezuela».
Durante varios años la apostilla en Venezuela fue un trámite mediado por mafias, citas que daban con meses o años de anticipación y una página de internet que solo funcionaba en la madrugada. El gobierno colombiano emitió decretos para omitir la apostilla si se presentaban testigos. En Venezuela reformaron el sistema.
«Pero yo ya no sé qué es lo que aplica y cuánto voy a tener que pagar en Venezuela, en dólares, para sacar eso», dice Miguel, el paciente de VIH cuyo tratamiento depende de unas medicinas que lleva tres semanas sin tomar.
Oriundo de la Guajira, un desierto que comparten los dos países, Miguel ahora pasa sus días saltando de un país al otro en busca de los documentos que le piden.
«No tengo otra opción, mi vida depende de esto, es mi salud».
