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- La organización Amnistía Internacional mostró su preocupación sobre las condiciones en las que se encuentra detenido Javier Tarazona, director de FundaRedes. Foto: EFE
La organización Amnistía Internacional presentó este martes 29 de marzo su informe anual de 2021. El organismo dedicó un espacio especial para debatir la situación de derechos humanos en Venezuela.
El informe destaca cómo la política represiva del Estado venezolano se transformó en en medidas de criminalización en contra de los activistas y defensores de derechos humanos. La presentación se enfocó principalmente en las condiciones en las que se encuentra detenido Javier Tarazona, director de FundaRedes, desde el 2 de julio de 2021.
Las ejecuciones extrajudiciales, las muertes bajo custodia y las torturas a presos políticos fueron algunas de las violaciones de derechos humanos más graves que documentó el organismo. Sin embargo, también dieron relevancia a los obstáculos que impone el Estado para ejercer derechos sexuales y reproductivos, de libertad de expresión, a la salud y a la alimentación.
La discrimanción que sufren mujeres, personas de la comunidad LGBTIQ+, comunidades indígenas y habitantes de estados fronterizos también las expusieron quienes ejercen el monitoreo de Amnistía Internacional dentro del país.
Preocupación por la situación de Javier Tarazona
Clara Ramírez, activista de FundaRedes, ofreció detalles sobre las condiciones en las que se encuentra detenido Javier Tarazona.
El director de FundaRedes fue detenido arbitrariamente el 2 de julio de 2021. Esto luego de ser abordado por funcionarios de seguridad del Estado en la sede del Ministerio Público en el estado Falcón. Durante su detención, la salud del abogado ha estado en constante deterioro.
La abogada explicó que Javier Tarazona, al igual que Rafael Tarazona y Omar de Dios García (ambos activistas de la ONG), no tienen una fecha de audiencia de juicio. Denunció que el tribunal que lleva la causa no cumple con el debido proceso establecido en las leyes venezolanas.
Ramírez detalló que en ocasiones el director de FundaRedes ha sido sometido a torturas. Especificó que las amenazas, la asfixia mecánica y la exposición a sustancias estupefacientes para manipular su voluntad son algunos de los tratos crueles denunciados por su familia y miembros de FundaRedes.
La activista lamentó que el caso de Tarazona se haya convertido en un ejemplo de la criminalización e intimidación a los defensores y trabajadores humanitarios en Venezuela.
Obstáculos para la defensa de derechos humanos
Valentina Ballesta, activista de Amnistía Internacional en Venezuela, aseguró que la crisis de los derechos humanos en el país se agravó durante el año 2021. Parte de este deterioro lo atribuyeron al impacto de la pandemia por covid-19.
En ese sentido, el trabajo de los defensores de derechos humanos y los trabajadores de agencias humanitarias se ha intensificado. No obstante, las políticas del Estado no han facilitado esas labores, advirtió Ballesta.
En el informe se reseña la detención de cinco miembros de la organización Azul Positivo el 12 de enero de 2021. Los activistas fueron excarcelados con medidas cautelares el 10 de febrero de ese mismo año.
Tras este hecho, surgió la aplicación de la providencia 002-2021. En este se le exige a las organizaciones de la sociedad civil a registrarse ante la Oficina Nacional Contra de Delincuencia Organizada.
Ballesta alertó que esta medida criminaliza de manera anticipada las acciones de las organizaciones humanitarias en el país. La vocera de Amnistía Internacional indicó que el proceso de documentación observó cómo las detenciones arbitrarias ya no se limitan a actores políticos, sino que intentan silenciar a quienes denuncian y exigen el respeto de los derechos humanos.
Violaciones graves de derechos humanos
El informe de Amnistía Internacional detalla varios de los casos de graves violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela durante el año 2021.
Se destacó que en el mes de enero 14 hombres murieron durante una operación de seguridad en la parroquia La Vega de Caracas. Las muertes ocurrieron en circunstancias que apuntaban a que podían haber sido víctimas de ejecución extrajudicial.
Las muertes bajo custodia en las cárceles venezolanas fue otro de los factores evaluados en el documento. Se resaltó el caso de la muerte del general Raúl Isaias Baduel. Amnistía y otros entes internacionales han pedido la investigación de estos hechos.
Amenazas para los pueblos indígenas venezolanos
Carlos Lusverti, abogado y activista de Amnistía, detalló que las comunidades indígenas en venezuela son invisibilizadas. Alegó que en ocasiones no cuentan con los recursos para defender sus derechos.
Lusverti señaló que las poblaciones indígenas en los estados Amazonas y Bolívar aumentó la incidencia de enfermedades endémicas como la malaria. Además, comentó que la actividad extractiva minera contamina el agua y las tierras causando otras patologías.
El abogado alertó que en estas comunidades quienes ejercen actividades de minería ilegal arremeten en contra de las poblaciones indígenas. Añadió que el Estado falla en su responsabilidad de garantizar la seguridad de estos pueblos.
“Esto explica el desplazamiento forzado de pueblos y comunidades indígenas que cruzan la frontera hacia el norte de Brasil o al este de Colombia solicitando refugio”, agregó.
Situación de mujeres y niñas venezolanas
Melanie Agrinzones, activista feminista, describió cómo la emergencia humanitaria afecta de manera diferenciada a mujeres y niñas en Venezuela. Alegó que en el país hay obstáculos para ejercer los derechos sexuales y reproductivos de manera adecuada.
Explicó que pese a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aún no se ha despenalizado el aborto. También señaló que se criminaliza a quienes ofrecen información a niñas y adolescentes sobre salud sexual y reproductiva.
La activista detalló que al no garantizarse la autonomía sobre sus cuerpos, las mujeres se enfrentan a vulneraciones en diversos aspectos de sus vidas. La crisis económica acentúa estas agresiones, debido a que muchas familias venezolanas son sostenidas por mujeres.
Comentó además que gestionar los gastos de higiene menstrual es cada vez más difícil para las mujeres venezolanas, lo que trae como consecuencia que mujeres y niñas se ausenten de sus actividades diarias por falta de toallas o copas menstruales.
