• En el informe publicado el 21 de abril, la organización no gubernamental reportó solo en enero 105 casos

La organización no gubernamental (ONG) Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) informó que en Venezuela se han registrado 226 ataques e incidentes de seguridad contra defensores de derechos humanos en el primer trimestre de 2023, lo que representa un incremento de 131 % con respecto al mismo periodo de 2022, cuando se documentaron 98 casos.

“Durante el primer trimestre de 2023 se profundizó el cierre del espacio cívico y democrático. El Estado venezolano continuó agrediendo a quienes se encuentran en primera línea de acción, respondiendo a la crisis de derechos humanos”, detalló la organización en un informe publicado el viernes 21 de abril.

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El estudio precisó que en enero se documentaron 105 casos, en febrero 63, y en marzo 58. Del total, 141 fueron de estigmatización, 51 de hostigamiento, 30 amenazas, 3 ataques digitales y una detención arbitraria.

Campañas y principales víctimas

La ONG señaló que en el primer trimestre continuaron los “discursos y campañas de desprestigio y la estigmatización” en contra de las organizaciones no gubernamentales, que han sido tildadas de terroristas, agentes desestabilizadores y traidores, por el régimen de Nicolás Maduro. 

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Asimismo, dijo que 93 % de las víctimas fueron organizaciones de derechos humanos y 7 % personas que trabajan en la defensa de estas garantías.

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Los principales agresores fueron funcionarios públicos (51 %), seguidos de los medios de comunicación (25 %), personas o agrupaciones afectas a intereses políticos del Estado (17 %), instituciones públicas (5 %) y organismos de seguridad (2 %).

“Al cierre del primer trimestre del año, la política de criminalización de la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos permanece vigente”, resaltó.

El CDJ exhortó al Estado a garantizar un “entorno propicio y seguro” para el ejercicio de la promoción de los derechos humanos en el país.

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“El Estado y todos los actores que actúan con su consentimiento y aquiescencia deben cesar de inmediato los actos de intimidación, hostigamiento, estigmatización y amenazas”, añadió.

Ley para fiscalizar las ONG

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, anunció en enero ante la Asamblea Nacional oficialista, electa en 2020, el proyecto de ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Afines. 

Con esta ley el régimen busca restringir la actividad de las organizaciones no gubernamentales en Venezuela, bien sea cortando sus fuentes de financiamiento, o directamente ilegalizándolas.

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Las ONG que rechazaron esta medida detallaron que el proyecto inicial de ley contempla multas de hasta 12.000 dólares a las agrupaciones que no se registren en la entidad de control que prevén crear y que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones.

Por su parte, el alto comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Volker Turk, presentó el martes 21 de marzo la actualización de su informe sobre la situación de Venezuela. El funcionario se mostró preocupado por el proyecto de ley.

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