• El organismo internacional indicó que el Estado venezolano continúa su “política represiva” con el objetivo de desarticular la protesta social y la denuncia ciudadana

El repunte de las detenciones arbitrarias para reprimir a la disidencia en Venezuela, así como la falta de acceso a derechos económicos y sociales continúa, pues persisten problemas de inseguridad alimentaria y acceso precario a la atención médica adecuada, denunció la organización no gubernamental (ONG) Amnistía Internacional (AI).

En su más reciente informe, reseñó los casos de detenciones en protestas nacionales como los casos del grupo indígenas yukpas y los sindicalistas de Sidor.

En los últimos días, personas involucradas en focos de protesta social, pueblos indígenas y otras personas son sometidas a violaciones de derechos humanos”, dice el texto.

De igual forma, AI aseguró que las detenciones arbitrarias buscan “silenciar y reprimir” a toda persona que sea percibida en contra del régimen venezolano.

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“El uso de esta táctica represiva debe encender las alarmas de la comunidad internacional, y aumentar el escrutinio y la rendición de cuentas”, señala el documento.

#TeExplicamosElDía | Jueves 13 de abril
Foto: @CarlosJRojas13/ Twitter

Al menos 300 detenciones por motivos políticos

El informe indicó que el reporte de diversas ONG del país estimaron que al menos 300 personas se encuentran detenidas por motivos políticos en Venezuela.

También, contabilizaron miles de casos de personas que son detenidas transitoriamente y con medidas de restricción a su libertad. Es decir, se les prohíbe la salida del país, o aplican régimen de presentación ante los tribunales competentes, de acuerdo a la documentación del Foro Penal, en Venezuela. 

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A su vez, la organización afirmó que se han producido más de 15.700 detenciones arbitrarias por motivos políticos desde 2014.

Silenciar a quienes denuncian la corrupción

De acuerdo con AI, las detenciones del régimen cumplen el objetivo de silenciar a todo aquel que denuncie irregularidades, injusticias o casos de corrupción.

Con esa táctica pretende acallar a quienes alcen su voz para señalar los abusos y las arbitrariedades del gobierno. Este tipo de detenciones se han documentado en torno a familiares y víctimas de violaciones de derechos humanos, activistas y personas defensoras de derechos humanos”, indicó la ONG.

Agregaron que en su informe se detallan los casos documentados por diversas ONG civiles, nacionales e internacionales. Según la ONG, estas detenciones son parte de un “ataque generalizado y sistemático” en contra de la población en general que adversa a las políticas del gobierno venezolano.

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Es por ello que AI cree que estos hechos podrían ser catalogados como posibles crímenes de lesa humanidad en futuras investigaciones independientes.

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Desarticular la protesta

De acuerdo con la organización, las autoridades venezolanas utilizan las detenciones arbitrarias como una estrategia para desarticular o desactivar los distintos focos de protesta social que se desarrollan en el país.

Estas detenciones pueden ocurrir durante las protestas o en contra de quienes las convocan y organizan (…) En los últimos años, el aumento de detenciones arbitrarias contra personas pertenecientes a asociaciones gremiales o sindicatos de trabajadores ha sido patente”, señaló el informe.

Un ejemplo reciente fue la detención de Rubén González, sindicalista de la Ferrominera del Orinoco. Otro caso documentado fue del exdirigente sindical de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Guillermo Zárraga.

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Para AI estas detenciones son “ilegítimas y arbitrarias” por estar en contra del legítimo derecho a la libertad de expresión y a la huelga. Es por ello que consideran esas acciones como una “política represiva” para silenciar cualquier crítica en contra del régimen venezolano.

Asimismo, denunciaron el uso de mecanismos judiciales de coacción para fundamentar y proporcionar validez legal a esas medidas represivas.

Recordaron a la comunidad internacional que es indispensable que existan en Venezuela mecanismos de rendición de cuentas que obliguen al Estado a responder por sus acciones. A su vez, estos deben ser independientes, a fin de propiciar el cese a la impunidad de las graves violaciones de derechos humanos.

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