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- En el país, nadie repara en brindar sus datos en cualquier lugar al cobrador | Foto: EFE
El número de cédula y la clave son dos preguntas a las que hay que responder de viva voz en Venezuela si se compra algún producto y se paga con tarjeta.
La clave de seguridad tiene el objetivo de evitar que cualquier persona que no sea el titular pueda hacer uso fraudulento de ellas; sin embargo, en el país, esta es del dominio público.
El usuario también facilita el número del documento de identidad, lo que deja indefenso frente a cualquier intento de estafa o robo.
El argumento de los vendedores al solicitar el número de identificación personal es que se debe teclear suave el punto de venta para evitar que sea dañado y quede inservible, algo que consideran no hacen de forma adecuada sus clientes.
Esta arriesgada fórmula se ha convertido en un gesto tan cotidiano que nadie repara en brindar sus datos en cualquier lugar al cobrador, y frente a las personas que esperan en cola para cancelar sus compras, como si se tratase de algo normal y la solicitud fuese legal.
El sistema, convertido ya en algo instintivo, solo cambia cuando un extranjero llega al país y un desconocido le solicita unos datos tan privados y personales. Es entonces cuando, excepcionalmente, el vendedor permite, a regañadientes, que sea el cliente quien marque su clave.
¿Cómo se normalizó esta práctica?
Hace más de cinco años, cuando el dinero en efectivo empezó a escasear a causa de la devaluación del bolívar, los billetes que cualquiera llevaba en el bolsillo no alcanzaban para adquirir ni una botella de agua, por lo que se masificó el uso de la tarjeta, incluso para las compras más insignificantes.
Fue entonces cuando los puntos de venta se estropeaban frecuentemente, lo que impedía, en muchos casos, que el comerciante pudiera continuar vendiendo, algo que también se convirtió en un problema, debido a la escasez de piezas para reparar los aparatos, o de equipos para ser sustituidos por uno nuevo. La crisis había llegado para quedarse y complicarlo todo.
Sin efectivo y sin punto, como se conocen las terminales de cobro en el país, los comerciantes perdieron numerosas ventas y los clientes se quedaron sin el producto que necesitaban, pese a estar disponible en el establecimiento.
Aunque con menor frecuencia, esto sigue ocurriendo en diversos comercios, especialmente en el interior del país, donde todavía existe el sistema de trueque como pago de productos.
Con el tiempo, el caos generado por la carencia de bolívares y los problemas con los puntos de venta obligó al régimen a hacer la vista gorda ante la creciente circulación de divisas, especialmente la estadounidense, a la que el régimen de Nicolás Maduro llamaba “dólar criminal”.
Pero era una solución al alcance de muy pocos y no exenta de complicaciones que se multiplicaron a medida que entraron más divisas al país, y se estableció, de facto, el dólar como sistema de pago y referencia para fijar los precios, pese a la aversión de Maduro por la moneda.
Fueron tantas las concesiones que tuvo que hacer para que el país no se hundiera definitivamente, que hasta el régimen empezó a fijar precios en dólares, empezando por el combustible distribuido en las gasolineras estatales, que pasó, en 2020, del casi gratis total a 50 centavos de dólar por litro.
El dólar como “salvación”
La divisa ganó tanto terreno, que Maduro asumió que no podía parar la avalancha, y permitió, incluso, que los bancos venezolanos abrieran cuentas en dólares, aunque los usuarios que se lo pueden permitir prefieren tener sus ahorros en entidades en el extranjero, desde las que pueden hacer cualquier tipo de operación en línea, muy limitadas en las locales.
Pese a los problemas ocasionados por el pago en divisa, ya que los establecimientos no suelen tener cambio para dar el vuelto y hay que completar las compras con más productos hasta completar el total del valor del billete entregado, el dólar, y otras divisas como el euro, que circulan en menor medida, ha salvado de la quiebra a miles de comercios.
Sin embargo, cuando se paga en dólares, la compra se encarece, ya que, a principios de 2022, establecieron el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), que incrementa en un 3 % el precio de cualquier producto pagado en divisa, por pequeño que sea su valor.
El nombre del tributo puede confundir, por referirse a grandes transacciones, pero se aplica de igual manera a una golosina de un dólar que a productos de 100, 500 o 5.000 dólares. La alternativa, en este caso, es hacer pública la clave secreta.
Con información de EFE
