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- Los funcionarios policiales piden “moneda dura”, lo que constituye un hecho de desviación policial cada vez más común en las vías de Venezuela
Un funcionario sube y baja el brazo para hacer que el conductor se detenga, es una alcabala policial. “Ya me van a pedir plata”, es uno de los pensamientos que pasa por la mente de un ciudadano mientras disminuye la velocidad hasta que frena por completo el vehículo.
Los “buenos días” y la cortesía en general se perdió en el léxico policial. “¿A dónde se dirige?”, es la pregunta obligada. Luego de escanear al conductor con el ceño fruncido el policía pide los documentos de identidad y papeles del vehículo. En caso de que falte alguno, no se tenga el cinturón de seguridad, o cualquier eventualidad que el funcionario considere irregular, puede propiciar el inicio de una extorsión o lo que en Venezuela se conoce como “matraqueo”.
Una noche, un hombre, que prefirió mantener el anonimato, manejaba por la avenida Boyacá de Caracas -Cota Mil- con su esposa y sus dos hijas. Fue detenido en una alcabala y le solicitaron sus documentos. Todo estaba en orden, su único error fue no usar el cinturón de seguridad.
— ¿Cómo vamos a hacer?, dice el funcionario.
— “Nada, ponme la multa no hay problema”, dice el hombre, parado a un lado de su camioneta.
— “Esto no se soluciona con multa”, aseguró el policía.
De esta manera inició uno de los muchos casos de extorsión policial que día a día se hacen más comunes en Venezuela.
— “Si no me pagas 20 dólares me llevo detenido tu carro”, insistió el funcionario.
El hombre preocupado por su familia optó por pagar la suma que le solicitaron y se retiró del lugar.
El criminólogo Fermín Mármol García aseguró para El Diario que 86% de la población venezolana desconfía de los funcionarios policiales, debido a las malas prácticas, porque están involucrados en hechos criminales o por la desidia en su actuar.
Señaló que acciones ilegales como alcabalas móviles fantasmas, bandas criminales que operan con indumentaria policial y constantes robos son parte de las actuaciones que alejan a la ciudadanía de las autoridades.
La extorsión policial no es algo nuevo, pero esta práctica ilegal se adaptó a la dolarización de la economía en Venezuela. Los policías piden dólares, incluso los decomisan.
“La revisión de una persona por parte de un funcionario con el objetivo de obtener moneda dura es un acto de desviación policial que puede conducir a la privativa de libertad del perpetrador”, señala Mármol.
Un comerciante de Maturín, estado Monagas, transportaba mercancía para su negocio de repuestos de vehículos. Fue detenido en una alcabala donde le exigieron la documentación de la mercancía, que llevaba consigo y accedió a presentar sin ningún inconveniente. Sin embargo, los funcionarios iniciaron con las amenazas habituales. Los policías alegaron que no podía transportar esa cantidad de mercancía, por lo que le iban a retener el carro.
“Me quitaron 80 dólares de mercancía, tal vez más porque lo calculé a costo”, contó el hombre quien prefirió mantenerse en el anonimato.
Mármol explicó que un policía puede revisar a un ciudadano o su auto pero previamente debe hacer del conocimiento del afectado que tiene la sospecha de que está incurriendo en un hecho ilegal.
“Tiene que hacerse de dos testigos que no sean funcionarios policiales, de lo contrario no tiene validez. Se deben guardar las formas establecidas en el proceso penal venezolano”, aseguró Mármol ante las ilegales requisas policiales que se realizan en el país.
La extorsión policial tiene otro campo de acción: las víctimas accidentes de tránsito.
Un hombre perdió los frenos de su camioneta y se volcó en la Autopista Prados del Este en Caracas. Salió ileso, solo con algunos moretones, pero a los pocos minutos llegó una patrulla policial.
El sujeto, que prefirió mantenerse en el anonimato, se encontraba en shock por el impacto. A pesar de ello, debió pagar a los policías por el hecho de tener un accidente.
“Me pidieron 400 dólares porque, según ellos, puse en riesgo la vida de otros. En medio del susto, no pensé y los pague”, dijo para El Diario.
Cada vez los policías ingenian nuevas modalidades para garantizar su pago ante cualquier eventualidad en la vía. En caso de que un conductor no posea dólares, el funcionario exige algún tipo de garantía, en la mayoría de los casos retienen el teléfono inteligente de la víctima hasta que ésta consiga las divisas y se las entregue al funcionario.
Fue el caso de un taxista que trasladaba a dos mujeres. A la altura de La Bandera, en Caracas, el vehículo fue detenido por una alcabala policial. Luego de una breve inspección, el funcionario comenzó a engañar y amenazar al conductor. Le dijo que el carro estaba solicitado (afirmación que era mentira según el testimonio del ciudadano) y que se lo llevarían detenido si no le pagaba 100 dólares.
El sujeto no tenía esa cantidad de dinero para pagarle al funcionario, lo que generó que el policía le planteara una “opción” para salir de aquella desagradable situación. Le dijo al conductor que le retenería su teléfono inteligente, como forma de garantía, para que, buscara los dólares y al regresar a la alcabala le entregaría el teléfono de vuelta.
En medio de la angustia, el conductor optó por dejar su teléfono como garantía, llevar a las mujeres a sus casas e ir a buscar a alguna persona que le prestara el dinero. Regresó con los dólares y el policía le devolvió el celular.
El “matraqueo” no se limita solo a conductores. En 2017, durante las protestas antigubernamentales, un grupo de jóvenes fue detenido en los alrededores de la Universidad Central de Venezuela luego de una protesta en el lugar. A pesar de que solo llevaban artículos de protección para los gases lacrimógenos, fueron llevados a El Helicoide.
“Estuvimos varias horas ahí. Uno de los funcionarios me llevó a un lugar aparte y me dijo: ‘vamos a hablar de hombre a hombre’”, comenta el joven.
Eran seis personas detenidas, a cada una le pidieron 100 dólares para dejarlos ir. Ante el temor de permanecer recluidos en esta prisión, conocida por ser el lugar donde permanecen los detractores del régimen de Nicolás Maduro, optaron por pagar el dinero.
La crisis de los servicios públicos ha llevado a los policías a aprovecharse de las necesidades de los ciudadanos. En las bombas de gasolina de los estados más afectados por la escasez de combustible, los funcionarios aprovechan para obtener algún beneficio.
Conductores denuncian que en las estaciones de gasolina de Maracaibo los funcionarios policiales estadales cobran 10 dólares por surtir de combustible.
Cada vez más cobra más fuerza el uso del dólar como una manera de saldar las necesidades del pueblo y esto incrementó con la derogación de la Ley de Ilícitos Cambiarios en 2018. El dólar se convirtió en una moneda de uso común con mayor valor que el Bolívar.
La dolarización de la extorsión policial se convirtió en un hecho que la ciudadanía asume como parte de la cotidianidad.
“Abrigo la esperanza de que el venezolano lo que hace es adaptarse a las circunstancias para poder sobrevivir . Hemos tenido que seguir las reglas del juego de quienes ostentan el poder, y ver una normalización de lo anormal. Venezuela está dentro de los 15 países más corruptos del mundo”, señala Mármol.
Dentro de lo legal
Luego de la derogación de la Ley de Ilícitos Cambiarios en 2018 se hizo legal portar dólares en Venezuela.
El decreto señala que se podrán negociar y comerciar en divisas de forma legal en el país, es por ello, que ningún funcionario policial puede confiscar dólares bajo el argumento de que es un acto ilegal.
Existen dos instancias a las que puede acudir una persona si fue víctima de extorsión policial. El ente policial al que pertenece el(los) funcionario(s) atracador(es) e interponer una denuncia ante la dirección de actuación policial o dirigirse a la Fiscalía y realizar la denuncia, lo que será motivo para una investigación de tipo jurídico-penal.
¿Qué debe hacer el Estado para evitar la extorsión policial?
El criminólogo Fermín Mármol destaca que para obtener mejores profesionales en la policía se debe reivindicar la remuneración. El “matraqueo” es la forma que los policías utilizan para obtener más ingresos debido a que perciben un bajo salario.
“Si se tiene una oferta de un paquete socioeconómico distinto para el policía, el reclutamiento y selección van a ser mejores”, aseguró.
Añade que, además de la reivindicación salarial, se debe eliminar el índice de impunidad ante los hechos de desviación policial y mejorar la supervisión. “Deben existir agentes de inteligencia encubiertos que verifiquen la actuación policial en cada alcabala o puesto de control. No se puede garantizar que ningún funcionario desvíe su camino, se trata de que los motivos para cometer delitos tienen que disminuir”, aseveró.
El especialista le da especial importancia a la denuncia ciudadana, acción que debe incentivar el Estado. Incluso explicó, que de no querer realizar la denuncia ante organismos oficiales, los ciudadanos pueden difundir su caso de extorsión en redes sociales o en alguna ONG que lleve registros de este tipo de actividad. “Es importante dejar un registro. Mucho peor es no hacer nada y guardar silencio”.
La figura del policía no es sinónimo de seguridad y confianza para los ciudadanos. El “matraqueo” se ha convertido en parte de la cotidianidad. Para el venezolano es común pagar por un servicio o para que un policía “te deje ir” Ante este tipo de acciones los ciudadanos están más alertas y tratan de evitar ser víctimas de la extorsión. Sin embargo, los funcionarios buscan nuevos mecanismos para la coacción al ciudadano y encontrar algún beneficio de cualquier situación.
