• La euforia tomó las calles. El mandatario con más años en el poder anunció su renuncia al cargo este sábado, en medio de la presión de policías, de las Fuerzas Armadas y de la sociedad civil. Durante la jornada, ministros, gobernadores y demás personalidades con cargos públicos afines al partido de gobierno también anunciaron su dimisión, poniendo fin a 14 años de «evismo»

“¡Sí se pudo, sí se pudo!”, gritaban eufóricos decenas de bolivianos en las calles de las principales ciudades de ese país. El tricolor rojo, amarillo y verde de la bandera de Bolivia se izó junto a fuegos artificiales para celebrar la renuncia del presidente Evo Morales, después de permanecer durante 14 años en el poder. Fueron 18 días de intensas manifestaciones para solicitar la salida del mandatario. El clamor popular ya era una realidad. No obstante, el júbilo inicial abrió paso a una crisis de gobernabilidad y de violencia sin precedentes en esta nación suramericana.

“Renuncio a mi cargo de presidente para que (Carlos) Mesa y (Luis Fernando) Camacho no sigan persiguiendo a dirigentes sociales”, justificó un cabizbajo Morales, en referencia a los líderes opositores que convocaron las protestas en su contra. El discurso duró poco más de 36 minutos, y estuvo acompañado del vicepresidente Álvaro García Linera, quien también presentó su dimisión “Continuaremos (luchando) desde las bases”, avisó el ex mandatario antes de concluir su discurso en Cochabamba, ciudad cocalera del centro del país.

El jefe del Ejército, Williams Kaliman, primero decidió “no enfrentarse al pueblo” y después solicitar la renuncia del jefe de Estado. “Después de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”, pidió Kaliman. El militar había sido un gran aliado del evismo, llegando incluso a ser cuestionado por sus halagos a Morales, a quien los oficiales consideraban “su presidente favorito”.

Morales resistió hasta el último momento. El primer intento para calmar las crecientes manifestaciones tuvo lugar el 9 de noviembre, cuando convocó a una mesa de diálogo con la oposición. Intento fallido. “No tengo nada que negociar con Evo Morales”, respondió Mesa. El presidente cedió nuevamente y decidió convocar nuevas elecciones para “elegir democráticamente” a las nuevas autoridades.

El anuncio de convocar nuevos comicios se produjo luego del informe preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el que se aseveró que durante las elecciones del pasado 20 de octubre hubo manipulación de datos y era imposible validar los resultados. Además, recomendó otro proceso electoral con nuevas autoridades.

“Las manipulaciones del sistema informático son de tal magnitud que deben ser profundamente investigadas por parte del Estado boliviano para llegar al fondo y deslindar la responsabilidad de este caso grave”, señala el informe emitido por el organismo internacional.

Los intentos del mandatario por calmar la situación, lejos de apaciguar las protestas, incentivaron a los cuerpos policiales a revelarse, que veían debilidad en el Ejecutivo luego de las concesiones. Los motines de policías iniciaron en la noche del viernes 8 de noviembre y continuaron en el transcurso del sábado. El primero de ellos se reportó en la ciudad de Cochabamba y luego se fueron sumando unidades policiales de Sucre, Santa Cruz y también Oruro, donde los agentes incluso tomaron la gobernación. La situación se replicó en La Paz, capital boliviana.

Ola de renuncias y detenciones

Para la mañana del sábado el conflicto ya había escalado dentro del gobierno central. A medida que crecía la incertidumbre en torno a la decisión de Morales, se producía una estampida de ministros y demás poderes. César Navarro, ministro de Minas; Luis Alberto Sánchez, de Hidrocarburos; Tito Montaño, de Deportes; y Mariana Prado, de Planificación, presentaron su dimisión al presidente. Hicieron lo propio Iván Canelas, gobernador de Cochabamba; Víctor Borda, presidente de la Cámara de Diputados; Adriana Salvatierra, presidente del Senado; y la vicecanciller Carmen Almendras. Para este lunes las renuncias continúan produciéndose.

Entretanto, los eventuales responsables del fraude en los comicios del 20 de octubre eran aprehendidos por los cuerpos de seguridad revelados. La Fiscalía de Boliva había anunciado que se iniciaría una investigación por delitos ordinarios, electorales y de corrupción en contra de los integrantes del Tribunal Supremo Electoral y cualquier otro implicado en los hechos irregulares ocurridos durante el proceso.

Olga Mary Martínez, ex vocal del Tribunal Electoral Departamental de Chuquisaca, fue arrestada por delitos electorales, manipulación informática y falsedad. Martínez había puesto su cargo a la orden el pasado 22 de octubre. “En función a eso haré la defensa que me corresponde”, aseguró la ex funcionario durante su detención.

La presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, María Eugenia Choque Quispe, también presentó su renuncia con el propósito, según aseguró, de someterse a cualquier investigación. En un operativo que realizó el Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) de la Policía Boliviana en La Paz se capturó a la ahora ex líder del TSE y también al vocal electoral Antonio Costas.

En una rueda de prensa, el comandante de la Policía, general Yuri Calderón, informó que los dos miembros del TSE intentaron escapar y que al momento de la captura María Eugenia Choque iba vestida de hombre.

La persecución contra los líderes del fraude electoral también incluyen a Evo Morales. El líder opositor Luis Fernando Camacho confirmó a través de su cuenta en Twitter de la existencia de una orden de captura del mandatario. “¡Confirmado! ¡Orden de aprehensión para Evo Morales! La policía y los militares están buscándolo en el Chapare, lugar en que se escondió. Los militares le quitaron el avión presidencial y está escondido en el Chapare, ¡van por él! ¡JUSTICIA!”, escribió Camacho. El mensaje fue desmentido por el comandante de la policía boliviana.

A pesar de las presiones, Morales aseguró que no abandonaría el país. “No necesito escapar, quiero que la gente de Bolivia sepa que no he robado a nadie, nada”, dijo durante su discurso de despedida.

Sin embargo, el canciller mexicano, Marcelo Embrard, expresó este 11 de noviembre, durante una breve rueda de prensa, que el dirigente boliviano ‘’solicitó verbal y formalmente asilo político’’ en el país azteca, el cual le fue concedido ‘’por razones humanitarias y en virtud de la situación de urgencia que se enfrenta en Bolivia’’.

“El otorgamiento de asilo es un derecho soberano del estado mexicano que va acorde con sus principios normativos en política exterior para proteger los derechos humanos y respetar la autodeterminación de los pueblos”, sostuvo el funcionario.

Previamente Ebrard indicó que existen 20 personalidades del Ejecutivo y legislativo boliviano refugiadas en la embajada mexicana.

Alberto Fernández, presidente electo de Argentina, informó este lunes que Perú habilitó su espacio aéreo para que el avión de México arribe a Bolivia para buscar a Morales. De acuerdo con informaciones extraoficiales, Chile, Argentina y Brasil habrían denegado horas antes la solicitud de sobrevolar su espacio aéreo.

Reacciones contrarias

Ante la renuncia, la comunidad internacional tomó partido. Algunos países apoyaron la decisión del ex mandatario y otros, como el régimen de Venezuela, calificaron el hecho como “un golpe de Estado consumado”.

“El informe de la Organización de Estados Americanos fue la puñalada y el desencadenante que generó mayores focos de violencia. Han desatado una brutal represión en contra del pueblo boliviano. La OEA forma parte de este golpe de Estado contra nuestro hermano”, expresó Nicolás Maduro.

Cuba siguió la línea del pronunciamiento venezolano, asegurando que lo sucedido eran un golpe de Estado. El canciller del país, Bruno Rodríguez, convocó a una movilización mundial por la vida y la libertad de Evo Morales.

Otras naciones como Brasil, Colombia, Argentina o Perú abogaron por una “transición pacífica” en Bolivia y porque el proceso para escoger a su sucesor se desarrolle de acuerdo con las normas de ese país. Las respectivas cancillerías emitieron comunicados en los que evitaron el uso del término “golpe de Estado”. La OEA y la ONU hicieron énfasis en un nuevo poder legítimo y pacífico, de carácter civil.

Futuro incierto

La renuncia del mandatario abrió un nuevo desafío: quién ocupará su cargo. De conformidad con el artículo 169 de la Carta Magna boliviana, “En caso de impedimento o ausencia temporal del presidente de la República, antes o después de su proclamación, lo reemplazará el vicepresidente y, a falta de este y en forma sucesiva, el presidente del Senado, el de la Cámara de Diputados o el de la Corte Suprema de Justicia”. No obstante, cada uno de los presidentes de los poderes presentaron su renuncia, por lo que se presume existe un vacío de poder.

Sin un sucesor claro debido al escenario inédito, Jeanine Añez Chávez, vicepresidenta segunda de la cámara alta y miembro de la alianza opositora Unidad Demócrata, salió al paso y expresó que asumiría la presidencia interina del país. “De manera constitucional voy a asumir primeramente la presidencia del Senado. Esto será una transición. Vamos a llamar a elecciones que reflejen el sentimiento de los bolivianos”, aseguró Añez este lunes, en su llegada a la Asamblea Legislativa para conformar un nuevo poder.

“Creo que los bolivianos no merecemos esto y es urgente que le demos una certidumbre a la gente. Por lo tanto, si hay acompañamiento de las organizaciones civiles, voy a asumir. Pero si se decide otra vía u otro camino, yo lo voy a aceptar”, agregó la posible futura presidente.

Noticias relacionadas