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- A los trabajadores les habían imputado los delitos de coautoría, estafa agravada en concurso real, boicot, desestabilización de la economía y asociación para delinquir
A Héctor Rivero Olivares y a Carlos José Villamizar, extrabajadores de Directv Venezuela, los liberaron este 14 de agosto, confirmaron fuentes exclusivas a El Diario. Al exdirectivo Rodolfo Carrano Puglieses le habían otorgado libertad el 12 de agosto.
Los tres se encontraban detenidos desde el 10 junio. El Tribunal 21 de Control del Circuito Judicial Penal del área Metropolitana de Caracas les había dictado una medida privativa de libertad tras el cese de operaciones de Directv en el país.
La liberación se produjo después de que la compañía Scale Capital S.A. informó que restituiría el servicio de televisión satelital que emitía anteriormente Directv en el país.
“El acuerdo permite dar servicio de forma inmediata a más de 2.000.000 familias que fueron suscriptores de Directv Venezuela”, se lee en un comunicado.
Scale Capital designará a Alexander Elorriaga como presidente ejecutivo de la compañía “una vez culminados” los trámites correspondientes.
Elorriaga confirmó la información a El Diario.
El servicio cuenta con la aprobación del régimen venezolano y será gratuito durante los primeros 90 días. Conatel también confirmó la restitución.
La detención
La decisión de los tres exdirectivos se produjo 22 días después de que el conglomerado estadounidense AT&T informó el cese de las operaciones de la cableoperadora en el país.
Los cargos imputados por la justicia a Olivares, Villamizar y Puglieses fueron los delitos de estafa agravada en concurso real, boicot, desestabilización de la economía y asociación para delinquir. La pena para estos delitos es de al menos 12 años de prisión.
Luego de que se conoció la medida privativa de libertad, la empresa estadounidense calificó el hecho como “inexplicable”. Argumentaron que estos no habían estado involucrados en la toma de decisiones que llevó al cese de las operaciones de Directv en Venezuela.
Jesús Alejandro Loreto, abogado defensor de los tres extrabajadores, explicó en junio para El Diario que sus defendidos estaban siendo utilizados como chivos expiatorios. Precisaba que desde el régimen de Nicolás Maduro necesitaban “ponerle cara” a los responsables del cese de las operaciones de la cableoperadora.
“A estas tres personas les están atribuyendo una condición de directivos que no tienen. Las autoridades están asumiendo que ellos podían saber sobre lo sucedido, aun cuando no existen pruebas de que estas tres personas supieran la decisión de AT&T”, aseguró el abogado en su momento.
La directora de AT&T para Latinoamérica no fue la única que expresó su preocupación por la detención de Olivares, Villamizar y Puglieses. Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también hizo lo propio.
Alertó que las medidas llevadas a cabo por el régimen apuntaban a una retaliación por parte de Maduro luego de la salida del aire de Directv.
“Los cargos de fraude, boicot económico y prisión preventiva apuntan a retaliación del régimen”, expresó Lanza mediante su cuenta de Twitter.
Cese de operaciones
La mañana del 19 de mayo AT&T anunció, mediante un comunicado, el cierre de las operaciones de Directv Latinoamérica en Venezuela “con efecto inmediato”. Desde la empresa explicaban que las sanciones impuestas por Estados Unidos les impedían transmitir las señales de Globovisión y Pdvsa TV. Canales sin los cuales no podían operar en el país debido al marco legal.
“Es imposible que la unidad de Directv de AT&T cumpla con los requisitos legales de ambos países. AT&T se vio obligada a cerrar sus operaciones de TV paga en Venezuela, una decisión que tomó el equipo de liderazgo de la compañía en los Estados Unidos. Sin ninguna participación o conocimiento previo de Directv Equipo de Venezuela”, explicaban en el texto.
Las sanciones a las cuales hacían referencia en el comunicado las impuso la administración estadounidense en contra de ambos canales por sus vinculaciones con la corrupción, en el caso de Globovisión, y narcotráfico, en el de Pdvsa TV.
Estas sanciones obligan a que la empresa estadounidense deba cortar cualquier tipo de vínculo comercial con ambos canales. Pues en caso contrario se exponen a ser sancionados por la justicia norteamericana.
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