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- El gobernador Héctor Rodríguez asegura que el proyecto de ley va a ser un apoyo real para la clase media mirandina. Sin embargo, especialistas en derecho explicaron para El Diario que dicho proyecto sería inconstitucional
En el estado Miranda no solo ronda la pandemia por covid-19, sino también la incertidumbre por un proyecto de ley de Condominios para esta entidad. Según el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, el instrumento legal será un “verdadero punto de apoyo para la clase media” y tiene tres objetivos principales.
“Reconocer la personalidad jurídica de los condominios, crear un fondo para atender problemas estructurales y generar una instancia de dirección transparente que no dependa de las autoridades de turno”, escribió en su cuenta de Twitter Héctor Rodríguez en el mes de junio.
Sin embargo, hasta ahora solo se han generado dudas entre los habitantes de dicha entidad y es que han circulado dos versiones del proyecto ley y aún las autoridades no aclaran si solo son borradores o si alguna es la definitiva que irá a consulta popular.
La propuesta 1 se refiere a asociaciones de vecinos, juntas de condominios y la creación de un fondo con recursos para atender las propuestas presentadas por estas organizaciones.
Mientras que la propuesta 2 no hace mucho énfasis en las asociaciones de vecinos y juntas de condominios, además se destaca más en el fondo intergubernamental.
¿Puede este proyecto de ley ser aprobado sin pasar por la Asamblea Nacional?
El abogado Juan Manuel Raffalli explicó que el Consejo Legislativo del estado Miranda no tiene la potestad de aprobar esta ley a pesar de ser regional.
“De acuerdo con la Constitución y la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los estados, cuerpos colegiados parlamentarios como estos no tienen competencia para legislar o regular el ejercicio de los derechos”, aseguró en exclusiva para El Diario.
Raffalli señaló que el hecho de realizar consultas públicas sobre la ley y someterla a un referéndum popular, no va a convalidar la incompetencia funcional de entes estatales para poder gestar normas que atenten contra las leyes ya establecidas en el país.
¿Cuándo pensarían aprobar el proyecto de Ley de condominios?
Yelitze Cortez, abogada en derecho Condominial e Inmobiliario indicó para El Diario que este “proyecto de ley inconstitucional” estaría previsto que se apruebe en unos seis u ocho meses, según lo informado por Héctor Rodríguez en un encuentro virtual el pasado 18 de julio, donde Cortez estuvo presente.
“Probablemente el gobernador estima esa cantidad de tiempo porque quiere que la Asamblea Nacional que va a estar el año que viene, apruebe esa ley a nivel nacional”, opinó Cortez.
La especialista aseguró que la aprobación del proyecto de ley crearía un conflicto en las comunidades porque atenta directamente contra la Ley de Propiedad Horizontal, un instrumento legal que fue emanado del cuerpo legislador competente, la Asamblea Nacional.
¿Qué es el fondo especial?
En el proyecto de ley se habla de un fondo especial que tendrá “varias fuentes de financiamiento”. De acuerdo a lo dicho por Héctor Rodríguez el 14 de julio la gobernación de Miranda donaría 10% de sus ingresos, mientras que las alcaldías un 5% y los condominios una cuota del 1% de sus ingresos.
Cortez explicó que dicho fondo sería manejado por una junta directiva que está conformada de la siguiente manera:
- Un representante de la Gobernación del estado de Miranda, nombrado por el mandatario regional.
- Tres alcaldes de los municipios con el mayor número de habitantes
- Dos representantes de juntas de condominio que resulten seleccionados del mayor número de postulaciones de la junta de condominio ante la oficina estadal de la junta de condominio.
- Un representante de la asociación de vecinos de la entidad.
Por su parte, Juan Manuel Raffalli opinó que, si la intención de este proyecto de Ley es ayudar, no es necesario ningún instrumento legal. Recordó que, ya existen los mecanismos de autogestión que realizan los propios vecinos de las comunidades con las autoridades municipales, incluso estadales.
“Tienen que reunirse con los condominios para ver cuáles son los problemas que los aquejan, luego presentar un proyecto para solucionar. No tienen que meterse a regular a los condominios cómo votan y cómo toman sus decisiones”, reclamó Raffalli.
¿Cuáles son los aspectos más graves?
Tanto Juan Manuel Raffalli como Yelitze Cortez estuvieron de acuerdo en que los siguientes aspectos del proyecto de ley de condominios son los que preocupan más:
1.- Dar facultades a las juntas de condominio para ejecutar planes especiales de financiamiento de obras y servicios.
2.- Los métodos especiales de recaudación deben respetar la capacidad de aporte de los vecinos.
3.- Los lineamientos para la toma de decisiones dentro del seno de las comunidades.
Para el abogado Raffalli este instrumento legal podría ser usado para que el gobierno de Miranda tenga control e información de la vida vecinal. Por ello aseguró que no ve que sea necesario implementar el proyecto de ley de condominios.
“Veo que hay varios elementos que son riesgosos y eso quiere decir que estamos frente a un tema de profunda inseguridad jurídica que además lesiona el derecho a la información”, sentenció Raffalli.
¿Qué medidas legales pueden tomar los vecinos?
Juan Manuel Raffalli exhortó a los habitantes del estado Miranda a que, manifiesten siempre su desacuerdo incorporándose a los procesos de consulta y pedir que no se apruebe.
“Si aún así lo aprueban, solo queda ir al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y demandar la nulidad de esa ley y pedir su desaparición mientras se realiza el juicio”, recomendó.
“Esa ley no va a resolver los problemas”
El alcalde del municipio Baruta de Miranda, Darwin González aseguró en exclusiva para El Diario que el proyecto de ley solo genera falsas expectativas porque la realidad es que no va a resolver los problemas de las comunidades.
“No es para resolver los problemas principales que tienen los municipios en el estado Miranda, las personas se van a ilusionar de que se van a resolver los problemas y al final eso no va a pasar”, resaltó González.
El alcalde opinó que con la ley solo se busca un mayor control social. Sin embargo, comentó que los habitantes del estado Miranda no tienen temor, sino más bien dudas y desean una respuesta pronto sobre cuál es el proyecto oficial para ellos poder informarse correctamente.
Confesó que el gobernador Héctor Rodríguez no se ha reunido con él, ni con los alcaldes de los municipios Chacao, El Hatillo y Los Salias.
Aseveró que el principal problema de los Mirandinos -y el más grave tomando en cuenta la pandemia– es la falta constante de agua potable.
“Existe un sistema de racionamiento pero no lo cumple. Se le pide a la gente que esté en su casa y se laven frecuentemente las manos, pero ¿cómo hacen si no tienen agua?”, sentenció el alcalde.
En medio de una crisis humanitaria compleja y una pandemia que cada día cobra más vidas en Venezuela, hay personajes gubernamentales que no parecen acertar con sus políticas para “beneficiar” a la población. La realidad es que no se necesita el reconocimiento a la personalidad jurídica de los condominios ni crear un fondo para atender problemas estructurales. Se necesitan medicinas, insumos y personal médico calificado para poder enfrentar correctamente al covid-19.
