• El comisionado de la OEA dijo para El Diario que las constantes amenazas de las autoridades de Trinidad y Tobago de criminalizar a los refugiados aumenta el riesgo de que estas personas se oculten aún más y se alejen así de los servicios de salud durante la pandemia

El exalcalde de El Hatillo y ahora comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA), David Smolansky, habla desde el exilio con la esperanza de ser el portavoz de la migración forzada de venezolanos. Ha recorrido miles de kilómetros memorizando los testimonios que otrora relataba sobre una tribuna y que ahora hace través de una pantalla. 

Detrás de esa realidad, expone los números que busca humanizar. Dice que es tarea difícil documentar una crisis de esta magnitud. Su discurso, más allá de las cifras, ilustra la mezcla de las acciones de un Estado que “empobrece, hambrea, enferma y persigue a los venezolanos”.

Foto: AP /Ariana Cubillos

Smolansky afirma que aquellos que se suben a un peñero desde las costas venezolanas no abandonan su país de forma voluntaria. Huyen porque en caso de no hacerlo, sus vidas corren peligro. Es justamente por esta razón que han propuesto establecer y respetar el estatus de refugiados para todos aquellos venezolanos que han tenido que abandonar su nación, según lo estipulado en la Declaración de Cartagena.

“En la migración forzosa de millones de venezolanos, en la que algunos se han ido a Trinidad y Tobago por la cercanía, ha habido casos de deportaciones en estos años; deportaciones que ponen en riesgo a esos ciudadanos al volver a su país y que puedan sufrir consecuencias por parte de un régimen involucrado en delitos de lesa humanidad, ese mismo régimen que los hizo huir tomando el riesgo de hacerlo en pequeñas embarcaciones”, dijo para El Diario el comisionado designado por el presidente interino, Juan Guaidó.

Migrantes y refugiados

En 1984 se aprobó la llamada Declaración de Cartagena, en la que se resalta que las personas pueden verse forzadas a migrar no solo por persecuciones políticas, sino en general, cuando el Estado de su residencia colapsa en medio de crisis económicas y sociales que ponen en riesgo la vida, seguridad y libertad.

Desde ese año la declaración amplió el concepto de refugiado a toda persona que es forzada a migrar: “porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”.

Es decir, la aplicación de la Declaración de Cartagena radica, precisamente, en la posibilidad de calificar a los migrantes venezolanos como refugiados debido a que la población no salió de su país de forma voluntaria, sino forzada por circunstancias que pusieron en riesgo su integridad.

Para Smolansky, el estatus de refugiado también se basa en las garantías de no devolución: los Estados no pueden deportar a quienes participan en las migraciones masivas desde Venezuela, pues su vida o su integridad estarían en peligro. Sin embargo, esta situación no ha sido respetada por las autoridades de Trinidad y Tobago, según el comisionado.

Deportación como política de Estado

El pasado 6 de agosto, expulsaron al menos a 165 venezolanos de la isla caribeña. En una conferencia de prensa que se realizó el 25 de julio, el ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago declaró que “los inmigrantes ilegales”, “la gente que llega por mar” y los empresarios que “trafican” con esas personas constituyen un riesgo potencial para la salud y han establecido una línea telefónica de emergencia para que la gente denuncie.

También declaró que las personas venezolanas que se registraron y recibieron permiso legal de residencia y el derecho a trabajar en virtud del denominado proceso de “amnistía” iniciado por el gobierno en 2019, podrían ver revocado su permiso de residencia y ser expulsadas si se descubre que “daban cobijo” a migrantes en situación irregular.

Foto: Reuters

También podrían someterse a cargos penales a los arrendadores que estén alquilando propiedades a migrantes en situación irregular, añadió el ministro.

En este punto, Smolansky agrega que a algunos ciudadanos los han detenido por “delitos migratorios” y las autoridades de ese país coaccionan a migrantes a firmar documentos para proceder con su deportación. No hay vuelos disponibles, por lo que los ciudadanos deben retonar al país en embarcaciones pequeñas hasta las costas venezolanas.

“El gobierno de Trinidad y Tobago cataloga estos procedimientos como retornos voluntarios y obligan a estas personas a firmar una autorización para proceder con su deportación. Lo hacen sin brindar alguna otra opción de protección a estos refugiados que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Entonces, no tienen otra opción más que firmar por tener temor a ser víctimas de xenofobia, discriminación y de no poder conseguir trabajo, firman dicho documento bajo coacción. La actitud de las autoridades de ese país es una muestra de la alianza que tiene con el régimen. Es algo que ha venido ocurriendo desde hace algunos años”, dice el comisionado.

Cuando se habla de cifras, dice Smolansky, actualmente más de 40.000 venezolanos viven en Trinidad y Tobago, isla a 40 kilómetros de Venezuela.  Añade que muchos ciudadanos han emigrado a la isla caribeña debido a su cercanía y su fácil acceso a través de embarcaciones ilegales y viajes clandestinos que son cuidadosamente organizados al margen de la ley. El comisionado advierte que por esta práctica, acentuada por la desesperación de huir de la crisis, muchas mujeres han caído en la trata y tráfico de personas en ese país.

No es ningún secreto que las autoridades de Trinidad y Tobago criminalizan la entrada irregular en el país. Expulsar a venezolanos y devolverlos a la emergencia humanitaria y de derechos humanos de la que huían, en plena pandemia, es una violación indignante de las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional. A ninguna persona deben devolverla a un lugar en el que corra peligro”, agregó.

El estigma a los migrantes como “armas biológicas”

Los testimonios de las violaciones de derechos humanos a quienes regresan los ha documentado la Secretaría General de la OEA para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos. Lo hicieron en su informe sobre “Situación de los venezolanos que han retornado y buscan regresar a su país en el contexto del covid-19”.

El documento destaca que la informalidad económica es una de las principales características de la población de migrantes y refugiados en la región. La pandemia por covid-19 afectó gravemente esas fuentes de ingreso; lo que ocasionó que a miles de familias las desalojaran por no poder costear los alquileres.

Ningún venezolano puede ser ofendido por su nacionalidad, todo ser humano tiene derecho a regresar al país donde nació, si usted está siendo víctima, por favor denuncie si está teniendo algún impedimento para regresar. Los testimonios de migrantes y lo que está sucediendo en la pandemia es una de las aristas más importantes para seguir plasmando lo que significa la violación de los derechos humanos en Venezuela”, concluyó.

Smolansky insistió en que hay que visibilizar los delitos de lesa humanidad y la violación de los derechos humanos a la que están siendo sometidos los venezolanos. Indicó que su oficina está abierta a escuchar las denuncias que el régimen pretende silenciar. 

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