• De acuerdo con la Coalición Nacional Sindical de Venezuela, más de 150 dirigentes sindicales han sido detenidos por denunciar la crisis en las instituciones públicas. La mayoría fueron capturados y enjuiciados sin respetar el debido proceso

Cuando los familiares y colegas vieron a la enfermera Ada Macuare en la noche del jueves 5 de agosto, se fundieron en un abrazo. No hubo casi palabras, solo lágrimas. La última vez que la habían visto fue 15 días atrás, el miércoles 21 de julio. Ese día fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro la detuvieron mientras estaba de guardia en el ambulatorio Alí Romero de Barcelona, estado Anzoátegui. La razón: denunciar la crisis del sector salud, pedir vacunas contra el covid-19 y un mejor salario, según el sindicato de enfermeros. Deberá presentarse cada 30 días a los tribunales.

El caso de Macuare expuso, una vez más, el patrón represivo del régimen chavista contra trabajadores sindicales a través de su brazo judicial. Fue acusada y presentada en tribunales por la supuesta comisión de los delitos de instigación al odio y terrorismo. Al igual que ella, otros más de 150 dirigentes sindicales han sido detenidos por denunciar la crisis en las instituciones públicas y han sido acusados por el régimen de Maduro bajo el mismo pretexto que la enfermera, de acuerdo con la Coalición Nacional Sindical de Venezuela, que agrupa a profesionales de distintas áreas, incluido el sector salud.

El proceso judicial que enfrentó la trabajadora de la salud estuvo cargado de violaciones a sus derechos humanos de principio a fin, de acuerdo con diversas ONG, entre ellas Espacio Público. Durante los 15 días que permaneció detenida en  la sede de la Policía Municipal de Urbaneja, no le permitieron la visita de sus familiares ni abogados. Además, la detuvieron funcionarios que se hicieron pasar por pacientes y su audiencia de presentación la suspendieron en dos oportunidades, según explicó su abogada Ana Suniaga a la organización sin fines de lucro.

Macuare tenía 40 días como jefa del área de enfermería del hospital de Barcelona cuando la capturaron. Debido a su cargo, era una de las trabajadoras de la salud que lideraba en las calles la exigencia de mejores condiciones para pacientes, médicos y enfermeros. Es madre de dos hijos, uno de 4 y otro de 6 años de edad.

Amedrentamiento contra enfermeros

Los funcionarios que detuvieron a Macuare pertenecían a la Dirección de Inteligencia y Estrategia (DIE) de la Policía Nacional Bolivariana. También se llevaron a la enfermera Jhoana Perales, a quien liberaron horas después.

Trabajadores de la salud denuncian que se trataría de un modus operandi en el estado Anzoátegui. Tres semanas antes de la detención de Macuare, Edisson Hernández, coordinador general del Movimiento de Trabajadores de la Salud, vivió una situación similar. Dos agentes que decían ser policías (pero no tenían identificación) ingresaron sin ningún tipo de protección al área covid-19 del hospital Luis Razetti con la intención de detener al gremialista. Médicos y enfermeros impidieron la detención de Hernández.

“Además de estar en mi jornada laboral, me encontraba con una tía que estaba delicada con covid-19. Ellos pretendían secuestrarme, así lo digo sin tapujos, porque ellos llegaron sin identificación alguna y con el mismo modus operandi, llegaron buscando a otra persona que no trabaja allí y después, cuando me vieron, pretendieron llevarme”, comentó Hernández a CrónicaUno.

El “odio” como pretexto

De acuerdo con reportes de Espacio Público, desde 2017 se registraron al menos 45 casos en los que se usó o invocó la “ley contra el odio” hacia personas por expresarse. Señalan que esto derivó en 101 violaciones a la libertad de expresión y opinión.

“El año con la mayor cantidad de casos fue 2020 con 21, el segundo es 2018 con 13 casos, el tercero es 2019 con 10 y 2017 con un caso. El tipo de vulneración más común fue el hostigamiento judicial en 42 oportunidades, seguidos de 36 detenciones y 10 acciones de censura”, registró la ONG.

De las víctimas, la mayoría pertenecen a trabajadores públicos y de la salud (18); trabajadores de los medios de comunicación (16); particulares, activistas y miembros de ONG (10); infociudadanos y población en general (5) y medios de comunicación (2).

Respaldo del gremio

Durante el tiempo que estuvo detenida, abundan las muestras de solidaridad con Macuare. Uno de los principales apoyos fue del gremio de la salud, quienes denunciaban a diario la situación en la que se encontraba. El 31 de julio hicieron público que Macuare sufrió de una crisis hipertensiva y tuvo que ser trasladada desde el centro de reclusión hasta un centro asistencial, según información de la ONG Monitor Salud.

“Responsabilizamos al Estado por lo que le pase a Ada Macuare, porque le corresponde velar por sus derechos como trabajadora y como ser humano. Culpamos al gobierno (régimen de Maduro) porque se supone que debería garantizarnos un buen ambiente laboral, factor que no tenemos”, denunció  Edisson Hernández, el coordinador general del Movimiento de Trabajadores de la Salud.

Ahora la exigencia del gremio es la libertad plena para Macuare, que cesen los ataques y que mejoren las condiciones de trabajo.

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