• De acuerdo con una investigación, en las prisiones y centros de reclusión en Colombia hay hacinamiento y además se registran violaciones de los derechos humanos

Hasta marzo de 2022, de los 2.859 privados de libertad extranjeros que hay en Colombia, 2.389 (84%) son ciudadanos venezolanos, 332 de esos presos son mujeres, lo que representa el 14% de la población total de extranjeros en las cárceles. Así lo destacó un estudio especial publicado el 8 de mayo.

Investigación conjunta. El proyecto periodístico fue un trabajo colaborativo entre: El Espectador, Pontificia Universidad Javeriana, Pesquisa Javeriana, Acción Interna, Maestría en Periodismo Científico, Semillero en Derecho Penitenciario y Tüü Pütchika.

De acuerdo con la investigación, en las prisiones y centros de reclusión en Colombia hay hacinamiento, además se registran violaciones de los derechos humanos así como obstáculos para el acceso a beneficios (procesales). La situación, que ya es difícil para los colombianos privados de libertad, empeora en el caso de los extranjeros. 

“En este reportaje se presentarán testimonios del difícil acceso que tienen los extranjeros, especialmente la población venezolana, para comunicarse con sus familias, acceder a servicios de salud, de asesoría jurídica, recibir medicamentos, pero sobre todo, la estigmatización y discriminación al interior de los penales por su lugar de procedencia”, destacó la investigación conjunta.

Foto de la Fundación Acción Interna

Los delitos comunes.

Los delitos con más condenados en el país, tanto de extranjeros como de nacionales, son homicidio, hurto, concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y porte de armas de fuego.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) aseguró en marzo de 2022 que el 64 % de las personas privadas de libertad han sido procesadas por alguna de estas conductas.

Población total de privados de libertad 

Según cifras cedidas para el estudio por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la entidad que se encarga de la vigilancia, custodia, atención y tratamiento de las personas privadas de la libertad en Colombia, indican que para marzo había 97.080 presos en las cárceles. De los cuales 68.433 se encuentran condenados y 21.317, acusados.

Otras 72.240 personas están bajo detención domiciliaria, de acuerdo con la investigación. Ese dato no alivia el 19,97 % del sobrecupo en las cárceles colombianas. Para el ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, la causa principal del hacinamiento recae en la detención de los acusados que no han sido condenados, pero que por precaución y para que no incidan en el juicio, se les impone la medida de detención.

Otros extranjeros presos en Colombia

110

Ecuador

42

México

31

Costa Rica

A finales de marzo, el Inpec informó que había 2.859 extranjeros condenados o en proceso de juicio en las prisiones colombianas, el 2.9 % de la ocupación total. En el caso de personas procedentes de Venezuela, había 2.398, lo que representa el 2.5 % del total de privados de la libertad y, si se contrasta con los casi dos millones de migrantes venezolanos que han llegado a Colombia, sería el 0.1 %.

Mujeres venezolanas tras las rejas en Colombia 

El estudio consta de seis capítulos y allí también se investigó la situación de las mujeres colombianas y migrantes venezolanas que están privadas de libertad. En 1991, eran 1.500 las mujeres que estaban presas en centros penitenciarios; en la actualidad la cifra aumentó más de 400 %, pues el número es de 6.000. 

De acuerdo con datos de 2018 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), las mujeres son 17 % más vulnerables a la pobreza que los hombres, lo que las lleva a incurrir en más hechos delictivos para encontrar formas de sobrevivir y mantener a su familia. La investigación principal encontró que la mayoría de las reclusas son solteras, cabezas de familia (con responsabilidades exclusivas de su hogar), y de estratos socioeconómicos bajos. 

Los ingresos promedio de los hogares de estas mujeres antes de su detención eran inferiores a dos salarios mínimos (246 dólares) mensuales legales vigentes. De acuerdo con el estudio, esto aplica tanto para las colombianas como para las venezolanas.

Foto Fundación Acción Interna
Hablar de mujeres en contextos de prisión es hablar de mujeres pobres que, además, son madres, y que, además, son madres cabeza de familia y que, además, son señaladas por no ser ‘un ejemplo’ y no cumplir su rol establecido: ser buenas”, resalta el texto.
Foto Fundación Acción Interna

Venezolanos LGBTI bajo el estigma en las cárceles

El estudio destacó que ser migrante, venezolano y pertenecer a la población LGBTI en una cárcel de Colombia es un triple estigma. Datos del Inpec indican que para 2021, de 1.995 venezolanos presos en ese país, 33 se reconocían como población diversa. Pero la realidad es que la mayoría prefiere esconder su orientación sexual para no lidiar con la violencia.

El estudio asegura que existen registros que indican que la población LGBTI es víctima de abusos sexuales de internos que erróneamente consideran dichas prácticas como “correctivas” de la orientación sexual.

En el artículo 153 del Código Penitenciario y Carcelario de Colombia  (Ley 65 de 1993) se establece que los hijos de las internas pueden estar con ellas en el lugar de reclusión hasta los 3 años de edad: “Por ello el Inpec debe prestarles atención especial y, además, tiene que dispensar para cada uno el servicio de guardería”. 

Actualmente hay ocho establecimientos de reclusión que tienen guardería, entre ellos El Buen Pastor (en Bogotá), Pedregal (en Medellín) y el Complejo Carcelario de Jamundí (en Valle del Cauca).

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