• La ONG registró entre enero y septiembre de este año 134 violaciones del derecho a la libertad de expresión en el país

La ONG Espacio Público denunció este miércoles 2 de noviembre, durante el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra los Periodistas, que el Estado venezolano sigue sin garantizar justicia a trabajadores de la prensa que son víctimas de violencia física, verbal o judicial.

“Conmemoramos otro Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas exigiendo celeridad en los procesos judiciales, investigaciones transparentes, respeto al Estado de derecho y al debido proceso en todos los hechos contra trabajadores de los medios de comunicación social”, señaló la ONG en un comunicado.

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Foto referencial

Agregó que, entre enero y septiembre de este año, han registrado 134 violaciones del derecho a la libertad de expresión, que implican: hechos de violencia (incluyendo intimidación), hostigamiento verbal y judicial, amenazas, agresiones y ataques.

Impunidad

Espacio Público afirmó que la impunidad ante agresiones y actos de violencia contra periodistas y otras personas que se dedican a la labor informativa constituye uno de los “principales obstáculos” para su seguridad y para el ejercicio de la profesión “sin miedo a represalias”.

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“No hay un Estado que investigue, proteja, acuse y condene a las personas que cometen estos crímenes”, añadió.

Periodistas venezolando cargando a Gregory Jaimes
Foto cortesía

La organización sostuvo que la rendición de cuentas por delitos cometidos contra trabajadores de los medios es un “elemento clave” para prevenir dichas agresiones en el futuro, poder entender causas, patrones, responsables y establecer medidas efectivas que procuren la protección de quienes se dedican a mantener informada a la sociedad.

“Alzamos la voz por todas las personas que tienen un proceso judicial abierto por divulgación de información, por las que han sido víctimas de persecución, tortura, violencia verbal, sexual, física, de desaparición forzada y cárcel por la divulgación de información incómoda para el gobierno”, sentenció la ONG.

Con información de EFE.

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