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- Durante un acto de campaña, el expresidente estadounidense reconoció que su interés, más que el cese de la usurpación de Nicolás Maduro, era el control del petróleo venezolano. Una declaración que generó mucha polémica, pero a su vez abrió la pregunta de qué tan cerca estuvo realmente su gobierno de cumplir ese objetivo
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aspira a volver a la Casa Blanca en 2024. Y en su campaña, no solo ha mantenido su discurso incendiario, cargado de polémicas, sino que también lo ha usado para recordar todas las cosas que hizo durante su gobierno, o por lo menos las que afirma haber hecho. Y precisamente una de ellas fue su promesa incumplida de liberar a Venezuela del régimen de Nicolás Maduro.
Durante un acto de campaña realizado el 10 de junio en el estado de Carolina del Norte, Trump criticó la postura de la actual Administración de Joe Biden de flexibilizar las sanciones económicas al régimen de Maduro como incentivo para negociar algunas garantías democráticas.
Pero principalmente, cuestionó que Estados Unidos ahora intente comprar petróleo venezolano, cuando pudo simplemente “tomarlo” con una hipotética caída de Maduro.
“¿Qué hay de comprarle petróleo a Venezuela? Cuando me fui, Venezuela estaba a punto de colapsar. Nos hubiéramos apoderado de ella, nos hubiéramos quedado con todo ese petróleo. Ahora tenemos que comprarle petróleo a Venezuela y hacer millonario a un dictador”, declaró.
#11Jun | El expresidente de EE UU Donald Trump dijo que la Administración de Joe Biden "le está comprando petróleo" al régimen de Nicolás Maduro y que antes de terminar su mandato su intención era apropiarse del petróleo venezolano.
— El Diario (@eldiario) June 11, 2023
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Polémica
Las declaraciones de Trump causaron un fuerte revuelo e indignación en redes sociales. Principalmente por reconocer que su principal interés para intervenir en la política venezolana no era para defender la democracia, sino para tomar control de las reservas petroleras del país, reconocidas como las más grandes del mundo.
Aunque esto tuvo mayor resonancia por parte de personalidades vinculadas al oficialismo, diferentes voces dentro de la oposición también se pronunciaron para rechazar las palabras del exmandatario. ”Nunca estaré de acuerdo con que un gobierno extranjero tome el petróleo de Venezuela”, escribió el economista y diputado José Guerra.
Sin embargo, más allá del tema del intervencionismo, el video también abrió en redes sociales el debate sobre si realmente estuvo cerca la Administración de Donald Trump de propiciar la salida del poder de Nicolás Maduro. ¿Qué tan cerca del colapso estaba el oficialismo durante los cuatro años que estuvo Trump frente a la Casa Blanca?
Antecedentes
Desde la llegada al poder de Hugo Chávez en 1998, las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela fueron complicadas. Durante la Administración de George W. Bush comenzaron las tensiones, criticando las tendencias autoritarias de Chávez y su cercanía con países de su denominado “Eje del mal”, como Irán, Irak o Libia. Por su parte, Chávez mantenía un fuerte discurso antiestadounidense, acusando con frecuencia a sus agencias federales de tramar planes para derrocarlo y asesinarlo.
Aunque nunca dejaron de mantener relaciones comerciales, sobre todo en la exportación de crudo venezolano, Chávez tomó un discurso cada vez más hostil, al punto de expulsar por primera vez al embajador estadounidense en 2008. Con la llegada del demócrata Barack Obama en enero de 2009, la situación no mejoró. De hecho, apenas un año después vetó al nuevo embajador estadounidense Larry Palmer. Esto dejó a la misión diplomática estadounidense por más de una década representada solo por sus encargados de negocios.
Tras la muerte de Chávez en 2013, fue sucedido por Nicolás Maduro, quien continuó con su discurso antiestadounidense. Por su parte, la Administración Obama endureció sus posturas contra el régimen venezolano. Sobre todo tras la ola de protestas de 2014 conocida como La Salida. Ese año, el Congreso estadounidense aprobó la Ley de Defensa de Derechos Humanos y de la Sociedad Civil de Venezuela. Con ella, se impusieron las primeras sanciones individuales contra funcionarios del oficialismo vinculadas a la represión de manifestantes.
En ese momento solo se sancionaron a siete funcionarios claves. Entre ellos, al comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio José Benavides Torres yel director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López. También la fiscal Katherine Harrington, encargada de imputar a varios presos políticos.
En 2015, Obama tomó medidas más fuertes, como congelar los bienes y activos en Estados Unidos de los funcionarios sancionados y prohibir la entrada al país a sus familiares. Por esa época también firmó un decreto en el que declaró a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional, por el ingreso de capitales al sistema financiero estadounidense provenientes de la corrupción del Estado venezolano.
La era Trump
El 20 de enero de 2016, Donald Trump juró como presidente de Estados Unidos. En un principio sus relaciones con Venezuela mantuvieron el mismo status quo que gobiernos anteriores, sin un papel importante en la agenda exterior de Washington. Sin embargo, con el estallido de la ola de protestas de 2017, el Departamento del Tesoro empleó el decreto firmado antes por Obama para continuar sancionando a funcionarios venezolanos acusados de corrupción y violación de derechos humanos.
El primer sancionado fue Maikel Moreno, entonces magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por obstaculizar la labor de la Asamblea Nacional opositora. En julio de 2017 se le aplicaron sanciones por primera vez a Nicolás Maduro, así como un mes después a miembros de la asamblea nacional constituyente (ANC).
Trump firmó también en marzo de 2018 un decreto que prohíbe a los ciudadanos estadounidenses hacer transacciones con la moneda digital Petro, creada por el gobierno venezolano. En esta época, la lista de funcionarios sancionados creció incluyendo a personajes como Diosdado Cabello. A pesar de todo eso, hasta ese momento Estados Unidos todavía reconocía a Venezuela como un país hostil, pero con autoridades electas constitucionalmente.
Ataque frontal
Todo cambió con las elecciones presidenciales de 2018, convocadas por la ANC. La Administración de Trump respaldó las denuncias de la oposición de que aquellos comicios no eran válidos ni contaban con garantías democráticas, por lo que desconoció su resultado. En respuesta, Maduro expulsó al encargado de negocios estadounidense en Caracas, Todd D. Robinson, con lo cual el puesto fue ocupado por James Story.
En enero de 2019, Maduro se juramentó para su nuevo periodo en el TSJ, pues la Asamblea Nacional desconoció las elecciones. Ante el vacío de poder, el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, asumió como presidente interino en un acto reconocido por más de 60 países, y con Estados Unidos a la cabeza. A partir de ese momento, para Washington, Maduro usurpaba ilegítimamente el poder en Venezuela.
Siguiendo esta línea, la Administración Trump decidió apoyar al gobierno interino de Guaidó en la creación de un frente internacional para presionar a la salida de Maduro. También con la entrega de activos venezolanos en territorio estadounidense como la sede de la Embajada en Washington y la petrolera Citgo. Además de proveer ayuda humanitaria ante el creciente éxodo de venezolanos por Latinoamérica.
Las sanciones se convirtieron entonces en la principal herramienta para atacar al régimen de Maduro. A medidas como una prohibición para comerciar con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y el bloqueo de sus embarcaciones en aguas internacionales se sumaron a la captura de empresarios señalados de lavar dinero para funcionarios venezolanos. El caso más emblemático fue el del colombiano Alex Saab.
Otra acción significativa fue la emisión de una orden de captura contra Nicolás Maduro en marzo de 2020, por presuntos delitos de narcotráfico. Esto, aunque no se tradujo en la detención inmediata del gobernante venezolano, sí le ha impedido hasta la fecha viajar a países aliados de Estados Unidos o que tengan acuerdos de extradición.
Invasión
Aunque la estrategia para presionar la salida de Maduro se mantuvo en el plano de las sanciones, Trump nunca descartó la opción militar durante su gobierno. John Bolton, quien fue su asesor de seguridad, publicó en 2020 el libro La habitación donde sucedió: una memoria de la Casa Blanca, donde, entre otras revelaciones, aseguró que al entonces presidente le parecía “genial” la idea de una invasión a Venezuela.
En un capítulo, indicó que Trump en privado era escéptico sobre el gobierno interino de Guaidó, por lo que consultó con su equipo militar la posibilidad de realizar una operación militar para derrocar a Maduro. Esto coincide con una entrevista ofrecida en 2018 a la agencia AP por un funcionario anónimo, quien aseguró que Trump usó como ejemplos a las invasiones estadounidenses a Granada (1983) y Panamá (1989).
En ambos casos, los consejeros del presidente, como su entonces secretario de Estado, Rex Tillerson, le hicieron desistir de la idea. Sobre todo al considerar no solo el gasto militar que implicaría, sino también el rechazo que generaría ante la comunidad internacional.
A pesar de esto, Trump siguió insinuando su inclinación por una salida armada, incluso en sus discursos públicos. En 2020, el régimen de Maduro acusó a Washington de estar detrás de la presunta incursión fallida de mercenarios conocida como Operación Gedeón. Esto debido a que 2 de los 17 detenidos en la embarcación interceptada eran exmilitares estadounidenses.
“Si quisiera entrar en Venezuela no lo mantendría en secreto, y no mandaría a un grupo pequeño, hablaríamos de un Ejército”, respondió Trump al respecto.
Política bipartidista
Aunque Trump suele atribuirse todas las políticas de presión contra Maduro, hay dos factores claves en cuenta. El primero, que hasta enero de 2019, Maduro aún no incurría en la figura de la usurpación, por lo que cualquier acción directa contra su gobierno habría sido condenada como una agresión internacional. Segundo, que muchas de las medidas tomadas en su Administración fueron impulsadas realmente desde el Congreso. Allí el apoyo al gobierno interino de Guaidó tenía un carácter bipartidista. Es decir, que había consenso entre los partidos Demócrata y Republicano.
Un ejemplo de esto fue la visita de Guaidó a Estados Unidos en marzo de 2020. No solo fue reconocido como presidente de Venezuela por Trump, sino también por la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso, Nancy Pelosi. “Para nosotros es muy importante la unión en una causa que hoy es venezolana, latinoamericana y americana (estadounidense), en contra de una dictadura que alberga terroristas, narcotraficantes”, declaró.
Esto se ve también en que tras el ascenso del demócrata Joe Biden a la presidencia en 2021, gran parte de las políticas de Trump hacia Venezuela se han mantenido. Un ejemplo fue la permanencia de James Story como embajador hasta mayo de 2023, o la propia política de sanciones, que se ha mantenido pese a las flexibilizaciones.
Voceros como el secretario de Estado, Antony Blinken, señalan que la única diferencia que a diferencia del gobierno de Trump, que buscaba la asfixia del régimen de Maduro a través de las sanciones, ahora la Casa Blanca busca emplearlas como ficha de negociación para promover una transición dialogada mediante elecciones generales.
