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- El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos brindó detalles sobre las vulneraciones cometidas en las últimos 10 años. Foto principal: EFE
El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) presentó el 30 de abril su informe anual 2023 sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, en el que destacó la “sistemática vulneración de los DD HH” en Venezuela bajo la gestión del presidente Nicolás Maduro.
En la edición 35 del informe, la organización no gubernamental (ONG) realizó un balance sobre los 10 años que lleva Maduro en el poder y el impacto que sus políticas han tenido sobre la garantía y realización de los derechos humanos en Venezuela.
En este sentido, Provea denunció que el gobierno de Maduro sofocó los derechos a la libertad personal, a la vida y a la integridad personal con ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias.
De acuerdo con la ONG, entre 2013 y 2023 se registraron 43.003 víctimas de violaciones a la integridad personal, que incluyen 1.652 víctimas de torturas y 7.309 víctimas de tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes.
Políticas de Maduro profundizaron crisis económica
En el documento, Provea señaló que las políticas de Maduro profundizaron una crisis económica que mantiene a la población en pobreza extrema, con más del 45 % de los hogares enfrentando inseguridad alimentaria y un salario mínimo estancado en 130 Bs (menos de 4 dólares mensuales), que es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de una persona.
La ONG destacó que “estos resultados son el producto de un modelo económico y social excluyente y de una gestión gubernamental que ha fallado en proteger y garantizar los derechos fundamentales de los venezolanos”.
Provea señaló que los últimos 10 años han sido de empobrecimiento y represión en el país. Según lo expuesto en el informe, Maduro impidió un entorno favorable para superar la pobreza y enaltecer el valor de los derechos humanos y la democracia, desconociendo sus obligaciones respecto a la garantía de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de la población.
Entre 2015 y 2022 Venezuela cayó 39 puestos en la medición de Índice de Desarrollo Humano (IDH) que realiza el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Al cierre de 2022, el organismo registró un IDH de 0,699, lo que sitúa al país en el puesto 119 de 193 países analizados.
Además, la ONG puntualizó que en los últimos años Venezuela ha sufrido una caída de más del 80 % de su Producto Interno Bruto (PIB), “una de las mayores contracciones registradas en las últimas décadas en el mundo”. Esto ocasionó un daño a la capacidad productiva del país.
Provea señaló que la gestión de Nicolás Maduro condujo al país a un escenario de hiperinflación. Este pulverizó el salario y las prestaciones sociales de los trabajadores, acabó con el ahorro y las aspiraciones de movilidad social de cientos de miles de familias.
Violencia institucional
La ONG, con más de 35 años en Venezuela, también mencionó que en comunidades pobres y cárceles del país la violencia institucional de agentes de seguridad del Estado ha sido empleada como un mecanismo de control social contra excluidos y disidentes políticos.
“La impunidad ha sido favorecida con la ausencia de investigación, sanción a los culpables y mecanismos de rendición de cuentas”, afirmó.
De acuerdo con los registros de Provea, entre 2013 y 2023, al menos 10.085 personas fueron asesinadas por agentes de seguridad, la mayoría de estos casos continúan sin ser investigados. Por estos hechos, desde mediados de 2015, diversos mecanismos de Naciones Unidas para la promoción y protección de los derechos humanos mostraron preocupación por la crisis en Venezuela y su impacto en la garantía de los derechos humanos.
La organización advirtió que, junto a la pobreza, la impunidad estructural sigue siendo la mayor violación de derechos humanos en Venezuela. En su informe, subraya que existe un irregular funcionamiento del Sistema de Administración de Justicia y el acaparamiento de la institucionalidad por parte del Poder Ejecutivo, garantizando impunidad para la mayoría de los delitos y violaciones de derechos humanos.
Detalles del informe anual 2023
Durante 2023, Provea registró que el sistema sanitario público continuó presentando las consecuencias negativas del colapso estructural en el que se encuentra desde 2012 y que esto supone una pronunciada reducción de las capacidades de atención a la salud de la población venezolana.
“El colapso se manifestó en el transcurso del año con una caída estimada mayor a 70 % de los servicios de los hospitales, 80 % de los ambulatorios y 90 % de los centros de atención primaria del país, de acuerdo con reportes y datos independientes de varias fuentes nacionales”, detalló Provea.
Por tercer año consecutivo, las denuncias registradas por Provea revelaron un empeoramiento de las garantías del derecho a la salud. En 2023 se contabilizó un total de 103,3 mil denuncias, sobrepasando el máximo alcanzado en la última década, de 95,9 mil en 2022.
En cuanto al derecho a la integridad personal, Provea indicó que entre enero y diciembre de 2023 se registraron 70 denuncias de violaciones al derecho a la integridad personal –con igual número de casos– que incluyeron a 2.652 víctimas.
Los datos indicados, comparados con el periodo anterior –cuando se reportó un total de 2.203 víctimas–, representan un aumento de 20,3 %. La información recopilada por la ONG es el resultado de un monitoreo en prensa nacional y regional, así como los casos atendidos en organizaciones defensoras de derechos humanos.
Además, durante el año al menos 1.182 personas fueron víctimas de tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, lo que representa un descenso de 18,3 % respecto a la cifra registrada en 2022.
Alta letalidad policial
Provea destacó que el año 2023 se caracterizó nuevamente por “la alta y deliberada letalidad policial y militar”, la cual ha sido institucionalizada y ha permitido graves violaciones al derecho a la vida que pudiesen constituir crímenes de lesa humanidad.
De acuerdo con el informe, se registró un total de 620 presuntas privaciones arbitrarias. Estas ocurrieron en distintas circunstancias en todo el territorio nacional. En 2022, hubo 824 víctimas, lo cual significa una disminución porcentual de 24,75 %.
“A juzgar por los resultados anteriormente destacados, persiste la reducción de las cifras de presuntas ejecuciones, proceso que se inició en 2021. Sin embargo, el número es considerablemente alto y continúa indicando la falta de voluntad de garantizar una actuación de los cuerpos policiales y militares que brinde seguridad con pleno respeto a los derechos de la población”, precisó Provea.
Crisis acabará cuando se cumpla con el mandato constitucional
Provea resaltó que “la dramática crisis” venezolana solo tendrá una salida cuando las demandas de justicia y de igualdad de derechos para todas las personas puedan ser escuchadas y cuando las instituciones vuelvan a cumplir su mandato constitucional.
Para la ONG, en un contexto decisivo como el de las próximas elecciones presidenciales “es imperativa la articulación de los diversos sectores del país para continuar en la ruta por el rescate de esta institucionalidad democrática”.
La organización aseveró que esas acciones son las que permitan una vida digna para la población venezolana.
