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- El nuevo informe de la agencia instó a desarrollar sistemas educativos inclusivos para los migrantes que garanticen el acceso a las escuelas para los migrantes
Un nuevo informe publicado por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) reveló que más de la mitad de los 14,8 millones de niñas y niños refugiados en el mundo y en edad escolar no reciben educación formal.
El reporte, publicado el 8 de septiembre, se basa en datos recabados en más de 70 países de acogida, con el que se mostró que al cierre de 2022, el número de niñas y niños refugiados en edad escolar aumentó casi un 50 % en comparación con el año anterior.
Estiman que un 51 % del total de niños refugiados, es decir más de 7 millones de niños y niñas refugiados, no se ha matriculado en ninguna escuela.
En los países que proporcionaron datos, la matriculación de refugiados varió de un nivel educativo a otro: un 38 % está matriculado en educación preprimaria; un 65 %, en educación primaria; un 41 % en educación secundaria y un 6%, en educación terciaria.
“Entre más se sube en la escalera educativa, el número de bajas es mucho más elevado; esto se debe a que son limitadas las oportunidades a nivel secundario y terciario”, escribió Filippo Grandi, alto comisionado de la ONU para los Refugiados, en el prólogo del informe.
Rezago en la educación
Grandi explicó que las personas refugiadas quedan rezagadas mientras no se impulse su acceso a la educación, lo que dificulta alcanzar las metas en materia laboral, de igualdad, de salud y de erradicación de la pobreza propuestos en la ONU.
“Considerando que el 20 % de las personas refugiadas vive en los 46 países menos desarrollados del mundo y en vista de que más de tres cuartos del total de refugiados vive en países de renta media y baja, el costo que supone la educación de la niñez desplazada por la fuerza recae, desproporcionadamente, en quienes menos recursos tienen”, dice el informe.
Agregó el texto que se requieren sistemas educativos que sean inclusivos para las personas refugiadas y se les garantice el mismo acceso y los mismos derechos que los que recibe el estudiantado del país de acogida.
“En los países de acogida en los que se han puesto en práctica políticas de este tipo se requiere apoyo predecible y plurianual de instituciones financieras de alcance mundial y regional, así como del sector privado y de Estados de renta alta. No podemos esperar que los países que ya enfrentan dificultades por la falta de recursos se hagan cargo de esta tarea sin recibir apoyo alguno”, acotó el reporte de Acnur.
Potencial de los refugiados
Acnur señaló que los refugiados tienen potencial que debe ser desarrollado con su acceso a la educación. Puso como ejemplo, los estudiantes refugiados de Afganistán, Irak y Sudán del Sur que han logrado sobresalir superando obstáculos y aprovechando oportunidades.
Los datos recabados en el informe también demostraron algunos avances, como la paridad de género en el acceso a la educación del promedio del estudiantado refugiado en los países que proporcionaron datos.
Se registró un 63 % de hombres y 61 % de mujeres en etapa primaria; y 36 % y 35 %, respectivamente, en nivel secundaria. Sin embargo, los datos indican que las brechas de género siguen siendo significativas en algunos países.
El informe enfatizó que de no existir garantía de educación para los niños refugiados en el mundo será difícil alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible que consiste en garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad.
Costos de educación
La agencia de la ONU también apuntó al nivel de renta de los países de acogida como un factor a tener en cuenta, ya que el informe mostró que los costos de educación de los niños refugiados recaen “de forma desproporcionada” sobre los países más pobres.
Ante estos datos y frente al arranque del nuevo curso escolar, el organismo de las Naciones Unidas instó a la comunidad internacional a aplicar medidas para evitar que cientos de miles de niños refugiados vuelvan a quedarse sin escolarizar en el curso escolar 2023-2024.
Acnur instó a las autoridades educativas, profesores, padres y otras partes interesadas a planificar y destinar recursos a largo plazo, y con antelación, para garantizar que todos los niños refugiados puedan acudir a las escuelas.
