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- Otras medidas cautelares en contra del expresidente brasileño incluyen la entrega de su parte y la imposibilidad de mantener contacto con el resto de sospechosos
Un juez de la Corte Suprema de Brasil ordenó al expresidente Jair Bolsonaro entregar su pasaporte en un plazo de 24 horas, luego de que iniciara una operación policial contra militares y aliados políticos del líder ultraderechista por el supuesto intento de golpe de Estado, informaron medios locales el 8 de febrero.
La decisión fue tomada por el magistrado Alexandre de Moraes, quien conduce las investigaciones en el alto tribunal sobre la trama golpista que, de acuerdo con las autoridades, actuó durante y después de las elecciones de 2022 para mantener en el poder a Bolsonaro e impedir la llegada al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
Entre las 48 medidas cautelares ordenadas por el Supremo contra los investigados se incluyen, además de la aprehensión del pasaporte de Bolsonaro, la prohibición de mantener contacto con el resto de sospechosos; la imposibilidad de dejar el país y la suspensión de sus funciones públicas.
La Policía Federal cumplió 33 órdenes de allanamiento y 4 de prisión en varios estados brasileños dentro de este operativo que apunta directamente al exmandatario y a varios de sus más estrechos correligionarios, entre ellos militares de alta graduación.
De acuerdo con la prensa brasileña, fueron objeto de registros los exministros y generales del Ejército Walter Braga Netto, Augusto Heleno y Paulo Sérgio Nogueira, que integraron el gabinete de Bolsonaro (2019-2022), y el excomandante de la Marina, Almir Garnier Santos.
También están en esa lista el exministro de Justicia Anderson Torres, quien ya estaba siendo investigado por la asonada golpista del 8 de enero de 2023 que protagonizaron simpatizantes de Bolsonaro, y Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal (PL), formación que lidera el exmandatario brasileño.
Sospechas de las autoridades
La Policía Federal sospecha que ese grupo de políticos y militares integraban una “organización criminal” que actuó en la tentativa de golpe de Estado para mantener al entonces presidente Bolsonaro en el poder, según señaló la institución en una nota.
Bolsonaro, capitán retirado del Ejército y líder de la extrema derecha brasileña, ya estaba siendo investigado en el Supremo por presuntamente incitar a sus seguidores a invadir y destrozar las sedes de la Presidencia, el Supremo y el Congreso el 8 de enero de 2023, en un intento por derrocar al gobierno de Lula, que había asumido una semana antes.
De acuerdo con la investigación de la Policía Federal, los investigados construyeron una narrativa para sembrar dudas sobre el resultado de las elecciones de 2022, en las que Lula venció a Bolsonaro, por medio de informaciones falsas sobre las urnas electrónicas que el país usa desde 1996 en sus procesos electorales y que nunca dieron problemas.
La Policía aseguró también que el grupo actuó “para subsidiar la abolición del Estado Democrático de Derecho, a través de un golpe de Estado, con apoyo de militares con conocimientos y tácticas de fuerzas especiales en un ambiente políticamente sensible”.
Postura de Lula da Silva
El actual presidente de Brasil señaló que considera que el exmandatario sí estuvo implicado en la intentona golpista de enero de 2023.
“Creo que (el intento de golpe) no hubiera ocurrido sin él”, afirmó el mandatario en una entrevista a la radio Itatiaia.
El dirigente progresista agregó que Bolsonaro no estaba preparado para perder las elecciones de 2022, en las que el actual mandatario se impuso al líder ultraderechista por un estrecho margen.
“Se quedó en casa llorando y se fue a Estados Unidos. Debe haber participado en la construcción de esa tentativa de golpe. Vamos a esperar a las investigaciones”, expresó Da Silva.
Operativo contra Bolsonaro
La Policía Federal desplegó el operativo en el que, de acuerdo con el diario ‘O Globo’, terminó en la detención de: Filipe Martins, asesor de Bolsonaro durante su mandato; los coroneles del Ejército Marcelo Câmara y Bernardo Romão Corrêa Netto; y Rafael Martins, mayor de las Fuerzas Especiales del Ejército.
La investigación apunta que el grupo investigado se dividió en núcleos de actuación para diseminar sospechas de fraude en las elecciones de 2022 incluso antes de la celebración de los comicios”.
De acuerdo con el comunicado de la Policía, hubo un segundo núcleo de actuación que consistió en la práctica de actos para subsidiar la abolición del Estado Democrático de Derecho.
“Buscaban dar un golpe de Estado con apoyo de militares con conocimientos y tácticas de fuerzas especiales en un ambiente políticamente sensible”, señaló el ente policial.
Con información de EFE
