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- Organizaciones por los derechos humanos advierten que el reclutamiento forzoso está prohibido en Venezuela. Sin embargo, 60 personas fueran detenidas para, supuestamente, cumplir una cuota en el servicio militar en la ciudad andina
La organización por los derechos humanos Promedehum informó que detuvieron al menos a 60 personas este miércoles 7 de octubre en un reclutamiento forzoso. Presuntamente para prestar servicio militar en la ciudad de Mérida.
La ONG explicó que en el operativo, llevado a cabo por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y Polimérida, se encuentran detenidos activistas por los derechos humanos y personas de la comunidad LGBTIQ+.
Rigoberto Lobo, director Promedehum, explicó para El Diario que la detención arbitraria de estas personas ocurrió alrededor de las 4:00 pm del miércoles. Momento en que funcionarios militares solicitaron los documentos de identidad de varias personas que transitaban por espacios públicos de la ciudad de Mérida.
El activista contó que entre los reclutados se encontraban menores de edad, hombres, mujeres, personas trans y defensores de derechos humanos. Destacó que antes del año 1999, cuando se prohibió el servicio militar obligatorio, se exoneran del reclutamiento a estudiantes y personas con trabajos estables, pero en esta oportunidad los militares no consideraron eso.
Lobo relatu00f3 que luego de una hora fueron liberadas al menos 10 personas que advirtieron que el operativo era ilegal y arbitrario. Sin embargo, los otros civiles continuaron con el proceso de reclutamiento.
“Los funcionarios se excusaron en que estas personas habían aceptado prestar el servicio militar. Esto a pesar de que muchos de ellos fueron coaccionados y no sabían de qué se trataba el reclutamiento”, agregó.
El Movimiento Somos también hizo eco de este hecho. Explicó que activistas de su organización a quienes detuvieron fueron liberados y sus documentos devueltos luego de un registro de datos sin consentimiento.
“Recordamos que en Venezuela la homosexualidad y la transexualidad son criminalizadas dentro de Fuerzas Armadas bajo 565 de Código Orgánico de Justicia Militar. Subrayamos que reclutamiento de personas LGBTIQ+, en este escenario, incrementan amenazas a su seguridad y derechos”, denunció la ONG.
Jau Ramírez, activista y miembro del Movimiento Somos, en Mérida, también indicó para El Diario que estos procedimientos policiales se están realizando en zonas muy concurridas de la ciudad.
Precisó que las personas de la comunidad LGBTIQ+ no fueron agredidas y se les respetó su identidad de género como mujer. Sin embargo, añade, que el hecho no deja de ser ilegal y arbitrario por estar prohibido en el país.
“Nos llama mucho la atención que estén ocurriendo este tipo de prácticas que se creían anacrónicas y extinguidas en el territorio. Hasta ahora no tenemos una cifra exacta de cuántas personas de la comunidad LGBTIQ+ fueron detenidas, pero hasta el momento, fueron liberados siete ciudadanos”, agregó Ramírez.
Un operativo riesgoso
Rigoberto Lobo advirtió que el operativo de reclutamiento puso en riesgo la salud de quienes fueron hasta el Hospital Universitario de Los Andes. Aseguró que en el área de triaje solo hay pacientes confirmados o sospechosos de covid-19, por lo que los reclutados estuvieron expuestos al virus.
El defensor cuestionó el hecho de que se le apliquen pruebas diagnósticas a personas sanas para un proceso de enlistamiento militar, mientras en hospitales y clínicas del país fallecen pacientes sintomáticos sin haberse realizado ninguna prueba.
De acuerdo con Lobo, una de las personas liberadas aseguru00f3 que los reclutados seru00e1n enviados a la frontera colombo-venezolana, zona en la que se requiere personal militar con urgencia.
“La última información que recibimos en la noche fue que los trasladaron al Conscripto. Es la zona a donde enviaban a los reclutados antes de 1999, pero no sabemos si de ahí van a ir a un entrenamiento o directamente a la frontera, que es un territorio hostil”, detalló.
Artículo 134
Toda persona, de conformidad con la ley, tiene el deber de prestar los servicios civil o militar necesarios para la defensa, preservaciu00f3n y desarrollo del pau00eds, o para hacer frente a situaciones de calamidad pu00fablica. Nadie puede ser sometido a reclutamiento forzoso. Toda persona tiene el deber de prestar servicios en las funciones electorales que se le asignen de conformidad con la leyu0022.Artículo 134 de la Constitución de Venezuela.
De acuerdo al Ministerio de la Defensa de Venezuela, el servicio militar en el país es voluntario. Se convocan a jóvenes con edad comprendida entre 18 y 30 años, solteros y sin hijos para que se acerquen a su circunscripción militar más cercana si es su voluntad ingresar a las Fuerzas Armadas como soldado o reservista.
La Asamblea Nacional en el año 2009 presentó una reforma a la Ley de Conscripción y Alistamiento Militar que data del año 1978. En ese sentido, la CRBV consagra en su artículo 134 que no se puede someter a nadie a un reclutamiento forzoso.
El reto de los activistas de derechos humanos
El director de Promedehum denunció que una de las personas detenidas, y posteriormente liberadas, es activista de derechos humanos en esa región. Lobo insistió en que este tipo de acciones arbitrarias se han vuelto comunes en el día a día de los defensores humanitarios.
Amedrentamiento, restricciones de la movilidad, vigilancia constante, censura y bloqueo de las redes sociales. Estas son algunas de las agresiones que han superado los miembros de Promedehum.
Por su parte, el activista por los derechos humanos Jau Ramírez señaló que el reclutamiento forzoso para prestar servicio militar en la frontera amenaza la seguridad de todos los habitantes, pero sobre todo, incrementaría el estado de vulnerabilidad de las personas de la comunidad LGBTIQ+ debido a la criminalización de las orientaciones sexuales e identidad de género dentro de las filas castrenses en Venezuela.
“Dos activistas del Movimiento Somos fueron detenidas durante más de dos horas en la tarde este miércoles y fueron llevadas junto a más de 100 personas que fueron reclutadas forzosamente por los funcionarios policiales. Esta situación, a pesar de que no fue dirigida a la comunidad LGBTIQ+, una persona puede ser objeto de una violación de sus derechos solo por su identidad de género”, sostuvo.
Rigoberto Lobo hizo un llamado a los familiares de quienes reclutaron forzosamente. Quiere que se comuniquen con las organizaciones de derechos humanos para realizar sus denuncias. El activista explicó que la única forma de detener las arbitrariedades en medio de la pandemia es que los afectados alcen sus voces.
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