• La  Comisión para los  Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) publicó su informe anual titulado Situación General de los Derechos Humanos en Zulia, correspondiente al año 2020. Foto: Rodrigo ABD

Crítico. Así fue para el estado Zulia el año 2020, pues se intensificó la crisis humanitaria, aumentaron las dificultades para acceder a los servicios públicos y se incrementó la violencia policial y violación de derechos humanos. Todas estas situaciones ocurrieron en el contexto de la pandemia por covid-19 en Venezuela. 

Este martes 1º de junio la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) publicó su informe anual titulado Situación General de los Derechos Humanos en Zulia, correspondiente al año 2020. En esta investigación la comisión abordó temas como los estragos de la pandemia en el estado, la violencia policial y falta de servicios públicos que limitan la calidad de vida de la población. 

El año 2020 ha sido uno de los más difíciles en cuanto a la calidad de vida de los zulianos. Se trata de una problemática que se agudiza y que obstaculiza el libre desenvolvimiento de los habitantes del estado. La respuesta de los entes gubernamentales ha sido inerte pese al empeoramiento de las condiciones de vida generales”, respondió para El Diario Loiralith Chirinos, coordinadora de documentación de Codhez.

Crisis generada por la pandemia 

El informe destaca que las incongruencias en el alcance de las medidas restrictivas tomadas por el Ejecutivo nacional y la Gobernación de Zulia para prevenir el contagio de covid-19 se tradujeron en un patrón de abusos. 

“Decisiones como la prohibición absoluta del suministro de gasolina a la población en general, sin garantizar siquiera a personal de salud y personas que necesitan atención médica, resultaron desproporcionadas. Solo contribuyeron a prácticas de corrupción y mayor caos. También se reportaron situaciones que vulneran el derecho a la información por restricciones y censura al trabajo periodístico; potenciando la incertidumbre propia de circunstancias como las actuales”, detalla el documento. 

El 13 de marzo el régimen de Nicolás Maduro anunció el decreto de estado de alarma para atender la emergencia sanitaria. Codhez señala que debido al estado de excepción, gobernadores y alcaldes dictaron normativas restrictivas a pesar de no estar facultados constitucionalmente para hacerlo. El 16 de marzo la Gobernación de Zulia publicó en Gaceta Oficial el Decreto 822 mediante el cual “se declara estado de alerta en todo el territorio del Estado Zulia”, esto debido a la pandemia del covid-19.

“Las regulaciones regionales y municipales han resultado, además de inconstitucionales, improvisadas, imprecisas, contradictorias y caóticas”, explica. 

El decreto limitaba el libre tránsito, pero a juicio de la población tenía mayor relación con la falta de gasolina que afecta a Zulia desde desde 2019 y que en 2020 se extendió a todo el país. 

El 15 de marzo hubo un decreto por parte de REDI-Occidente que prohibía la venta de combustible a la población en general. Solo estaba disponible para el personal priorizado.

“Esta decisión lejos de generar tranquilidad provocó incertidumbre en la población. Las denuncias fueron múltiples. Entre ellas que durante los primeros días de la emergencia en las estaciones de servicio, tanto sus empleados como funcionarios militares, requerían hasta un millón de bolívares para despachar combustible”, comenta. 

Entre tanto, la escasez de gasolina se convirtió en un obstáculo que intensificó la falta y distribución de alimentos en la región zuliana. El informe explica que la dificultad que tuvieron los productores para trasladar los alimentos por falta de combustible impactó en la disponibilidad y el precio de los mismos.

El personal sanitario también se ha visto afectado tanto en el aspecto salarial como en las condiciones de trabajo. El informe de Codhez indica que su salario actual no alcanza para cubrir sus necesidades básicas y deben prestar servicio sin contar con insumos médicos, de bioseguridad y la infraestructura hospitalaria adecuada.

Precisa que para finales del año 2020, el estado Zulia era la entidad con el número más elevado de fallecimientos de personal de salud. Un total de 65 trabajadores  murieron en el contexto de la pandemia. Según cifras de la ONG Médicos Unidos, en todo el país fallecieron 296 personas trabajadores del sector salud por covid-19.

Foto: AP

Otra de las medidas fue el cierre de las fronteras con Colombia. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) en Venezuela reportó que después de este anuncio de cierre de fronteras se produjo un aumento de personas que cruzaron por trochas y caminos ilegales sin medidas para controlar el contagio de covid-19. Según cifras de Migración de Colombia, se ha permitido el retorno de al menos 27.000 venezolanos a Venezuela.

Violencia policial 

Codhez afirma que durante 2020 se registraron hechos de violencia en el contexto de la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado que derivaron en presuntas ejecuciones extrajudiciales. 

“Documentamos hechos de violencia en los que estuvieron involucrados funcionarios de seguridad del Estado venezolano, los cuales derivaron en numerosas muertes producto de ejecuciones extrajudiciales que se han venido consolidando como política estructural de los cuerpos de seguridad que operan en el Zulia”, explica. 

En un sondeo de medios de comunicación, la comisión registró un total de 419 hechos violentos. Cifra de la que se desprenden 589 muertes causadas por funcionarios de seguridad del Estado. 

El Servicio de Investigación Penal del estado Zulia (Sipez) fue el cuerpo policial con más asesinatos a civiles, con un total de 130 fallecimientos. Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) suman 77 muertes; mientras que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) acumula un total de 76 decesos. La organización precisa que esto supone una desprotección y vulneración al derecho a la vida e integridad de los zulianos.

Sede del Servicio de Investigación Penal del estado Zulia (Sipez) | Foto cortesía
El atentado e irrespeto contra el derecho a la vida es una de las más graves violaciones a los derechos humanos, por no decir que es la más extrema de todas las violaciones por parte del Estado, pues la vigencia y garantía de la vida permite la realización del resto de los derechos de las personas”, destaca el informe.

Emergencia humanitaria compleja 

Durante el año 2020 se intensificaron las dificultades para la compra y la disponibilidad de alimentos, acceso a los servicios públicos y la escasez de combustible. 

La seguridad alimentaria es uno de los problemas de mayor envergadura en la entidad. Codhez realizó cinco sondeos durante el año 2020. 

83% de los hogares reportó haber consumido alimentos menos preferidos o más baratos al menos una vez en la semana.

49% afirmó haber dejado de desayunar, almorzar o cenar al menos una vez en la semana. 71% se disminuyó el tamaño de las porciones de las comidas al menos una vez en la semana; 27% declaró comer solo una vez o no comer nada durante todo el día por lo menos una vez en la semana; 41% afirmó tener como hábito pedir alimentos prestados; 36% reportó que su alimentación proviene de la ayuda de vecinos, amigos y/o familiares en el país. 48% señaló que la alimentación dependía de la ayuda de familiares en el exterior. 

En Maracaibo, 86% de los hogares presentan algún índice de inseguridad alimentaria. 78,13% de los hogares presenta un índice de inseguridad alimentaria que va de moderada a grave. 

Loralith Chirinos, coordinadora de documentación de Codhez, explicó que durante el año 2020 se registró un incremento de 1.527% en el precio de los alimentos. 

La Encovi de 2019-2020 señala que 93,2% de los hogares zulianos presentan déficits de servicios públicos.Para mediados de 2020 los racionamientos eléctricos de la entidad eran de hasta siete horas consecutivas.El Comité de Afectados por los Apagones informó que desde abril hasta septiembre de 2020, se produjeron 84.000 fallas eléctricas en toda Venezuela, de las cuales Zulia registró 20.000.

En el caso del acceso al agua potable, el presidente de la Comisión de Ambiente del Centro de Ingenieros del estado Zulia, Ausberto Quero, afirmó que 45% de las comunidades de Maracaibo recibe agua por medio de camiones cisterna. Algunos de estos camiones se abastecen de pozos artesanales sin ningún tipo de control sanitario. Asimismo, Hidrolago reconoció que los ciclos de abastecimiento en la ciudad de Maracaibo son de 12 días. 

La crisis del estado Zulia abarca varias aristas que la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia ha develado en su informe anual; con énfasis en que la crisis de la entidad se acentúa ante un accionar inerte por parte de las autoridades.

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