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- El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) publicó un informe sobre el índice de reclusos que murieron en los centros de detención durante 2020. A esto se le suma el hacinamiento en riesgo crítico que registran todas las cárceles del país y el retardo procesal total durante el confinamiento por la pandemia
El año 2020 estuvo marcado por cambios para la humanidad. Con la llegada de la pandemia por covid-19 a Venezuela se agudizaron problemas que ya venían afectando a la población. Sin embargo, una de las problemáticas menos visibilizadas por el Estado es la precaria situación en las cárceles. Detrás de los muros de los penales o centros de detención preventiva los privados de libertad se enfrentan al olvido por parte de las autoridades y a una violación de sus derechos humanos desde diferentes aristas.
Esta crisis penitenciaria se observa en el aumento “desproporcionado” de las muertes de reclusos en centros de detención preventiva y prisiones durante el año 2020. Así lo afirmó el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en el informe anual 2020 titulado “Muertes en cárceles por denegación de alimentos”. El estudio, que abarca el periodo de cuarentena en el país, enfoca sus cifras en la cantidad de reclusos que fallecieron por motivos de salud y los que murieron por otras circunstancias.
Desde enero a diciembre del año pasado murieron 292 personas privadas de libertad, de las cuales 184 fallecieron por motivos de salud, lo que representa el 63,01% de los casos. Entre los años 2017 y 2020, el OVP registró un aumento “desproporcionado” de las muertes en centros de detención del país y califica como preocupante que entre los años 2019 y 2020 se registró un incremento de 178,79%.
Durante la presentación del informe, a la que tuvo acceso El Diario, la organización precisó que las principales causas de muerte son tuberculosis y desnutrición.
Girón detalló que con estas cifras se evidenció que el Estado no suministra alimentos a los privados de libertad. Esta responsabilidad recae en los familiares, quienes durante 2020 se vieron afectados por las restricciones de visitas a los centros penitenciarios debido a la pandemia.
La directora del OVP señaló que debido a estas restricciones de visitas, la falta de suministros de alimentos por parte del Estado y la inexistencia de un protocolo del Ministerio de Asuntos Penitenciarios para el acceso a medicinas, artículos de higiene o agua, se incrementaron los niveles de desnutrición en las cárceles del país.
En los calabozos o centros de detención preventiva se presenta la misma situación que en los penales. Durante el año 2020 se registró la muerte de 59 personas por motivos de salud, lo que representa 49,58% de las muertes en estos lugares de detención transitoria. Además, en los calabozos se contabilizaron 130 casos de covid-19, según información oficial.
Hacinamiento en niveles de riesgo crítico
Los penales del país tienen una capacidad instalada de 26.238 plazas. Sin embargo, para el año 2020 se registró una población de 37.543 personas privadas de libertad.
El informe del OVP revela que por cuarto año consecutivo las cárceles venezolanas se encuentran con una sobrepoblación mayor al 40% de su capacidad instalada. Esto se traduce en un hacinamiento de riesgo crítico, según estándares internacionales en la materia como las Reglas Mandela.
Las autoridades han tomado como patrón el cierre de centros de detención luego de algún hecho de violencia. El OVP precisa que es una medida inmediata pero poco efectiva.
En este sentido, el régimen ha cerrado 10 centros de detención en el país, lo que deja un total de 5.050 plazas sin aprovechar. Estas medidas de desalojo deja una capacidad instalada real de 21.188 personas en las cárceles.
El último penal desalojado fue el Centro Penitenciario de los Llanos (Cepella), estado Portuguesa, luego de que el 1º de mayo de 2020 se registró un motín que dejó un saldo de 47 reclusos muertos.
El centro de detención con mayor cantidad de privados de libertad hasta el año 2020 fue el Internado Judicial de Carabobo, conocido como Tocuyito. En ese lugar se registró una población de 5.304 personas pero tiene una capacidad instalada de 1.100. Le sigue el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón, con una capacidad instalada de 750 para una población 3.310.
Retardo procesal en su totalidad
El informe del OVP afirma que durante el año 2020, en el contexto de la pandemia, hubo un retardo procesal total. Las cifras señalan que 23.472 son procesados (que aún no reciben condena) y 14.071 son penados (ya están cumpliendo pena).
Esto significa que 37% de la población reclusa en Venezuela cuenta con una sentencia condenatoria. Carolina Girón hace énfasis en que este retardo judicial viola los derechos, específicamente el derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia de las personas que están privadas de libertad y esperan sentencia.
Son muchas las problemáticas que se generan en las cárceles del país debido a la falta de atención por parte del Estado. El OVP denuncia falta de acceso a atención médica, suministro de medicamentos y alimentos, fallas en el servicio de agua, sobrepoblación, deficiencias en las infraestructuras carcelarias, traslados de detenidos sin informar a los familiares, entre otras. Las denuncias que hacen organizaciones como el OVP no han sido atendidas por el Estado y desde hace varios años el sistema penitenciario está sumido en el abandono y precariedad.
