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- En su primera rueda de prensa oficial, el presidente Gabriel Boric planteó la necesidad de establecer un sistema de reparto de los migrantes venezolanos similar al utilizado por la Unión Europea para atender la crisis de refugiados sirios en 2015. Una medida que si bien no resultó un éxito, apunta al objetivo de crear un frente común regional
Gabriel Boric ofreció el 14 de marzo de 2022 su primera rueda de prensa como presidente de Chile. Entre otros temas, indicó que la migración masiva de venezolanos a su país, y al resto del continente, constituye uno de los principales retos que asumirá su nuevo gobierno, para lo cual propuso un nuevo modelo inspirado en las experiencias de la Unión Europea (UE).
El mandatario, quien asumió el cargo el 11 de marzo, planteó un sistema de cuotas como el empleado por el bloque europeo para repartir el número de migrantes provenientes de la Guerra Civil de Siria. Esto con el fin de evitar que los refugiados se concentren en un solo país, derivando en un colapso de sus servicios y campamentos humanitarios. “Una crisis migratoria, en este caso de más de seis millones de personas, sobre todo desde Venezuela, no puede recaer en un uno o un grupo de países. Tenemos que pensar en la solidaridad latinoamericana. Brasil, Uruguay, Paraguay, también Bolivia, tienen un rol que cumplir”, declaró, de acuerdo al portal español El País.
Aunque afirmó que es un tema que se debe abordar de manera multilateral, Boric informó que ya solicitó a la UE asesoramiento sobre su experiencia con la migración siria, para así diseñar un plan adaptado a las necesidades y realidades de América del Sur.
“Creo que es algo en lo que todos podríamos ganar, tanto los países como también los inmigrantes, que lo hacen en una situación de mucha desesperación. Muchas veces, al sobrecargarse todo en un solo país se ven en una situación muy difícil de inserción”, agregó.
La experiencia europea
En 2011, las protestas de un amplio sector de la población siria contra el gobierno de Bashar Al-Asad derivaron en una escalada de violencia que terminó en una guerra civil. Las principales ciudades del país quedaron en el fuego cruzado entre las Fuerzas Armadas y grupos rebeldes, con la intervención militar de Rusia a favor del régimen de Al-Asad. Igualmente, facciones extremistas como el Estado Islámico conquistaron grandes porciones de territorio, lo que provocó un desplazamiento masivo de refugiados hacia Europa y países cercanos.
La situación causó una crisis migratoria y humanitaria en el Mar Mediterráneo, donde embarcaciones con cientos de refugiados sirios diariamente zarpaban con destino a Grecia o Turquía. Algunas incluso se arriesgaban a intentar llegar a Italia, muchas veces con resultados mortales para su tripulantes. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) estima que para solo en 2015, año cumbre de la crisis, más de 911.000 personas llegaron a las costas de Europa, mientras otras 3.550 perdieron la vida durante el viaje. Un problema que agravó la recepción de otras olas migratorias más constantes, como las provenientes de Afganistán, India, Marruecos y países africanos.
Ante la masiva recepción de sirios, la UE aprobó en 2015 un acuerdo para repartir a cerca de 120.000 refugiados que se encontraban concentrados en Italia y Grecia. Aunque en el texto inicial se evitó fijar una cuota obligatoria, sí se buscó que cada Estado miembro contribuyera voluntariamente con una parte acorde a sus capacidades. La resolución contó en su momento fue rechazado por República Checa, Hungría, Eslovaquia y Rumanía. Países que actualmente reciben una nueva ola de refugiados proveniente de Ucrania. Aun así, el acuerdo establece que todos los miembros del bloque debían participar, aunque estuvieran en contra.
De ese primer lote, Alemania acogió la mayor parte, con 17.037 refugiados, seguido por Francia con 12.962 y España, con 8.023. El entonces vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, comentó que la medida servía para aliviar a los países más presionados por la llegada de migrantes, pero que no era algo permanente. “No va a ser la solución a la crisis de refugiados, pero sin esta decisión no podríamos dar ningún otro paso”, afirmó.
La puerta de entrada
El éxodo sirio es considerado el más grande de la historia contemporánea, con casi 7 millones de desplazados para junio de 2021, de acuerdo a la Acnur. De este total, la mayoría no se encuentra en Europa, sino en los países fronterizos a Siria. Por ejemplo, se estima que Líbano ha recibido a 1.500.000 de migrantes sirios, mientras Jordania a 1.265.000. Muchos más que Alemania, quien de acuerdo a la Acnur, es el mayor receptor europeo, con 484.000 asilados. Pero de lejos, el país que más refugiados sirios ha acogido es Turquía, con un total de 3.700.000 sirios registrados, aunque cifras extraoficiales calculan más de 6.500.000.
Gran parte de esto se debe a un acuerdo firmado en marzo de 2016 entre Turquía y la UE, y que convierte al país musulmán en una suerte de parada para evitar la llegada masiva de migrantes a Europa. Al tener frontera con Siria, también permite una movilización más articulada, sin que los emigrantes arriesguen sus vidas en el Mar Mediterráneo. El acuerdo establecía que todos los llegados, de no lograr en primer término el asilo en Grecia, son deportados a Turquía, en donde realizarán todos los trámites para recibir un cupo en alguna de las naciones europeas.
Así, Turquía sirve como un filtro, en el que por cada inmigrante indocumentado deportado, otro recibe uno de los 72.000 cupos para entrar Europa. A cambio, a los ciudadanos turcos se les permite libre movilidad por el territorio europeo, facilidades para el comercio, y un considerable apoyo económico para mantener los campamentos de refugiados. De acuerdo a la agencia AFP, en 2021 la Comisión de la UE propuso un presupuesto de 5.700 millones de euros para la asistencia humanitaria, de los cuales 3.500 millones de euros irían para Turquía.
Aunque la declaración UE-Turquía venció en 2021, el bloque no tiene intenciones de romper ese dique de contención. Una situación criticada por organizaciones como Amnistía Internacional han llamado a los líderes europeos a rectificar esas medidas. Principalmente debido a la situación de hacinamiento que se vive en los campos de refugiados de Grecia y Turquía, así como en la lentitud para tramitar las solicitudes de asilo.
Poca efectividad
Aunque Boric apunta al sistema aplicado en Europa, varios expertos en su momento lo consideraron un fracaso. Desde la propia Bruselas se reconoció en 2017, año en el que esperaban completar la repartición, que resultaba imposible cumplir la meta propuesta. De hecho, estimaron que apenas si podrían dar asilo al 25 % de los 160.000 refugiados propuestos. Ya en la práctica, la meta se había rebajado a 98.255, tras dejar más de 54.000 migrantes en un limbo que condiciona su traslado a la disposición de los países con menos peso dentro del esquema de cuotas. Algo que igual no se cumplió.
De los 1.379.387 migrantes que llegaron a Grecia e Italia, y 160.000 planteados como meta para la repartición, solo se lograron reubicar a 29.144 tras dos años de programa. En gran parte se debió a los retrasos para procesar las solicitudes y la poca disposición de países como Hungría o Austria. En los años posteriores a 2017, cada país ha gestionado la recepción de migrantes por su cuenta a través de su acuerdo con Turquía. De momento, los países con mayor número de solicitudes siguen siendo Alemania, Noruega o Francia.
Por su parte, Amnistía Internacional ha denunciado que, si bien el número de migrantes indocumentados en Grecia se ha reducido, es preocupante la política mantenida en Turquía respecto a los refugiados. Señala que en algunos casos, han llegado a ser deportados de regreso a Siria.
Unidad regional
Venezuela tiene en la actualidad la segunda mayor migración del mundo, solo por debajo de Siria. De acuerdo a la Acnur, el número de migrantes refugiados ya alcanzó los 6 millones, por lo que próximamente podría alcanzar las estadísticas sirias. El país que más venezolanos alberga es Colombia, con más de 1,8 millones para agosto de 2021. Le sigue Perú, con 1,3 millones, mientras Ecuador acoge a 508.900. Chile ocupa el quinto lugar de la lista con casi 450.000 inmigrantes venezolanos, apenas por debajo de Estados Unidos (465.200 venezolanos estimados).
Aun así, en los últimos meses la llegada de cada vez más venezolanos supuso un problema para el gobierno chileno. Lejos de las migraciones por aeropuertos, que era la más convencional, ahora se reporta la entrada de miles de migrantes por vía terrestre, a través de sus fronteras con Perú y Bolivia. Aunque la mayoría llega en autobuses, muchos deben atravesar a pie el desierto de Atacama, uno de los más áridos del planeta. Una vez logran atravesarlo, eluden a las patrullas fronterizas para llegar a ciudades como Iquique o Arica.
Las autoridades chilenas reportan que solo entre enero y julio de 2021, más de 24.000 venezolanos cruzaron la frontera. Esto llevó al gobierno saliente de Sebastián Piñera a aumentar los controles migratorios y deportaciones en el norte del país. A esto se sumó una serie de incidentes xenófobos como el ocurrido en Iquique, donde el 30 de enero de 2022 manifestantes atacaron un campamento de venezolanos, quemando sus carpas y pertenencias. También la protesta de camioneros en las fronterizas, en rechazo al asesinato de un conductor por parte de un grupo de migrantes. Situaciones que actualmente llevaron a decretar estado de emergencia y militarizar las regiones de Antofagasta y Arica.
Ahora, con la llegada de Boric al Palacio de La Moneda, controlar la migración irregular y la xenofobia será una de sus principales tareas. Su declaración representa un primer paso, para el que busca la unidad de toda Suramérica. Más del éxito o no de la experiencia europea con siria, su propuesta busca articular un plan conjunto que funcione de manera despolitizada e indiferente de los gobiernos de turno de cada país. Una propuesta que dejó al aire y buscará concretar en sus futuras visitas oficiales, como la que tiene planeada para Argentina en los próximos días.
