• Las torturas, detenciones arbitrarias, muertes bajo custodia y falta de atención médica son algunos de los puntos que resaltó la presidenta de la misión, Marta Valiñas

La Misión de Determinación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) presentó la actualización oral de su informe sobre la situación en Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos. La presentación mencionó las torturas y muertes bajo custodia de presos por motivos políticos como uno de los puntos más críticos. 

Marta Valiñas, presidenta de la misión, explicó que tras los dos informes previos, el régimen de Nicolás Maduro firmó un acuerdo de entendimiento con la Corte Penal Internacional (CPI). El Estado venezolano también se comprometió a hacer reformas en los sistemas de justicia, los cuales fueron criticados por sus acciones. 

“Concluimos que los actores de este sistema, tanto por acción como por omisión, han jugado un papel importante en la represión del Estado contra opositores del gobierno y personas que son percibidas como tales”, expresó Valiñas. 

Informe de la alta comisionada de Derechos Humanos

Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos para la ONU, presentó el jueves 17 de marzo la actualización de su informe sobre la situación de Venezuela. nnDenunció 93 ataques al espacio cívico y democrático, incluyendo 24 casos de criminalización y amenazas a activistas de la sociedad civil, periodistas y otros elementos.nnTambién se cerraron desde el pasado año al menos ocho emisoras de radio. Además se han bloqueado siete sitios web de medios de comunicación, destacó la alta comisionada sobre derechos humanos. También recordó que 12 personas cuyos casos son seguidos por grupos de derechos humanos siguen en detención arbitraria.

Casos de Fernando Albán y Rafael Acosta Arévalo 

Valiñas se refirió en su discurso al desarrollo de los casos de Fernando Albán y Rafael Acosta Arévalo. Ambos eran presos políticos y murieron bajo custodia de organismos de seguridad del Estado. 

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La misión le ha hecho seguimiento a ambos casos, a sus avances judiciales y ha conversado con familiares de las víctimas al respecto. 

Misión de Determinación de Hechos expuso las graves condiciones de los presos políticos en Venezuela 

La vocera detalló que en diciembre del año 2021, a un detective y un inspector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) los condenaron por homicidio culposo y otros cargos menores, de los que se declararon culpables, en relación con la muerte de Fernando Albán en 2018. 

Cada uno de estos funcionarios de bajo nivel fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión. En febrero de 2022, la Décima Sala de la Corte Penal de Apelaciones de Caracas redujo la pena impuesta a 2 años y 8 meses. Los funcionarios quedaron en libertad”, agregó. 

Mencionó además que el 4 de febrero de 2022, el Tribunal Duodécimo de Control Penal condenó a dos oficiales de inteligencia militar a 30 años de prisión por los delitos de tortura y homicidio con alevosía por la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo. 

“Una sentencia anterior contra los dos hombres, que había omitido los cargos de tortura, fue anulada”, añadió.

La presidenta de la misión reiteró el llamado a respetar el derecho de las víctimas y sus familiares a participar en los procesos judiciales. Esta es una norma plasmada en las leyes venezolanas. Explicó que a las familias de Albán y Acosta Arévalo no se les ha permitido ejercer ese derecho. 

Condenas a funcionarios de bajo rango 

La misión cuestionó que hasta la fecha solo se hayan condenado funcionarios de bajo rango en casos emblemáticos como los de Albán y Acosta Arévalo. Por esto han insistido en la necesidad de ampliar las investigaciones para determinar si hay más responsables. 

Las investigaciones nacionales, cuando se llevan a cabo, tienen alcance limitado y se dirigen contra autores materiales, de bajo nivel”, indicó. 

En ese sentido, Valiñas señaló que la misión hará investigaciones independientes a las posibles cadenas de mando para presentarlas ante el Consejo de Derechos Humanos próximamente. 

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“También estamos explorando los intereses que pudieron haber concurrido como motivación de estas violaciones y delitos”, comentó.

Muertes bajo custodia y falta de atención médica 

Entre las actualizaciones presentadas, se mencionó la muerte bajo custodia del general Raúl Isaias Baduel. Según la información del régimen, el general sufrió un paro cardiorespiratorio mientras recibía atención médica por síntomas de covid-19. 

Raúl Isaías Baduel
Foto: Cortesía

Valiñas también habló del caso de Josnars Adolfo Baduel Oyoque, hijo de Raúl Isaías Baduel, quien sigue detenido en El Helicoide. Comentó que su salud es delicada, por lo que requiere atención médica inmediata. 

Es preocupante que personas identificadas en nuestros informes anteriores no hayan recibido una atención médica adecuada, a pesar de las reiteradas peticiones en este sentido. Por ejemplo, Emirlendris Benítez, una de las mujeres detenidas en relación con el caso de los drones y sometida a tortura en las instalaciones de la DGCIM en Boleíta, no ha tenido acceso a un tratamiento médico eficaz. Como resultado, su salud se ha deteriorado significativamente, dejándola postrada en una silla de ruedas”, afirmó.

Estado de los presos políticos

La misión denunció que continúa detenido Javier Tarazona, director de la organización no gubernamental FundaRedes, quien está acusado de terrorismo e inciticación al odio en diciembre de 2021. 

Misión de Determinación de Hechos expuso las graves condiciones de los presos políticos en Venezuela 
“La misión ha recibido información de que el señor Tarazona ha sido sometido a tortura, incluida la tortura psicológica o blanca. También es preocupante que el periodista Roland Carreño sigue detenido en El Helicoide, a pesar de las irregularidades en su caso resaltadas en nuestro informe pasado”, expresó Valiñas.

La vocera dijo que a Juan Carlos Marrufo y María Auxiliadora Delgado los detuvieron arbitrariamente en 2019. Indicó que todavía permanecen en la sede de la DGCIM en Boleíta, a pesar de las reiteradas solicitudes de traslado. 

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Otro caso por el que Valiñas manifestó preocupación fue el de Orlando Moreno, opositor y activista de derechos humanos. En 2017 detuvieron a Moreno y lo acusaron de posesión de un artefacto explosivo, delito que conlleva una pena de dos a cinco años. 

“Tras su puesta en libertad con medidas cautelares en 2017, presentó una denuncia por tortura durante su detención. El señor Moreno no fue citado para confirmar esa denuncia sino hasta septiembre de 2021. Unos días más tarde -y cuatro años después de las denuncias iniciales- se notificó al señor Moreno que la causa de 2017 contra él pasaría a la fase de audiencia preliminar y posteriormente a juicio. El juicio contra él está en curso”, expresó. 

La vocera alegó que es motivo de preocupación y alarma que este caso pueda ser un ejemplo del uso del sistema de justicia como herramienta de persecución a los opositores del régimen de Maduro.

Mencionó el caso del abogado defensor Juan Carlos Guillén, a quien detuvieron el 10 de diciembre de 2021. Permaneció incomunicado durante 13 días en la DGCIM de Apure, tiempo en el que su familia no supo su paradero.

“Guillén era el abogado de Reyes Gabriel Hernández González, detenido en la DGCIM desde septiembre de 2017 y recientemente liberado. Hernández había denunciado que fue torturado antes de que se decidiera su liberación. Posteriormente, tanto el abogado de Hernández como el juez que ordenó la liberación (Carlos Jaimes), fueron detenidos por la DGCIM. Ambos siguen en prisión preventiva, acusados de corrupción”, agregó. 

Valiñas concluyó que la vida cotidiana de los venezolanos sigue afectada por una profunda crisis y el desmantelamiento de las instituciones del Estado. Señaló que pese a que las recomendaciones de la misión fueron ignoradas, continuarán trabajando de forma independiente en el país.  

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