• El mandatario colombiano habría desacatado una decisión de la Corte Suprema de Justicia. Foto principal: Presidencia de Colombia

Este sábado 4 de junio se hizo público un documento en el que el Tribunal Superior de Ibagué, Tolima (Colombia), ordena el arresto domiciliario del presidente Iván Duque por cinco días. La razón, al parecer, tiene que ver con el desacato de una decisión de la Corte Suprema de Justicia.

El documento está relacionado con el caso del Parque los Nevados, en el que la Corte le había ordenado al mandatario conformar un grupo de la fuerza pública para custodiar el parque nacional al ser sujeto de derechos, de acuerdo con el decreto STL10716 de 2020.

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La orden de la Corte señalaba que el comando debería acompañar las labores de conservación, manejo y protección de la reserva del Parque Los Nevados, cuyo territorio es la principal fuente de abastecimiento de Tolima y el Eje Cafetero. 

El texto emitido por el Tribunal de Ibagué, publicado por el medio colombiano W Radio, indica que la sanción por desacato impuesta a Duque será de cinco días de arresto domiciliario y una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales. 

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La medida privativa de libertad, agrega el documento, deberá hacerla cumplir el director de la Policía Nacional o el Superior que atienda las funciones de policía en el Palacio de Nariño.

La respuesta de Iván Duque 

El mandatario colombiano se pronunció sobre la orden emitida por el Tribunal de Ibagué este sábado 4 de junio, durante un acto público en el departamento de Córdoba. En su discurso catalogó de inconstitucional la medida del ente judicial. 

Con mis funcionarios hemos trabajado para darle cumplimiento a la protección del parque Los Nevados. Se ha reportado oportunamente y hoy hemos visto un acto, primero que es inexplicable, porque quiere pasar por encima del fuero constitucional donde supuestamente se ordena el arresto del presidente de la República”, dijo Duque. 

El presidente colombiano agregó que existen pruebas del cumplimiento del decreto de la Corte y que la decisión del Tribunal de Ibagué es un “abierto prevaricato”, es decir, un delito en el que un juez o servidor público dicta una resolución arbitraria.

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Duque exhortó al Consejo de Disciplina Judicial a actuar ante este hecho. Asimismo, solicitó la participación del Ministerio Público de Colombia en este caso. 

“Que estas decisiones, que además violan la Constitución, sean observadas por todas las instancias para que quede absolutamente claro y se pueda saber cuál era el verdadero sentido de una decisión política y de una decisión sin soporte jurídico”, añadió. 

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