- La organización Redes Ayuda reveló que el mes con mayor represión a los periodistas fue noviembre de 2021, cuando se realizaron las elecciones regionales en el país
La organización no gubernamental (ONG) Redes Ayuda documentó en su reciente informe denominado “Error 404: Democracia no encontrada 1.0” un total de 93 casos de violaciones al trabajo periodístico, los cuales evidenciaron cómo en Venezuela se vulneran derechos fundamentales como la libertad de prensa, la libertad de expresión y el acceso a la información.
Redes Ayuda sostiene que durante años el trabajo periodístico en Venezuela ha sido constantemente vulnerado, ocasionando que los trabajadores de la prensa cumplan sus labores en un contexto represivo, que los han obligado a enfrentar detenciones arbitrarias, amenazas, hostigamientos y agresiones.
Luis Serrano, defensor de derechos humanos y coordinador de Redes Ayuda, detalló para El Diario que un total de 113 trabajadores de la prensa se vieron afectados en medios de sus labores informativas.
Precisó que noviembre fue el mes de mayor represión a los trabajadores de la prensa, debido a las elecciones regionales celebradas el 21 de ese mes. “Documentamos 27 ataques, donde hubo incluso una detención arbitraria a un periodista, pero que además fue una fecha bastante hostil para los trabajadores de la prensa”, destacó.
Además, agregó que los otros meses con más ataques fueron abril, mayo y junio con nueve casos cada uno, la mayoría de abuso policial, el cual responde al ecosistema de persecución a la prensa creado por el Estado.
Responsables de los ataques
Los ataques a los trabajadores de la prensa fueron perpetrados por funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado, trabajadores de empresas estatales, civiles pertenecientes a grupos irregulares armados (conocidos como colectivos) y funcionarios públicos.
La organización puntualizó que los agresores son amparados por el régimen venezolano y tuvieron por objetivo obstaculizar las labores informativas de los periodistas como una forma de seguir reforzando la censura.
La ONG documentó que del total de las agresiones las fuerzas de seguridad del Estado perpetraron 50, trabajadores de empresas del Estado fueron responsables de 20, los civiles armados miembros de grupos irregulares cometieron 3, funcionarios públicos realizaron 8 y 12 quedaron sin identificar.
Casos documentados
Sobre los ataques a medios de comunicación, la ONG documentó el caso del medio de comunicación VPI TV, quien informó en un comunicado el 8 de enero de 2021 que un operativo de funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel) y el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) se presentaron en sus sedes para inspeccionar las instalaciones, interrogar a su personal y solicitar información operativa y administrativa.
“Debido a que los funcionarios incautaron equipos valiosos y fundamentales para el medio de comunicación y sus labores periodísticas, anunciaron que momentáneamente debían cesar sus operaciones en Venezuela”, detalló Redes Ayuda.
La organización también documentó la sugerencia que hizo Diosdado Cabello el 10 de febrero de 2021 al Ministerio Público para que abriera un proceso de investigación en contra del medio de comunicación Efecto Cocuyo por un tuit en el que citaron un informe sobre “la supuesta presencia de exjefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con vestimenta militar y armas en territorio venezolano”.
El 12 de enero de 2021, funcionarios de la DGCIM se presentaron en la sede de la organización Azul Positivo, en el estado Zulia, alegando que llevaban a cabo “una investigación administrativa”.
“Luego de seis horas, resultó en la incautación de equipos de trabajo y la detención arbitraria de cinco de sus miembros, sin tener permitido hablar con sus abogados o familiares”, detalló la ONG.
Luego de casi 30 días de detención arbitraria, los excarcelaron bajo medida cautelar de régimen de presentación cada 30 días.
Disminución de sucesos digitales no responde a una mayor democratización
Luis Serrano indicó que desde el año 2015 han documentado, denunciado y difundido las distintas violaciones a la libertad de expresión en Internet, porque consideran importante que quede registro del momento histórico por el que se atraviesan y reflejar en números la cantidad de vulneraciones que tienen los derechos en Venezuela.
En el caso del panorama digital, sostuvo que durante el año 2021 se registraron 14 nuevos bloqueos a páginas web, 14 ciberataques, 8 detenciones e imputaciones y 27 amenazas y hostigamientos. Además, documentaron 20 apagones que afectaron gravemente las comunicaciones digitales de los venezolanos.
Estas cifras representaron una disminución del 42 % con respecto a los casos documentados en el año 2020, cuando se documentaron 127. Sin embargo, esto no significó una disminución de las prácticas represivas del régimen para censurar y controlar el espacio digital venezolano.
Sin embargo, Serrano destacó que eso no responde a una mayor amplitud o democratización del ecosistema digital, sino todo lo contrario. “Se mantienen los bloqueos a portales de noticias de años anteriores, lo que promueve una mayor autocensura por parte de los medios y los periodistas para evitar represalias”, agregó.
“En segundo lugar, la falta de eventos políticos de gran relevancia también hace que bajen los bloqueos, puesto a que estos siempre coinciden con alguna manifestación o declaración importante”, puntualizó.
Además, mencionó que se han mantenido los bloqueos que existen a medios críticos. “El régimen construyó un ecosistema digital donde casi todos los medios están bloqueados, afortunadamente, esos medios no han dejado de trabajar”, añadió.
Serrano indicó que aunque se sigue teniendo acceso a los medios de comunicación bloqueados a través de VPN, esta censura si afecta al ciudadano común que no está familiarizado con esas herramientas.
Recomendaciones al Estado
Luis Serrano enfatizó que tienen poco optimismo en que el Estado venezolano tome recomendaciones de parte de la sociedad civil, “debido que ni siquiera han tomado las recomendaciones de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU (Michelle Bachelet)”, aun así exigen:
– Garantías y condiciones para que los trabajadores de la prensa no sigan siendo víctimas de detenciones arbitrarias, hostigamientos y agresiones físicas y verbales o cualquier tipo de violación que limite la ejecución de reportajes, investigaciones y la documentación de temas de interés público.
– Políticas públicas en pro de las mejoras de los servicios públicos básicos, para que no sigan representando una limitación para el ejercicio de las labores informativas de los trabajadores de la prensa y para los venezolanos.
– El cese del uso de los canales del Estado para señalar y desprestigiar a los medios y periodistas que tengan una línea crítica hacia el Estado.
– El cese del uso de Conatel para censurar espacios informativos independientes, tanto digitales como en los medios tradicionales.
– En general, el respeto al derecho de los venezolanos a la libertad de expresión, acceso a la información y acceso a Internet libre.
