- Rectores universitarios aseguran que este instructivo afecta entre el 45 % y 70 % del salario de sus trabajadores
Luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del régimen de Nicolás Maduro impusiera una multa a varias universidades y a sus rectores por haber introducido la demanda de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), los docentes aseguraron que acudirán a organismos internacionales para denunciar este hecho.
Las casas de estudio afectadas son: Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad de los Andes (ULA), Universidad de Carabobo (UC), Universidad de Oriente (UDO), Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) y la Universidad Nacional Experimental Politécnica (Unexpo).
Raúl López Sayago, rector de la UPEL, afirmó que los profesores están a la espera de recibir la sentencia formalmente para que sea revisada por los consultores jurídicos y así dirigirse a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Nos tocaría acudir ahora ante estas instancias porque se está violando un derecho humano, estamos hablando del salario de los trabajadores. Al no aplicar las convenciones colectivas, el sueldo se ve afectado entre un 45 % y 70 %”, aseguró López Sayago en una entrevista para el Circuito Éxitos.
“Nos costó mucho convencer a los trabajadores de volver a sus actividades”
El rector universitario confesó que la decisión del TSJ complica que los trabajadores del sector se sientan motivados a acudir a sus puestos de trabajo.
Agregó que si se trata de que en el país no hay dinero suficiente para pagar a los maestros, que las autoridades del régimen sean honestos y declaren una emergencia económica, pero que mientras no sea así, deben cancelarle a los profesores lo debido de acuerdo con lo establecido en las convenciones colectivas.
“No estamos actuando de forma ilegal”
El académico recordó que las convenciones colectivas son acuerdos entre el Ejecutivo nacional y los docentes del país y por ello están en todo su derecho de reclamar lo que les corresponde.
Desde hace meses, trabajadores y jubilados de universidades, a los que luego se unieron los del sector salud, de las empresas estatales y de la administración pública, han salido a las calles a manifestar su rechazo al instructivo Onapre.
Tras las protestas consecutivas, Nicolás Maduro destituyó a Marco Polo Cosenza de la dirección de la Onapre y nombró en su lugar a Jennifer Quintero de Barrios, sin revelar los motivos de la destitución.
