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- La norma contempla varios años de cárcel e incluso la pena de muerte, medida que fue cuestionada por las Naciones Unidas y la Unión Europea. Foto principal: EFE
Yoweri Museveni, presidente de Uganda, aprobó una ley contra la homosexualidad este lunes 29 de mayo, lo que causó el rechazo del parlamento en el país africano.
La normativa asevera que el castigo incluiría años de prisión y hasta la pena de muerte, informó Anita Annete Among, presidenta del parlamento ugandés a través de su cuenta de Twitter, alegando que el mandatario “ha dado su consentimiento a la Ley anti-homosexualidad”.
“Como Parlamento de Uganda, hemos respondido al clamor de nuestro pueblo. Hemos legislado para proteger la santidad de la familia según el Artículo 31 de la Constitución de Uganda. Nos hemos mantenido firmes para defender nuestra cultura y las aspiraciones de nuestro pueblo”, subrayó la presidenta del Legislativo ugandés.
Pese al rechazo de organismos como las Naciones Unidas y la Unión Europea, la presidenta de la Comisión de Asuntos Legales y Parlamentarios, Robina Rwakoojo, justificó la propuesta alegando que la intención del proyecto es “criminalizar los actos sexuales cometidos por personas del mismo sexo y no castigar a un individuo con base en su sexualidad percibida o apariencia física”.
¿Qué contempla la reciente medida?
El proyecto de ley incluye pena de muerte por “homosexualidad agravada”, la cual contempla delitos como relaciones sexuales con menores de edad, mantener relaciones seropositivos y el incesto.
Penaliza la educación sexual sobre la comunidad gay.
Exige “terapia de rehabilitación”, una llamada también terapia de conversión que ha sido ampliamente rechazada por movimientos que denuncian vulneraciones de los derechos humanos.
Las personas que promuevan o apoyen la homosexualidad, podrían enfrentar hasta 20 años de cárcel.
La nueva medida legislativa no es sorpresa en la nación africana
En 2014, Museveni había aprobado una ley que condenaba la homosexualidad con cadena perpetua. Sin embargo, la propuesta fue anulada por el Tribunal Constitucional por falta de quórum durante el proceso de votación para aquel entonces.
La misma propuesta requería que ciudadanos ugandeses dieran cualquier información que le sirviera a la policía para arrestar a quienes vieran cometiendo cualquier actividad homosexual sospechosa o de lo contrario, podían enfrentar hasta seis meses de cárcel.
No obstante, la norma actual establece que la medida de informar a las autoridades se aplica solo a presuntos delitos sexuales contra menores de edad, enfrentando condenas de hasta cinco años de prisión, sin embargo, la reciente propuesta contempla que cualquier persona que promueva la homosexualidad puede ser condenada hasta a 20 años de cárcel.
Activistas y representantes de derechos humanos temen por las duras medidas
“Es abominable que el parlamento haya retenido el proyecto de ley contra la homosexualidad que fue aprobado por el Parlamento de Uganda en marzo. Esta ley despectiva viola descaradamente los derechos humanos de las personas LGBTI en Uganda”, denunció Amnistía Internacional (AI).
Por otro lado, Nicolás Opiyo, abogado de derechos humanos, declaró a la cadena de noticias CNN que la nueva legislación no es sorpresa para quienes vienen siguiendo los casos de violaciones de derechos humanos en Uganda.
“Sigue siendo profundamente preocupante que el país discrimine con saña a sus minorías sexuales. Las líneas de batalla están trazadas y la próxima etapa de la impugnación será en un tribunal de justicia”, concluyó el experto legal.
La homosexualidad no solo es castigada en Uganda
Pese a la lucha de movimientos y activistas que promueven la igualdad, Uganda no es la única nación que se ve envuelta en polémicas por perseguir a homosexuales.
Irán es otro de los países fuertemente criticados por organismos internacionales cuando se trata de condenar a la comunidad LGBTIQ+. Uno de los casos más recientes fue el de la muerte de una pareja de mujeres de 32 y 29 años de edad, quienes fueron ejecutadas el 30 de enero en la ciudad de Maragheh, al norte de ese país, según denunciaron activistas iraníes.
