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- La organización internacional consideró que estas acciones del régimen de Nicolás Maduro funcionan como una advertencia para quienes participen en actividades contraría a ellos
La organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció que en Venezuela las autoridades del régimen “abusan de forma crónica” de las leyes antiterroristas para condenar a sindicalistas. La organización puso como ejemplo la reciente sentencia contra seis líderes sindicales dictada el 1° de agosto.
“Es evidente que estamos asistiendo a un abuso crónico de las medidas antiterroristas contra quienes defienden los derechos de los trabajadores, buscan mejorar las condiciones laborales, y participan en organizaciones sindicales en Venezuela”, reza un comunicado difundido el 11 de agosto la relatora de la ONU para la protección de derechos humanos en la lucha contra el terrorismo (Fionnuala Ní Aoláin) y su homólogo para la defensa de la libertad de reunión (Clément Nyaletsossi).
Los representantes de la organización resaltaron que estos procesos están marcado por irregularidades y “excepcionalidades” como abuso de medidas antiterroristas, contrario al derecho internacional.
“El uso indebido de las leyes antiterroristas es un intento de sofocar y asfixiar a la sociedad civil organizada”, afirmaron los relatores, quienes también criticaron las largas penas de prisión dictadas en las sentencias del pasado 1° de agosto y afirmaron que esto sirve como advertencia para otras personas que deseen participar en actividades contrarias a las opiniones del régimen de Nicolás Maduro.
¿Qué ocurrió?
El 1° de agosto la organización no gubernamental (ONG) Coalición por los Derechos Humanos denunció que el Tribunal Segundo de Terrorismo había condenado a 16 años de cárcel a los seris dirigentes sindicales, acusados de asociación para delinquir y conspiración.
Los detenidos son Reynaldo Cortés, Alonzo Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillos, Gabriel Blanco y Emilio Negrín, quienes habían participado en las protestas realizadas en 2022 en contra del instructivo Onapre (Oficina Nacional de Presupuesto).
De acuerdo con la ONG, el Tribunal emitió la sentencia sin contar con suficientes pruebas. Las únicas evidencias que la Fiscalía presentó fueron unas capturas de pantalla y de Twitter.
“Una vez más comprobamos que en este gobierno se criminaliza la protesta. Mi esposo y los cinco luchadores sociales han sido injustamente condenados por una juez que solamente se vende a lo que el gobierno le dice. Ha recibido órdenes y las ha cumplido”, declaró Yorbelis Oropeza, esposa de Alcides Bracho, en un video compartido por el partido Bandera Roja el 1° de agosto.
Un año injustamente detenidos
Los seis dirigentes estaban detenidos desde julio de 2022, por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) tras participar en las protestas de los empleados del sector público de ese mismo año.
Alcides Bracho estuvo detenido en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), ubicada en Boleíta, y el resto de trabajadores en un centro de detención del mismo organismo policial ubicado en La Yaguara, según precisó el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) en una nota de prensa.
En septiembre de 2022, Provea denunció que funcionarios del Sebin se presentaron en su sede para amedrentar a los familiares de los seis luchadores sociales detenidos. El hecho ocurrió mientras los allegados ofrecían una rueda de prensa para exigir la libertad de los líderes sindicalistas.
Con información de EFE
