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- Los manifestantes exigen respuestas por parte de Alfredo Ruíz, defensor del Pueblo del régimen de Nicolás Maduro ante despidos injustificados
Trabajadores de la Ferrominera del Orinoco, una empresa estatal venezolana que se dedica a la extracción y comercialización del mineral de hierro y sus derivados, se encadenaron la mañana del miércoles 4 de octubre en la sede de los servicios centrales de la Defensoría del Pueblo. Los mismos están ubicados en el Centro Financiero Latino de la avenida Universidad.
A partir de este acto simbólico, los manifestantes exigen a Alfredo Ruíz, defensor del Pueblo del régimen de Nicolás Maduro, que interceda para impedir los despidos injustificados al personal de la compañía y que apoye la exigencia de su reincorporación laboral.
Los empleados han denunciado que se han despedido a cientos de trabajadores en los últimos años. Estas decisiones, que se han llevado a cabo de forma arbitraria e injustificada, según denuncian los trabajadores y los sindicatos, han afectado a trabajadores de todos los niveles.
La Intersectorial de Trabajadores de Guayana (ITG), un colectivo de sindicatos que representa a los trabajadores de FMO, explicó que los despidos se han producido como consecuencia de una política de persecución sindical por parte de la empresa. La ITG denunció que los trabajadores despedidos son, en su mayoría, dirigentes sindicales o afiliados a los sindicatos.
AHORA | Trabajadores de la Ferrominera del Orinoco se encadenan en la sede principal de la Defensoría del Pueblo, Caracas. #4Oct
— PROVEA (@_Provea) October 4, 2023
Exigiendo al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, que interceda ante los despidos masivos y la exigencia de reincorporación laboral.
Rodney Álvarez es… pic.twitter.com/HWR23smjZI
Caso Rodney Álvarez
En la protesta simbólica participó el ferrominero, quien es uno de los trabajadores que tras 11 años de detención no ha sido reincorporado a su puesto de trabajo en la empresa.
Despidos masivos datan desde 2019
En septiembre de 2019, un grupo de 10 ferromineros fueron despedidos a través de notificaciones de prensa. La ITG denunció que las acciones se realizaron con el objetivo de desarticular al sindicato y de reprimir la lucha de los trabajadores por sus derechos laborales.
La Ferrominera del Orinoco, por su parte, negó que los despidos fueran una medida de persecución sindical. En un comunicado, la empresa aseguró que los despidos se habían producido por razones de “racionalización” y “optimización”.
El despido de los 10 trabajadores se convirtió en un episodio importante en la lista de conflictos laborales que mantiene la empresa.
El año 2018 estuvo marcado por una ola de protestas por parte de las agrupaciones sindicales debido a la eliminación de los beneficios contractuales de los trabajadores de las empresas básicas.
Como respuesta a las quejas y reclamos laborales, el Estado encarceló a sindicalistas de las empresas básicas con el fin de disminuir las quejas de los obreros.
