• La mayoría de los homicidios fueron perpetrados por grupos armados irregulares. Foto: SOS Orinoco


Un total de 44 personas han sido asesinadas desde 2019 en Venezuela, en hechos relacionados con la minería ilegal en los estados Amazonas y Bolívar, según un boletín de la organización no gubernamental Fundaredes difundido este miércoles 1° de noviembre.

Desde el año 2019 hasta lo que va de 2023, Fundaredes ha registrado en sus archivos, a través de denuncias recibidas y de su trabajo de monitoreo, un total de 44 personas asesinadas en el contexto de la minería ilegal que se desarrolla en los estados Amazonas y Bolívar”, dice el escrito.
Denunciaron la presencia de mineros ilegales de Brasil en el río Orinoco
Foto: SOS Orinoco

Los homicidios, prosigue la ONG, fueron perpetrados por grupos armados irregulares, algunos de origen colombiano, “así como por miembros” de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela.

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Fundaredes aseguró que el llamado Arco Minero del Orinoco (AMO), una zona de 111.843,70 kilómetros cuadrados delimitada por el régimen para la explotación de riquezas, “se ha transformado desde sus inicios en una zona de devastación ambiental de áreas protegidas”.

20 de las víctimas eran indígenas

Subrayó que “los pueblos indígenas han sido los más afectados por esta extracción minera descontrolada”, al punto de que 20 de las 44 víctimas de homicidios contabilizadas en los últimos 58 meses eran miembros de comunidades originarias.

Según la ONG, en estos territorios, fronterizos con Colombia y Brasil, operan integrantes de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC, miembros de la FANB y sindicatos armados.

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Foto: EFE

En el lugar, añade el boletín, se cometen los delitos de contrabando, trabajos forzados, narcotráfico, desapariciones forzadas, secuestro, extorsión, trata de personas, prostitución de mujeres y niñas, y extracción ilegal de minerales.

Persiste la minería ilegal

En septiembre de 2023 la organización no gubernamental SOS Orinoco denunció la persistencia de la minería ilegal en la región amazónica de Venezuela, pese a los numerosos operativos militares de los últimos meses, según los cuales más de 11.300 personas fueron expulsadas de esta zona por dedicarse a la extracción ilícita de minerales.

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La ONG aseguró en un boletín que en el Parque Nacional Yapacana, ubicado en el estado Amazonas (sur, fronterizo con Colombia y Brasil), aún quedan “áreas significativamente grandes en las que permanecen intactas” un número indeterminado de minas.

Añadió que la acción de desalojar a mineros ilegales es insuficiente y que se deben establecer responsabilidades para todos los que han permitido esta acción.

Se deben establecer responsabilidades administrativas y penales para todos los cómplices que permitieron esta situación por años, incluyendo la de autoridades civiles y militares que facilitaron este ecocidio y se enriquecieron a través de asociaciones con grupos armados”, concluyó el escrito.

En los últimos cuatro años, el régimen de Nicolás Maduro ha ordenado, al menos, cuatro operaciones militares de larga duración en esta zona, consideradas “incursiones violentas” por la ONG, la última de las cuales terminó el mes pasado con la expulsión de cerca de 12.000 mineros ilegales.

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Con información de EFE

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