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- La mayoría de los homicidios fueron perpetrados por grupos armados irregulares. Foto: SOS Orinoco
Un total de 44 personas han sido asesinadas desde 2019 en Venezuela, en hechos relacionados con la minería ilegal en los estados Amazonas y Bolívar, según un boletín de la organización no gubernamental Fundaredes difundido este miércoles 1° de noviembre.
Los homicidios, prosigue la ONG, fueron perpetrados por grupos armados irregulares, algunos de origen colombiano, “así como por miembros” de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela.
Fundaredes aseguró que el llamado Arco Minero del Orinoco (AMO), una zona de 111.843,70 kilómetros cuadrados delimitada por el régimen para la explotación de riquezas, “se ha transformado desde sus inicios en una zona de devastación ambiental de áreas protegidas”.
20 de las víctimas eran indígenas
Subrayó que “los pueblos indígenas han sido los más afectados por esta extracción minera descontrolada”, al punto de que 20 de las 44 víctimas de homicidios contabilizadas en los últimos 58 meses eran miembros de comunidades originarias.
Según la ONG, en estos territorios, fronterizos con Colombia y Brasil, operan integrantes de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC, miembros de la FANB y sindicatos armados.
En el lugar, añade el boletín, se cometen los delitos de contrabando, trabajos forzados, narcotráfico, desapariciones forzadas, secuestro, extorsión, trata de personas, prostitución de mujeres y niñas, y extracción ilegal de minerales.
Persiste la minería ilegal
En septiembre de 2023 la organización no gubernamental SOS Orinoco denunció la persistencia de la minería ilegal en la región amazónica de Venezuela, pese a los numerosos operativos militares de los últimos meses, según los cuales más de 11.300 personas fueron expulsadas de esta zona por dedicarse a la extracción ilícita de minerales.
La ONG aseguró en un boletín que en el Parque Nacional Yapacana, ubicado en el estado Amazonas (sur, fronterizo con Colombia y Brasil), aún quedan “áreas significativamente grandes en las que permanecen intactas” un número indeterminado de minas.
Añadió que la acción de desalojar a mineros ilegales es insuficiente y que se deben establecer responsabilidades para todos los que han permitido esta acción.
En los últimos cuatro años, el régimen de Nicolás Maduro ha ordenado, al menos, cuatro operaciones militares de larga duración en esta zona, consideradas “incursiones violentas” por la ONG, la última de las cuales terminó el mes pasado con la expulsión de cerca de 12.000 mineros ilegales.
Con información de EFE
