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- La oposición boliviana considera que se trata de una persecución política por parte del MAS (Movimiento al Socialismo), de Evo Morales. De acuerdo con la exmandataria interina, al partido de gobierno “ha decidido volver a los estilos de la dictadura”
Acusada de “sedición y terrorismo” por los sucesos que, en noviembre de 2019, terminaron con la salida anticipada de Evo Morales del poder, la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez fue trasladada este sábado bajo un fuerte dispositivo de seguridad a la sede de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en La Paz. La justicia boliviana ordenó el viernes 12 de marzo su detención. A sus dos exministros ya los habían detenido.
A Áñez la detuvieron en Trinidad, capital del departamento amazónico del Beni. Ocurrió en un operativo encabezado por el comandante general de la Policía boliviana, Jhonny Aguilera, y la trasladaron a la capital en un avión Hércules de la Fuerza Aérea boliviana.
“La persecución política ha comenzado. El MAS (Movimiento al Socialismo, en el gobierno) ha decidido volver a los estilos de la dictadura. Una pena porque Bolivia no necesita dictadores, necesita libertad y soluciones”, escribió la expresidenta en su cuenta en Twitter, luego de que se conociera su orden de detención.
El hecho se produce tan solo cuatro meses después de que Luis Arce, partido de Morales, asumiera la presidencia boliviana.
¿Quiénes son los civiles detenidos?
Las órdenes de detención alcanzan a los exministros durante el período de interinato de Áñez. Rodrigo Guzmán, exministro de Energías de Áñez, fue arrestado pese a que hasta ahora no estaba en la lista de acusados. Su familia denunció un “secuestro estatal”. También fue detenido el exministro de Justicia, Álvaro Coímbra. Los exministros interinos ya fueron arrestados en la ciudad de Trinidad y se espera que en las próximas horas sean trasladados a la capital, La Paz.
También incluye al exministro de gobierno Arturo Murillo; el de Presidencia, Yerko Núñez, y el de Defensa, Fernando López.
De acuerdo con la demanda original, el juicio debería incluir también al líder de las protestas contra Morales y gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y a su padre, un conocido empresario, a los que se acusa de haber pagado a varios policías para que se sumaran al motín.
¿A qué militares y policías buscan?
Las órdenes de aprehensión alcanzaron a la cúpula de las Fuerzas Armadas. El proceso de detenciones se agilizó luego de que un fiscal acusara a todos los jefes del Ejército y policiales que pidieron públicamente la renuncia de Morales. No obstante, las autoridades creen que buena parte de ellos se encuentran fuera del país.
Uno de los acusados es Williams Kaliman, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, quien “sugirió” a Morales “que renuncie a su mandato, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”. El militar argumentó en ese momento que la decisión se debía a la “escalada del conflicto” que atravesaba el país debido a las masivas protestas en contra del líder socialista debido al supuesto fraude electoral que había cometido en las elecciones presidenciales de 2019. Kaliman es ahora buscado por presuntos actos de “terrorismo, sedición y conspiración”.
También se busca al general Sergio Orellana. Sucesor de Kaliman, ocupó el comando de las Fuerzas Armadas cuando Añez asumió la presidencia. A él se le acusa, además, de ser uno de los responsables de la muerte de 30 personas en unas protestas contra la mandataria interina que fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad. Según las investigaciones de la Policía, el excomandante abandonó el país a finales del año pasado y ahora vive en Colombia. Por este mismo caso ya hay dos agentes bajo arresto domiciliario.
El excomandante de la Policía Yuri Calderón también tiene orden de detención. Así lo confirmó a EFE el abogado denunciante Jorge Víctor Nina. La Policía allanó dos de sus domicilios para dar con su paradero, sin tener éxito. En caso de haber salido del país, no lo habría hecho legalmente, según los registros.
“Hay una orden de aprehensión” y la Policía “es la encargada de ejecutar”, aseveró el jurista. De acuerdo con la agencia de noticia, Nina representa a la exlegisladora del MAS, Lidia Patty, quien presentó la denuncia por “golpe de Estado” en noviembre de 2020 por las acusaciones de terrorismo y sedición.
Nina también aseveró a EFE que el excomandante Kaliman “ha sido parte principal” en la consolidación de esos delitos, ya que el día en que Morales dejó la presidencia el militar pidió “la renuncia de un Gobierno democráticamente electo”.
¿Qué dice la oposición?
Varios sectores de la oposición boliviana se unieron al mensaje de Áñez de tachar las órdenes de detención como una persecución del MAS. “Estamos en un proceso de persecución política peor que en las dictaduras. Se ejecuta contra quienes defendieron la democracia y la libertad en 2019. El poder judicial y la fiscalía masistas son el martillo ejecutor”, escribió el expresidente y último candidato presidencial opositor Carlos Mesa en sus redes sociales. “Los autores del fraude, se amnistían y pretenden ser víctimas”, añadió.
La Alianza Comunidad Ciudadana (CC), el partido de Mesa, denunció en un comunicado que en Bolivia “ha comenzado un proceso brutal y arbitrario de persecución política, basado en la insólita invención de un caso. Un inexistente golpe de Estado supuestamente consumado en 2019”, según reportó EFE.
El expresidente Jorge Quiroga envió un mensaje en el mismo tono que Mesa. Afirmó que en “Bolivia Evo manda y sus fiscales cumplen. Él violó la Constitución, desconoció el 21F (referendo sobre la reelección en el que ganó el no), hizo fraude y escapó. Ahora otorga impunidad a sus cómplices y desata cacería revanchista ‘de canto”’.
Camacho, uno de los acusados, también se posicionó frente a los hechos. Pidió al presidente Arce que “deje de hacerse de la vista gorda y cese el amedrentamiento y la persecución e inicie el trabajo conjunto por la salud, el empleo y la economía de Bolivia”.
“De mi parte estaré en Santa Cruz, no pienso irme a ningún lado y seguiré firme para trabajar por la gestión que Santa Cruz y Bolivia necesitan” y añadió que enfrentará “el amedrentamiento, el abuso y la persecución”, agregó.
¿Cuáles son los antecedentes?
Evo Morales participó en las elecciones presidenciales de octubre de 2019 con el objetivo de lograr un cuarto mandato presidencial consecutivo. Esto a pesar de que en 2016 los bolivianos le negaron esta posibilidad a través de un referéndum, con la ayuda de la misma justicia que hoy ordena detener a los miembros del gobierno interino de Áñez.
Después de la votación, en la que Morales se proclamó ganador por un margen corto que no permitía una segunda vuelta electoral contra Mesa, la oposición denunció un fraude electoral que, a su vez, generó unas protestas que se extendieron durante semanas. La policía optó por amotinarse y el alto mando de las fuerzas armadas sugirió a Morales dar un paso al costado. La Central Obrera Boliviana, que aglutina a los sindicatos urbanos del país, también pidió la dimisión de Morales.
El entonces presidente renunció a su cargo el 10 de noviembre. Sucedió luego de que se conociera un informe preliminar en el que la OEA decía que los resultados de la elección no eran fiables. La entonces senadora Jeanine Áñez asumió la presidencia de forma interina, hecho que fue catalogado como un “golpe de Estado” por los aliados nacionales e internacionales del MAS.
Morales estuvo asilado en México y Argentina, pero volvió a finales de 2020 luego de la victoria de su delfín Luis Arce.
