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- Los montos de las cuotas de las instituciones son objeto de escrutinio de la Sundde pese a que existe un marco legal que establece que el único organismo facultado para ejercer esa función es el Ministerio de Educación
Trabajo titánico pueden ser las palabras para describir la labor que realizan los colegios privados que se ven asediados no solamente por la crisis que afronta el país, sino también por las políticas que desde el Estado son impulsadas para dificultar aún más su función como formadores.
Mantener las puertas abiertas de una institución privada, de acuerdo con José Hernández*, quien se desempeña como administrador de un colegio privado de Caracas, es cada día una labor más complicada, pues la hiperinflación que sufre el país impide presupuestar los gastos que como institución deberán afrontar durante el transcurso de un año académico.
La compra de insumos esenciales como papelería representa un dolor de cabeza para los colegios debido al aumento constante del precio del dólar ─divisa utilizada por los proveedores como referencia─.
“Tenemos que hacer magia para intentar presupuestar durante un año escolar los precios del Colegio. Gastos tan simples como los de resmas de papel y tóner no los podemos calcular porque hemos llegado al punto en que cuando les solicitamos los costos a nuestros proveedores nos responden que solamente nos pueden garantizar la vigencia de los precios por 24 horas”, explica para El Diario de Caracas.
Las cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela (BCV) confirman el problema hiperinflacionario que refiere Hernández, pues solo durante el año 2018 alcanzó 130.060%, la más alta en la historia de Venezuela.
Otro aspecto que incide negativamente en la prestación del servicio de los colegios privados del país es la normativa legal impuesta desde el Estado. Un ejemplo de ello es la Resolución No 0027 emanada de la vicepresidencia de la República con fecha del 3 de octubre del año 2018, que obliga a las instituciones a destinar 70 de cada 100 bolívares que reciban al pago de los salarios del personal docente, administrativo y obrero; mientras que los restantes 30 bolívares deberán utilizarse para cancelar aquellos gastos que no estén relacionados con el pago de nómina.
Hernández afirma que un factor que tiene impacto directo en la operatividad de los colegios es la morosidad de los representantes en el pago de las mensualidades. Señala que los niveles de falta de solvencia nunca se sitúan en menos de 35 o 40% del total de estudiantes, hecho que impacta en la calidad de la prestación de un servicio.
“Ya finalizó el año escolar 2018–2019 y todavía tenemos representantes que no han terminado de cancelar las mensualidades. Así de mala es la situación”, indica el administrador. Advierte que estos casos de morosidad generan una nueva problemática, pues debido al ordenamiento legal las instituciones privadas no cuentan con los mecanismos de presión que les permitan obligar a los representantes a cancelar los montos adeudados.
La única medida de presión con la que actualmente cuentan los colegios es llamar reiteradamente a los representantes hasta que decidan pagar. Y, en última instancia, la institución debe acudir al Distrito Escolar y notificar la problemática para que el organismo envíe una citación a los representantes del menor. En caso de que estos no puedan continuar asumiendo los gastos de una educación privada se proceda a su reubicación en una institución pública.
Controles que asfixian
Como parte de las disposiciones de la Resolución No 0027 todos los colegios privados del país deben consignar ante la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) una estructura de costos que justifique el aumento de la matrícula escolar, en caso contrario pueden ser objeto de inspecciones y posteriormente de sanciones.
Un ejemplo reciente de la metodología aplicada por la Sundde fue en el mes de julio cuando obligaron a 189 colegios privados de todo el país a congelar el monto de sus matrículas hasta que se realizara una investigación que determinase si dichos montos cumplían lo establecido en Ley Orgánica de Precios Justos.
Hernández explica que en las actuales condiciones la consignación ante la Sundde de una estructura de costos que detalle los gastos que un colegio debe cubrir durante el transcurso de un año escolar es imposible, tal como se le ha notificado al organismo en reiteradas oportunidades.
“Hemos preguntado a la Sundde cómo hacer una estimación de costos durante un año escolar cuando una resma de papel hoy te cuesta 100.000 bolívares y al mes siguiente su precio es dos o tres veces superior y la única respuesta que recibimos de ellos es que tenemos que hacerlo”, indica el administrador, quien comenta sarcásticamente que se han tenido que convertir en unos magos equilibristas para poder ajustarse en lo posible a los requerimientos del organismo.
Detalla que uno de los mayores riesgos que corren al realizar la estructura de costos es que esta, debido a la inflación, sea deficitaria. Si esto ocurre, quienes resultan afectados son los estudiantes con instalaciones deterioradas, baños fuera de funcionamiento, áreas sin iluminación por falta de bombillos, entre otros.
La supervisión a la que son sometidos los colegios privados por parte de la Sundde carece de sustento legal asegura Fausto Romeo, presidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados (Andiep), pues la Ley de Precios Justos por la cual se rige el organismo en su artículo 2 establece que la misma aplicará a negocios, empresas, organizaciones e industrias, con excepción de aquellas que se rijan por su propia ley tal como es el caso de los institutos de educación privada.
Añade que durante los últimos años al menos 400 colegios privados se vieron en la necesidad de cerrar sus puertas debido a la situación económica del país.
Hernández señala que en el colegio donde trabaja se ha discutido la posibilidad de cerrar, sin embargo, no se ha tomado la decisión debido a que persisten en la búsqueda de hacer frente a las dificultades y brindar una educación de calidad a sus estudiantes.
“En los últimos años, reiteradamente y cada vez con mayor inquietud, nos preguntamos: ¿podremos aguantar con las puertas del colegio abiertas un año más?”, cuestionó.
*José Hernández es un pseudónimo ficticio debido a que la persona solicitó mantener su nombre anónimo.
