- Las población penitenciaria femenina sufre los embates de la crisis en el país bajo el desamparo de las autoridades. Venezuela no cuenta con la infraestructura carcelaria adecuada para mujeres y además presenta un índice de hacinamiento y falta de políticas públicas destinadas a garantizar sus derechos- Foto principal: Ana María Arévalo Gosen
La violación de derechos humanos en Venezuela tiene varias aristas. Una de ella es la del sistema penitenciario del país donde no se garantizan los derechos. El hacinamiento, falta de alimento y poco acceso a los servicios de salud, representan algunos de los problemas que afectan a la población penitenciaria, especialmente a las mujeres que permanecen detenidas.
Los últimos datos de la Comisión Interamericana de Mujeres señala que la población carcelaria de mujeres en el mundo para el año 2014 era de 10%. En Venezuela el número de reclusas es de 2.526 hasta el año 2019 lo que representa 6% de la población carcelaria.
Beatriz Vento, coordinadora de OVP en el estado Lara, destacó la necesidad de impulsar políticas públicas con perspectiva de género. Esto porque las necesidades de las mujeres son diferentes a las de los hombres y el sistema carcelario en Venezuela está contemplado en su mayoría para una población masculina.
Para la coordinadora de OVP, las mujeres que ingresan a prisión son más vulnerables que los hombres. Esto porque en muchos casos existe un núcleo familiar que depende de ellas.
Poca capacidad en centros de reclusión
Venezuela cuenta con una única cárcel diseñada estructuralmente para mujeres, el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) en Los Teques, estado Miranda. El resto son espacios o anexos acondicionados para la población penitenciaria de mujeres.
En estos centros de reclusión también se observa un índice de hacinamiento que representa un nivel de riesgo moderado según los estándares internacionales, explica Vento. Señala que el OVP registró que 48% del hacinamiento de la población carcelaria de Venezuela se distribuye en tres espacios de reclusión.
El Instituto Nacional de Orientación Femenina alberga 670 reclusas y tiene una capacidad instalada de 350. El anexo femenino María del Carmen Ramírez ubicado en el estado Táchira, tiene una población de 289 mujeres presas y tiene una capacidad de 100 personas. También se encuentra el anexo femenino del Internado Judicial de Carabobo (Tocuyito) el cual presenta una población de 234 presas con una capacidad de 100. La sobrepoblación en estos tres espacios es del 100 %, explica Vento.
Perspectiva de género
En las cárceles venezolanas, al igual que en el resto del mundo existen normativas internacionales que rigen el correcto manejo de políticas destinadas a la población carcelaria.
El 21 de diciembre del año 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) sancionó 70 reglas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres que delinquen,conocidas como Reglas de Bangkok. Esta normativa parte de la premisa de que hombres y mujeres no deben recibir un trato igualitario en las cárceles puesto que presentan necesidades diferentes.
Vento explicó que estas reglas no son aplicadas correctamente en Venezuela, debido a que el Estado no atiende las necesidades de las mujeres privadas de libertad.
Además de las pocas infraestructuras acondicionadas para mujeres, existen otros problemas como la falta de atención de salud, poco acceso a artículos de higiene personal e inseguridad alimentaria. Durante el foro de OVP, María Corina Muskus, consultora de género y de derechos humanos, explicó que estas carencias se pueden convertir en un factor de manipulación para las mujeres y tambien las puede hacer víctimas de violencia sexual.
“Productos básicos como una toalla sanitaria se pueden convertir en un instrumento de manipulación, pueden llegar hasta pagar con sexo por ello o por algún beneficio”, dijo Muskus.
En su intervención, la directora del Observatorio de Prisiones, Carolina Girón, señaló que los hijos de las mujeres privadas de libertad pasan a vivir con sus madres dentro de los centros penitenciarios. Un hecho que implica un riesgo dada las carentes condiciones en las infraestructuras para albergar niños, el hacinamiento y la exposición de los mismos al consumo de estupefacientes dentro de las cárceles.
La coordinadora coincide en que las 17 infraestructuras adaptadas para la reclusión femenina en el país no están adaptadas a atender las necesidades específicas de género, lo que produce mayor discriminacion, precisa. Señala que estas mujeres sufren de discriminación antes de ingresar a prisión, debido a problemas socioeconómicos, falta de capacitación laboral, maltrato físico y psicológico, entre muchos otros factores. Continúan padeciendo esta discriminación tras las rejas.
Destaca que uno de los aspectos que podría influir positivamente en la reinserción de las mujeres privadas de libertad en la sociedad es mantener contacto con sus familiares. Sin embargo, Vento explica que estas mujeres son estigmatizadas y en muchos casos abandonadas por sus parientes cercanos.
Retardo procesal y opacidad de cifras
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) registró que el número de mujeres que se encuentran procesadas es mucho mayor al que posee una pena establecida.
Para el año 2019, había una población carcelaria femenina de 2.526 reclusas. De esa cifra 1.409 mujeres se encontraban en estado de procesadas judiciales, mientras que 1.117 cumplían una pena, lo que refleja un retardo procesal por parte de los tribunales venezolanos.
“La opacidad en cifras e información por parte del Estado ha hecho más difícil que la información sea visibilizada y, en el caso de las mujeres, son más fáciles de coaccionar y amedrentar, pues son castigadas si denuncian o protestan”, explicó Carolina Girón, directora de OVP.
Carolina Jiménez, directora de investigación de Amnistía Internacional para las Américas, destacó la falta de cifras del régimen de Nicolás Maduro. “Es difícil hablar de datos en un país donde la política de opacidad es la implementada por el gobierno en políticas de comunicación. Las cifras son importantes para entender la realidad de un país, pero la sociedad civil es quien ha llenado esos vacíos porque el gobierno no aporta datos”, explicó.
Resaltó ademas que la violación de derechos humanos se ha extendido en Venezuela y se convirtió en una política de Estado que puede ser calificada como un crímen de lesa humanidad. Destacó que esta situación no puede estudiarse sin la perspectiva de género puesto que se ha invisibilizado el impacto de la crisis humanitaria sobre las mujeres, la misma que también afecta a las cárceles venezolanas.
Las cárceles venezolanas son un reflejo de la crisis socioeconómica del país, mientras que la situación de las mujeres privadas de libertad plasman la realidad de un sistema penitenciario sin políticas que garanticen la protección de las mujeres y el respeto a la dignidad. La violación de derechos humanos en el país tiene muchas facetas que debe estudiarse desde todas las perspectivas, incluso la del género.
